Santa Fe se suma a una iniciativa nacional
Programas de capacitación y empleo
para personas privadas de libertad
Dos ministerios santafesinos rubricaron un protocolo con Trabajo de la Nación. El objetivo es brindar formación a detenidos para facilitar su reinserción en la sociedad.
De la Redacción de El Litoral
Funcionarios de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad de la provincia suscribieron ayer un convenio con la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a través de la Secretaría de Empleo, cuyo objetivo es la reintegración social y laboral de las personas privadas de su libertad y de quienes estén incorporadas a medidas de tratamiento en libertad.
El acto se realizó en el despacho de Juan Lewis, en el Ministerio de Justicia, adonde llegó el subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional de la Nación, Matías Barroetaveña, acompañado por funcionarios locales y dirigentes gremiales de la Asociación Tribunales. En tanto, el ministro de Seguridad, Leandro Corti, se retiró minutos antes de la firma debido a que su presencia fue requerida en la propia cartera.
Estuvieron en la firma los titulares de las Gerencias de Empleo y Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación en Rosario y Santa Fe, Cristian Recchio y Beatriz Luna de Almada, respectivamente; la subsecretaria de Asuntos Penales, Débora Cotichini, el director de Control y Asistencia Pos Penitenciaria, Pablo Bufarini y el secretario de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad, Pablo Cococcioni.
Objetivos perseguidos
Bufarini destacó que “es una política conjunta para dar oportunidades de inserción e inclusión social y laboral de personas que han sido privadas de su libertad en cualquiera de las tres etapas: aquellas que están cumpliendo pena, personas con posterioridad al cumplimiento de la pena que -en su mayoría- están en libertad condicional y aquellos no privados de su libertad, criterio de la nueva ley de procedimiento penal que es restringir al mínimo indispensable la privación de la libertad.”
Detalló que el protocolo rubricado adhiere a un convenio marco ya firmado por la provincia y el Ministerio de Trabajo de la Nación en el 2004.
En la actualidad, generalmente a través de los municipios, estos programas se están destinando a la población en general como por ejemplo el Jóvenes por Más y Mejor Empleo. Ahora, la posibilidad es sumar a los casi 2.800 detenidos en el sistema penitenciario y otro número similar en dependencias policiales. “No hay restricciones, salvo del perfil actitudinal para cada programa”, explicó Bufarini, quien consideró fundamental el trabajo y la educación como políticas para emprender la prevención del delito. “A una persona que cumple la pena sólo se le debe restringir la libertad, pero no se le deben vulnerar otros derechos. El objetivo es lograr bajar la reincidencia en personas que han cometido delito”, añadió.
Cococcini estimó en el 10% la reincidencia actual de población condenada, porcentaje bastante menor a la media nacional que es del 25%.
“Se trabaja para crear oportunidades para el privado de su libertad, es una herramienta que el liberado tiene, está en él usarla y está en la sociedad darle la oportunidad. Si sale un muchacho y empieza a pedir trabajo como albañil; 20 se lo niegan y vuelve a robar, tenemos que hacernos cargo todos como sociedad de lo que pasa”, acotó el secretario.
