El futuro de YPF
Más preguntas que respuestas
Es dudoso que la expropiación resulte sólo de un impulso populista. Y que los resultados sean los que el gobierno espera.
Sergio Serrichio
La intervención de YPF y el envío al Congreso del proyecto de ley para expropiarle a la española Repsol el 51 por ciento de las acciones de la histórica y principal petrolera del país será probablemente la medida de mayores consecuencias del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Para la vida diaria de los argentinos, hay cuestiones más urgentes, como la inflación, que ya en marzo superó con holgura la barrera del dos por ciento mensual, o el calamitoso estado del transporte público, la calidad de la educación pública y la cobertura de la política sanitaria.
Pero lejos de atacar esos problemas, que de hecho está agravando (por caso, a través de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que le permitirá a éste imprimir dinero a piacere del gobierno, avivando aún más el fuego inflacionario), el gobierno decidió “ir por todo” con YPF, consciente de que el nacionalismo energético cala hondo en el ideario y las emociones de los argentinos.
Hay varios problemas en los argumentos con que la presidenta cargó al fardo de Repsol las encrucijadas (energética, comercial, fiscal) derivadas de la insensata política energética oficial.
Es cierto que el desempeño de YPF, cuyas reservas de petróleo y gas han caído cerca de 70 por ciento, ha sido clave en esos resultados. Pero ese desempeño fue consecuencia de casi nueve años de precios internos totalmente fuera de línea con la evolución de los precios internacionales (a los que el país debe pagar sus crecientes importaciones), que desalentaron la exploración, incentivaron el consumo o el derroche- y dejaron al Estado en la cómoda tarea de quedarse con una parte creciente de la renta petrolera a través del mecanismo de retenciones a la exportación.
El resultado no podía ser muy distinto del que fue: entre 2003 y 2011, mientras el PBI argentino aumentó 68 %, el consumo de naftas lo hizo en 95 %. Mientras, la producción de petróleo cayó 23 % y las reservas 19 %, la producción de gas cayó 10 % y las reservas del fluido, responsable de casi la mitad de la energía que se produce en la Argentina, se desplomaron un pavoroso 49 por ciento.
¿Quién, si no el gobierno, autor de la política energética y único regulador del sector, es el principal responsable? Para medir la magnitud de la caída de los últimos nueve años basta un cálculo de Alieto Guadagni, ex secretario de Energía, quien también fue durante algunos años representante del gobierno de Néstor Kirchner ante el Banco Mundial: si el país quisiera reemplazar con importaciones las reservas de gas y petróleo perdidas debería desembolsar 330.000 millones de dólares. Tal la dimensión del cataclismo energético, un sector que el propio kirchnerismo reconoce como “estratégico”.
Ejemplos reveladores
¿Qué razones hay para pensar que el gobierno que no supo establecer una política y una regulación para evitar ese desastre será mejor en la más compleja tarea de operar la mayor petrolera del país? Los ejemplos de gestión kirchnerista directa de empresas son pocos, pero muy reveladores.
El Correo Argentino es hoy una empresa fuera de época, con tan sólo entrar a cualquiera de sus oficinas se advierte el deterioro.
AySA, la prestadora de servicios de cloacas y aguas en el Gran Buenos Aires, ha requerido de cada vez mayores fondos del Estado y la incompetencia de su gestión quedó en evidencia tras el temporal que afectó hace dos semanas a gran parte de Capital Federal y al conurbano bonaerense.
Desde su reestatización, en 2008, Aerolíneas Argentinas ha requerido más de 2.300 millones de dólares de subsidio estatal y no presentó un solo balance (durante dos años y medio su responsable financiero fue Axel Kicillof, el mismo que junto al ministro Julio De Vido tiene desde ayer a cargo la intervención de YPF).
Desde 2008 hay también dos empresas ferroviarias ciento por ciento estatales, Adif (Administración de Infraestructura Ferroviaria) y Ofse (Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado), de los que no se conoce actividad alguna.
Y desde octubre de 2004 existe Enarsa (Energía Argentina Sociedad Anónima), una petrolera de propiedad estatal creada por el kirchnerismo, presuntamente para realizar exploraciones off-shore, que lo único que ha hecho desde entonces es importar combustible, amén de haber rentado el charter en el que entró orondamente al país el venezolano Antonini Wilson con su valija cargada de dólares.
Poco optimismo
Semejantes antecedentes no dan para el optimismo en la gestión de YPF. Pero el gobierno igual dio ese paso, a sabiendas también de que deberá enfrentar litigios y reclamos internacionales. Pensar que lo hizo sólo por populismo, para apelar a la emoción popular y revertir la caída de la imagen presidencial, es insuficiente. Lo más seguro es que el kirchnerismo, siempre ávido de rentas, crea que hay allí más activos y beneficios por disfrutar. Ese fue el móvil que lo llevó a reestatizar por completo el sistema provisional y manotear las reservas del Banco Central. Pero en este caso tal vez sea una idea equivocada, porque si algo tendrá que hacer YPF para revertir la declinación energética es invertir mucho dinero.
La otra posibilidad es que el gobierno nacional (y sus socios, los gobiernos de las provincias petroleras) crea que hay mucho por ganar en la licitación de áreas petroleras a firmas internacionales (como las norteamericanas Exxon y Apache, que ya están explorando “gas no convencional” en Neuquén).
Si así fuera, ¿se dejarán tentar las empresas por un gobierno que acaba de romper de un manotazo las reglas societarias de YPF y las invitaría a invertir miles, tal vez decenas de miles, de millones de dólares en la exploración y explotación de esos recursos, de los que teóricamente la Argentina es el tercer reservorio del mundo? Y si ése es el camino, ¿es consciente el gobierno de la agresividad ambiental y de las resistencias que puede generar un sistema de exploración (la llamada “fractura hidráulica”) que implica el uso masivo de agua y químicos y detonaciones subterráneas, que en otras partes del mundo están bajo sospecha de contaminar napas e incluso de producir sismos?
Es lógico esperar que el gobierno tenga las respuestas. Pero no hay que descartar que ni siquiera se haya hecho las preguntas.
