Por el desvío de fondos para vivienda

Los Schoklender a indagatoria

El juez Oyarbide citó también a la hija de Hebe de Bonafini.

De la redacción de El Litoral

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DyN

Los ex apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, los hermanos Sergio y Pablo Schoklender; María Alejandra Bonafini, hija de la titular de la entidad, Hebe de Bonafini, y otras 17 personas fueron citadas a declaración indagatoria por el juez Norberto Oyarbide, en la causa donde se investiga el supuesto desvío de 765 millones de pesos destinados a construir viviendas sociales.

Las indagatorias comenzarán el 15 de mayo, a las 10, con la declaración de Sergio Schoklender y se extenderán hasta el 19 de junio, cuando finalicen con la presentación del ministro de Trabajo de Carlos Menem, Enrique Rodríguez, y el socio de Pablo Schoklender y también ex apoderado de Madres, Hugo Omar Gallardo, informaron fuentes judiciales.

Tras 10 meses de investigación, Oyarbide consideró que “existe mérito suficiente” para citar a las indagatorias por los “presuntos desvíos de dinero por parte de un grupo de personas y empresas”, que provocaron “el presunto fraude en perjuicio de la administración pública, como así también la administración fraudulenta de dicha Fundación y el presunto encubrimiento de dinero proveniente de las conductas ilícitas”.

El fiscal federal Jorge Di Lello había pedido en diciembre las indagatorias de 68 personas pero Oyarbide citó primero a 20 de ellas, las que los investigadores graficaron como “el núcleo más cercano al desvío”. “Después de estas indagatorias avanzaremos con el resto de los acusados”, explicó una fuente, entre ellos los financistas Fernando Caparrós Gómez y Ricardo de Falco, quienes habrían cambiado los cheques de las Madres.

Cronograma

Pablo Schoklender fue citado para el 17 de mayo a las 10; luego será el turno de Viviana Sala, la ex mujer de Sergio Schoklender, para el 22 de mayo, y dos días después lo hará Alejandro Gotkin, ex empleado de Madres y presidente de las empresas Antártica Argentina y Meldorek S.A., a través de las cuales se habrían realizado los desvíos de fondos a través de la compra de bienes como yates y autos.

Alejandra Bonafini fue citada para el 31 de mayo a las 10 y está acusada de formar parte de las maniobras de Meldorek, ya que la compañía le habría comprado un departamento en la ciudad de La Plata por 25 mil dólares, y por operaciones sospechosas detectadas por el Banco Central por 79.780 y 50.000 dólares.

También fueron citados Gustavo Serventich, piloto personal de Sergio Schoklender; el financista Daniel Laurenti, Patricia Alonso, ex directora administrativa de la Fundación de las Madres, y un grupo de personas vinculadas a las empresas sospechadas como Daiana Troncoso y Mariana Tercero, quienes habrían retirado los fondos.

Para Oyarbide estaría probado el desvío de fondos a través de la prueba que recogió de informes patrimoniales de la Policía Federal y del Banco Central, documentación de la Afip, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información Financiera (UIF), y de visitas a Chaco, Santiago del Estero y Salta, donde las Madres construyeron viviendas. Una de las pruebas centrales contra Sergio Schoklender es la presunta falsificación de las firmas de las autoridades de la ONG Esperanzas de un Cambio en un contrato por 150 millones de pesos que dio el Estado para construir viviendas en la villa El Cartón.

La Justicia investiga una segunda presunta falsificación de firmas, esta vez de Hebe de Bonafini, titular de las Madres, en un contrato de diciembre de 2010. El fiscal Di Lello acusó a Schoklender de desviar los fondos públicos que manejaba en la Fundación y con los cuales, sospecha, habría comprado 17 terrenos en José C. Paz por 240 mil dólares, una Ferrari 430, dos aeronaves -una valuada en entre uno y dos millones de dólares y la otra entre 450.000 y 800.000 dólares- y una embarcación.

Libertad de expresión

Un video con imágenes del país y menciones explícitas de miembros del gobierno que se proyectó hoy en la Asamblea de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se celebra en Cádiz (España), buscó graficar cómo “el clima de libertad de prensa, pero especialmente de libertad de expresión, se sigue deteriorando” en la Argentina.

La presentación de siete minutos, que fue elaborada por la propia SIP a partir de una “misión exploratoria” que hizo al país en marzo, mostró imágenes de hechos que sucedieron en los últimos meses y que son objeto de preocupación para la entidad. En el video, se reflejaron, por ejemplo, imágenes del allanamiento a Cablevisión y los bloqueos a las plantas impresoras de periódicos, junto a menciones sobre el embargo sufrido por el diario La Nación, en tanto que la voz de una locutora en off explica que “el problema va más allá de medios puntuales, que siguen recibiendo todo tipo de hostigamientos” y que “el deterioro es más general y profundo”. Según interpreta la SIP, la situación actual “afecta la libertad de los periodistas para ejercer su profesión y la de los ciudadanos para recibir y difundir información”.

/// EL DATO

Encuadre

La imputación a los sospechosos es de “fraude en perjuicio de la administración pública mediante administración fraudulenta” y “lavado de dinero” y el fiscal dejó abierta la posibilidad de ampliarla a “asociación ilícita”.