Gabriel Ganón

“Hace un año que estamos de rehenes

del Ministerio de Justicia y la Corte”

El defensor general dijo que no se respeta la autonomía establecida por la ley para los nuevos órganos del sistema penal, y que eso produce demoras en la aplicación de la reforma.

Emerio Agretti

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—La Legislatura acaba de aprobar una nueva prórroga para la entrada en vigencia del nuevo sistema procesal penal, y se lo ha calificado como un avance. ¿Usted está de acuerdo?

—Uno podría verlo desde dos puntos de vista. Por un lado, el compromiso fuerte, concreto, de todos los partidos que integran la Legislatura de acompañar al Poder Ejecutivo en este pedido de prórroga, apoyando esta iniciativa y tomando en consideración que el Ministerio de Justicia ha manifestado en reiteradas ocasiones que el dinero para el financiamiento de la puesta en marcha de la reforma se encuentra. Nosotros también hemos tenido entrevistas con el gobernador y nos ha manifestado su total y absoluto compromiso con este proceso. Desde otro punto de vista, para nosotros la continuidad de la prórroga nos parece algo poco positivo, porque desde hace un año que estamos de rehenes del Ministerio de Justicia y de la Corte Suprema.

—¿A qué se refiere?

—Hay acciones del Ministerio de Justicia que han sido causa y consecuencia de estas demoras. Cuando asumimos, le propusimos al entonces ministro Héctor Superti que nos traspasara a nosotros el reglamento para el concurso de defensores y fiscales, y le entregamos un reglamento. Pasó mucho tiempo hasta que el Ejecutivo reglamentó los concursos y los convocó, cuando si lo hubiésemos hecho nosotros se habrían terminado mucho más rápido, y ni siquiera habrían tenido todos los cuestionamientos y el ruido político que se generó (por la participación en ellos de funcionarios del ministerio). Esto por haber mantenido la decisión en la órbita del Ministerio de Justicia, pero también por no haber aceptado la reglamentación que propusimos nosotros. Más allá de la muy buena voluntad de la burocracia del Ministerio de Justicia, tener que manejar también nuestra propia burocracia lentifica mucho los trámites.

—¿Y por qué dice que están de “rehenes”?

—Porque nosotros necesitamos lo antes posible que lo que dice la ley se materialice, que se nos traspase lo antes posible el manejo de los recursos financieros y podamos llevar adelante nuestra gestión administrativa, que se ve obstaculizada. Con respecto a la Corte, hay interpretaciones diversas que han originado que los nombramientos del administrador general de la Fiscalía y de la Defensoría, que son indispensables para que estas instituciones se conviertan en autónomas, se vieran demorados en mucho tiempo, y esperamos se concreten en los próximos días. Lo que nosotros necesitamos para que esto comience a moverse y para dejar de ser rehenes es que, como dice la ley, estas instituciones tan cruciales para la reforma tengan independencia y autonomía, que es lo que no está ocurriendo ahora.

—Más allá de la magnitud y la profundidad de la reforma, la sensación a veces es de que no termina de arrancar nunca.

—Con el Dr. Julio de Olazábal -el fiscal general- estamos intentando ver una serie de alternativas para poner en marcha este Código lo más pronto posible. Estamos analizando posibilidades que en su momento no fueron tomadas en consideración, como puede ser la puesta en funcionamiento por circunscripciones, por delitos, o el traspaso inmediato de fiscales y defensores que ya están trabajando. Justamente, una de las propuestas que le hiciera en su momento al ministro Superti uno de los asesores de esta reforma, que es el Instituto Nacional de Estudios en Ciencias Penales, fue que la implementación se haga por circunscripciones. Es una alternativa que fue descartada, pero creo que hay que empezar a pensar en todo esto, porque la reforma tiene que producirse en lo inmediato.

—¿Con el recambio en el Ministerio de Justicia y en la titularidad de la Corte piensa que las cosas van a ser diferentes?

—Yo creo que sí, esperemos que con estos cambios este proceso de restricciones y no concreción de lo que los legisladores dispusieron se termine. Si una institución es independiente y autónoma tiene que tener su presupuesto, tener sus estructuras, contar con la posibilidad real de designar a su personal, con procedimientos realmente transparentes hacia la sociedad. Y uno de los eslabones que más frenó la independencia y autonomía de la Fiscalía y la Defensa es el ex presidente de la Corte, el Dr. Rafael Gutiérrez, que sistemáticamente votó en contra.

—¿Por qué insiste tanto en la urgencia de aplicar los cambios?

—Para dar un ejemplo, hace poco tiempo se produjo el triple crimen de Rosario, que conmocionó a todo el país. En este crimen participaron personas que tenían graves antecedentes en su contra. Y hoy no existe la posibilidad de concentrar, por una decisión inmediata -que es una decisión que podría tomar el nuevo fiscal regional- todas las investigaciones de un determinado tipo de delito o sobre un grupo de personas que se dedica a un tipo de delito. Entonces, uno se fue enterando con el correr de los días de que “El Quemado” Rodríguez y su hijo Maximiliano tenían procesos abiertos por homicidio que tramitaban ante distintos jueces.

Esto no es posible, y tampoco contar con un sistema estadístico adecuado para poder hacer un seguimiento. El sistema informático del fuero penal no está adecuado a las circunstancias. A pesar de que la provincia ha asumido un compromiso económicamente muy importante para la informatización de todos los fueros, esto hoy no existe.

Ganón, junto al fiscal Julio de Olazábal, propondrán una serie de alternativas para acelerar la aplicación del nuevo sistema penal. Foto: El Litoral