Corrupción en la Casa Real española
El yerno del rey dijo no saber que tenía empresas para desviar dinero
Le dijo al juez que desconocía los hechos investigados por la justicia española. Está sospechado de haber desviado dinero público en su provecho personal.
De la Redacción de El Litoral
EFE
Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos, dijo hoy al juez que desconoce la existencia de una trama de empresas urdida supuestamente por él y por su exsocio Diego Torres para desviar dinero público obtenido por el Instituto Nóos, tal y como sospecha la Fiscalía Anticorrupción.
En su segundo día de declaración ante José Castro, el juez del caso Palma Arena, el duque de Palma, esposo de la infanta Cristina, la hija menor de los reyes Juan Carlos y Sofía, respondió a preguntas sobre esta supuesta trama, de la que informaron fuentes conocedoras de la declaración.
La trama estaría formada por la inmobiliaria Aizoon (propiedad de Urdangarin y la infanta Cristina), Nóos Consultoría, el bufete Tejeiro, Virtual Estrategies, Intuit, Shiriaimasu y De Goes Center for Stakeholder Management, vinculadas a Torres -también imputado en esta causa- y familiares suyos.
Según informaron a Efe varias fuentes conocedoras de la declaración, Urdangarin señaló desconocer la gestión administrativa y la facturación de estas empresas, en un interrogatorio en el que habla principalmente el juez y el duque responde escuetamente con su desconocimiento de los hechos investigados.
El caso Palma Arena investiga un supuesto uso irregular de fondos públicos por el Instituto Nóos.
Una entidad sin ánimo de lucro presidida por Urdangarin que, según la Fiscalía Anticorrupción, recibió casi seis millones de euros (cerca de ocho millones de dólares) entre 2004 y 2007 de varias administraciones públicas, sobre todo de los Gobiernos regionales de Baleares y Valencia.
El duque de Palma está imputado en los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación.
Urdangarin había reivindicado ayer su “inocencia” y la “total transparencia” de su actuación al frente del Instituto Nóos y recalcó ante el juez que no intervenía directamente en la gestión y contabilidad de las sociedades investigadas por presunta corrupción.
También dijo al juez desconocer la existencia de las sociedades que sirvieron supuestamente para desviar dinero de Nóos a paraísos fiscales, una línea de investigación que se ha ampliado con tres nuevas empresas sacadas a colación ayer por el magistrado durante su interrogatorio.
La más barata
La monarquía española es la más barata de todas las de Europa. Esta es una de las conclusiones del informe “El coste presupuestario de las monarquías en Europa”, realizado en 2011 por el profesor belga de Administración y Finanzas Públicas Herman Matthijs, que analiza ocho países monárquicos y las jefaturas del Estado de las dos principales repúblicas del continente.
Además de los órganos que administran las jefaturas de Estado en Alemania y Francia, el informe analiza el gran ducado de Luxemburgo y las casas reales de Noruega, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Suecia, Reino Unido y España, para concluir que, de acuerdo con los correspondientes niveles de PIB y población, la asignación española es la más barata y la luxemburguesa y la noruega las más caras.
Tras España, el país en el que son más baratos los gastos relacionados con la Jefatura del Estado -entre los analizados en este estudio y siempre según el PIB y la población- es el Reino Unido, seguido de Francia, Alemania y Suecia.
Entre las naciones en las que son más caros, a Luxemburgo y Noruega le siguen Dinamarca, Holanda y Bélgica.
Si se comparan simplemente los datos en euros de las dotaciones dedicadas a estas diez Jefaturas del Estado, la asignación más elevada es la de Francia, con 112 millones, seguida a distancia por la del Reino Unido, con 45,6; tras la que se sitúan Holanda (39,1), Alemania (28,7) y Noruega (25,1), mientras que la partida más baja es la de los 8,4 millones destinados a la Casa del Rey de España.
En cuanto a los salarios anuales después de impuestos de los jefes de Estado, los 175.622 euros del rey Juan Carlos constituyen la retribución más baja de un listado que encabeza el rey de Noruega con 1,2 millones, al que siguen la reina de Holanda, con 829.000 euros, y el gran duque de Luxemburgo, con 645.000.
Iñaki Urdangarin yendo a declarar esta mañana de domingo.
Foto: EFE
/// análisis
Weedah Hamzah - DPA
Siria tiene en estos momentos otras preocupaciones más allá de su Constitución: el país se hunde cada vez más en un conflicto con tintes de guerra civil. Según los expertos, la reforma constitucional propuesta por Bashar al Assad no será suficiente para poner fin a la crisis iniciada hace un año.
El borrador para una nueva Carta Magna establece el fin del monopolio del partido Baaz, que ostenta el poder desde hace décadas. Pero sigue prohibiendo la actividad política basada en la religión o en la pertenencia a clanes, aunque subraya que “la jurisprudencia islámica es la fuente de la legislación”. Además, establece que únicamente un musulmán puede llegar a ser presidente.
La oposición ha calificado de “patraña” la reforma y ha anunciado que únicamente aceptará la dimisión de Al Assad, cuya familia gobierna el país desde hace 42 años.
Sin embargo, los analistas e incluso los activistas admiten que la reforma constitucional abre por primera vez el camino al pluralismo político en Siria. Pero a la vez, consolida los poderes del presidente, entre ellos su capacidad para disolver el Parlamento, aprobar leyes y nombrar al gobierno.
“La nueva Constitución protege el poder absoluto del presidente”, explica Mohammed Faur, del Centro de Invesgación de Cercano Oriente Carnegie, en Beirut. “¿Cómo puede tener éxito este referéndum si una parte de la población se ha levantado contra el gobierno?”, se pregunta.
La oposición cree que en realidad sólo se permitirán los partidos que sean leales al régimen de Al Assad. Y apuntan al artículo 3, según el cual los candidatos presidenciales deben haber vivido en Siria al menos diez años y sólo pueden estar casados con ciudadanos sirios.
Este punto excluiría a los opositores al presidente que viven desde hace años en el exilio o que están casados con extranjeros.
Para los analistas, es terrible que Al Assad haya mantenido el referendum mientras muchas ciudades están sitiadas por el Ejército. Los barrios sunitas de Homs son atacados con granadas desde hace 20 días. “Sólo debería haber un referendum después de que el gobierno haya discutido la Constitución propuesta con la oposición y haya puesto fin a la violencia”, apunta el analista libanés Amin Kammourieh.
El conocido político libanés Walid Yumblatt, antes aliado de Siria, ha calificado el referendum de “herejía”. “El borrador constitucional apesta al olor de los cadáveres y las ruinas en Homs y otros lugares de Siria”, escribió en el diario “Al Anbaa”.
Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, desde el inicio de las protestas, hace un año, ya han perdido la vida más de 7.500 personas.
El conflicto toma cada vez más un cariz de guerra civil: los rebeldes sunitas del Ejército Sirio Libre luchan contra las tropas del Ejército de Al Assad, cuyos comandantes pertenecen a las ramas chiítas de los alauitas y nasairíes.
“La nueva Constitución contiene varias contradicciones”, explica el analista libanés Saad Kiwan. “Por un lado prohíbe la formación de partidos políticos basados en la religión. Pero por el otro deja claro que el presidente debe ser musulman y que el derecho islámico es la base de la legislación”, señala.
Según Kiwan, “en lugar de convocar este referéndum, el gobierno debería haber reconocido que ya no es aceptado por parte de la población”.
El referéndum constitucional de Siria no es una salida para Al Assad
