EDITORIAL
La tragedia de la falta de controles
La afirmación del ministro de Planificación Julio De Vido de que “no habrá protección para nadie” a la hora de establecer las responsabilidades y hacer pagar las consecuencias a los responsables de la tragedia ferroviaria de Once, sonó como una advertencia a la empresa concesionaria y a los funcionarios específicamente encargados del área, pero también como un enfático intento de correr al gobierno nacional de la línea de fuego de las imputaciones, y reposicionarlo como tirador. Precisamente, esa es la razón por la que el Estado anunció que actuará como querellante en la causa, cuando un somero análisis de sus elementos lo coloca, a priori, como co-responsable.
La estrategia, por lo demás, vino a reemplazar la fallida intentona de los titulares de la empresa, avalada por las declaraciones del secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, de defender el funcionamiento de la línea y sus equipamientos, y apuntar al remanido tópico del “error humano”. Hoy por hoy, esa postura parece tan insostenible como la permanencia del propio Schiavi en su puesto.
Y es que, más allá de algún exabrupto al calor de la indignación o el aprovechamiento político, en la génesis de este episodio aparecen datos contundentes, en los que es sencillo advertir una cadena de causalidad.
Las deficiencias y riesgos de las condiciones del servicio de TBA, a cargo -entre otros muchos negocios- de la explotación de la línea Sarmiento, fueron objeto de reiterados informes de la Auditoría General de la Nación, por el incumplimiento de requisitos básicos. En esos pronunciamientos, el organismo de control reclamaba multas o directamente que se deje sin efecto la concesión, habida cuenta de la millonaria suma en subsidios que la nutría.
La posibilidad de rescindir el contrato a Cirigliano, un grupo empresarial que comenzó a prosperar en tiempos del menemismo y continuó su expansión en el marco de buenos vínculos con la gestión Kirchner, está en el tardío menú de acciones que propicia ahora el gobierno. Sin embargo, la búsqueda de un chivo expiatorio no subsana la desidia que durante años permitió la explotación de un servicio en condiciones deplorables, ignorando de manera sistemática los informes remitidos a la Secretaría de Transporte y a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. A tal punto que dirigentes de la oposición requirieron al juez intervieniente el allanamiento de ambas reparticiones públicas, para recabar documentación e impedir la eventual destrucción de pruebas.
En este marco, el episodio de la estación de Once no es un hecho aislado, sino el producto de un estilo de gestión, que a su vez encuentra correlato con una verdadera política de soslayar, obstaculizar o eliminar cualquier tipo de controles, demostrada en el progresivo vaciamiento o bloqueo a los organismos encargados de vigiliar o detectar casos de corrupción. Una política a la que, en este caso, no parece demasiado descabellado atribuirle, por acción u omisión, la responsabilidad de medio centenar de muertes.
