Apelaron la defensa y la fiscal

Corondinos procesados por abusar de menores

Un profesor de Historia y un ex agente penitenciario se encuentran detenidos desde el 29 de febrero. El caso comenzó a investigarse con el ingreso al Hospital de Niños de un chico de 11 años con sífilis.

Juliano Salierno

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El juez de Instrucción Tercera, Luis Octavio Silva, procesó el viernes 13 de abril a los dos hombres de Coronda acusados de ofrecer dinero a menores a cambio de sexo. Los imputados son Aquiles Ramón Acosta, un ex agente penitenciario de 61 años que se dedicaba a enseñar música particular; y Julio César Méndez, de 47 años, quien se desempeñaba como profesor de Historia y bibliotecario en instituciones de la zona.

Los dos fueron procesados por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante” y “promoción de la corrupción y prostitución” de menores.

En ambos casos los delitos se encuentran agravados “por el daño a la salud física y mental y por la portación consciente de una enfermedad de transmisión sexual grave y su riesgo de contagio” y por tratarse de menores de 13 años.

La situación se agrava para Méndez, “por su calidad de encargado de la educación” de las víctimas, ya que habría aprovechado su condición de bibliotecario para acercarse a ellos.

Chicos infectados

En sede policial el caso lo trabajó el Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual (Covvfs) de la Unidad Regional XV del departamento San Jerónimo. La denuncia la radicó una asistente social del Equipo de Atención y Diagnóstico de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia el 17 de febrero.

El primer caso surgió en el hospital de niños Dr. Orlando Alassia, con un chico de 11 años contagiado con sífilis. En una primera entrevista, el chico no aportó datos que permitieran suponer un abuso, pero días más tarde hizo mención a una casa, donde recibía dinero a cambio de sexo.

El 20 de febrero dos hermanitos de 7 y 11 años ingresaron al Samco de Coronda con los mismos síntomas. Y a causa de las lesiones también fueron derivados al Hospital de Niños de Santa Fe.

De las primeras diligencias resultó que los hermanitos eran amigos de la otra víctima y que los tres habían estado con Méndez y Acosta alternativamente.

“VDLR reactiva”

Ante las serias acusaciones la jueza de Instrucción Cuarta, Susana Luna, ordenó la detención de los sospechosos el 29 de febrero y les tomó declaración indagatoria. Pero como uno de los acusados tenía una causa anterior en trámite el expediente pasó al Juzgado de Instrucción Tercera, todavía bajo la subrogancia del Dr. Néstor Troncoso.

El magistrado a cargo ordenó allanar los domicilios de los imputados, les amplió declaración indagatoria y los sometió -de manera voluntaria- a la realización de análisis de VDRL en el hospital Cullen. Dichos exámenes indicaron VDRL reactiva y MHA/TOP positivo, lo que implicaría “que padecen sífilis”, según confirmó el médico forense.

Luego hubo un impasse en la causa, por la asunción en el cargo de juez de Instrucción Tercera del Dr. Luis Octavio Silva, quien es el titular de la investigación desde el 23 de marzo.

Pedido de prisión

Con los primeros elementos de prueba reunidos la fiscal Nº 3, Mariela Jiménez, pidió la prisión preventiva; a pesar de la oposición de las defensas de los imputados, encabezada por los abogados particulares Horacio Paulazzo y José Ignacio Mohamad por Méndez; y la defensora general Nº 6, Nilda Ojeda, por Acosta.

Pero lejos de mejorar la situación de los inculpados, a medida que se profundizaba en la investigación fueron apareciendo nuevas víctimas -dos menores de 15 y 16 años-, que comprometieron aún más a los detenidos con sus declaraciones.

Sin dudas que fue la infección que se manifestó en los chicos -que generó ardores y lesiones que merecieron la asistencia médica-, la que puso de relieve un posible caso de “abuso sexual infantil” en la comunidad corondina.

Cámara Gesell

A partir de los síntomas y con las entrevistas de psicólogos de la repartición policial, se fueron confirmando una a una las sospechas, que luego se ratificaron en sede judicial mediante el uso de la Cámara Gesell.

Uno de los chicos de 11 años confirmó que mantenía el vínculo desde que tenía 10 y además de dar detalles de las situaciones a las que eran expuestos, reveló la identidad de los pedófilos. De uno de ellos dijeron que “es un viejo gay, un degenerado”.

El más chico de los menores confesó con vergüenza que acompañaba a su hermano y que lo esperaba en la esquina. Cuando regresaba lo hacía con $ 5, $ 10 ó $ 20. También contaron que les mostraban películas pornográficas.

Como si fuera poco, para el juez Silva, fue posible acreditar mediante la versión de dos de las víctimas, que Méndez utilizaba el ámbito de la biblioteca en la que trabajaba para hacer las insinuaciones e invitaciones “para ir a hacer cosas sexuales”.

Sin embargo, a pesar de que uno de los chicos aseguró que fue accedido, “no se ha podido verificar que los menores hayan sido sujetos pasivos de abusos sexuales con accesos carnales”, por lo que les dictó la falta de mérito en ese sentido.

La casa de los libustrines

Una de las pruebas con las que cuenta la Justicia para determinar que los hechos ocurrieron fue el reconocimiento, por parte de los menores, de los lugares físicos. Si bien los imputados no estaban relacionados entre sí -cada uno actuaba por su cuenta-, los chicos apuntaron a uno y otro de manera indistinta.

Aquiles Acosta vivía en una pensión de Coronel Rodríguez al 1300, sitio donde ofrecía sus clases como profesor de música particular, además de desempeñar la conducta sexual que le reprocha la Justicia.

La casa de Julio C. Méndez en cambio, se ubica en calle Belgrano al 1400, donde vivía con su madre, pero los abusos no se habrían cometido allí, sino en una casa prestada por otro profesor, en calle Alberdi al 1500.

Esa vivienda fue descripta por los chicos por su entrada llena de plantas, con libustrines en el frente. Una vez localizada la vivienda, fue citado a declarar su verdadero titular, quien se mostró sorprendido ante las graves acusaciones.

Consultado por el juez del caso sobre la conducta de Méndez, dijo que “siempre me ha dicho que le gustaban las personas jóvenes, pero no menores”, y agregó que “sabía que llevaba compañeros de tenis criollo, pero todos son mayores de edad”, concluyó.

Apelación.

El procesamiento fue apelado el 18 de abril por los abogados Horacio Paulazzo y José I. Mohamad, en defensa de uno de los imputados (Julio C. Méndez). A su vez, la fiscal Nº 3, Mariela Jiménez, consideró que algunos elementos de prueba permiten suponer que sí se produjeron los abusos, puntualmente cuestionando la falta de mérito por el delito de abuso sexual con acceso carnal que fue descartado por el juez de la causa. Este viernes se aguardaba la apelación de la Defensora General, por Acosta. Una vez vencidos los plazos el expediente deberá ser analizado por la Cámara de Apelación Penal, que será la que dirimirá los cuestionamientos de las partes interesadas.

“Sórdidos y nefasto”.

En un pasaje del procesamiento, fechado el viernes 13 de abril, el juez Luis O. Silva dijo que se trató de “una serie de sórdidos episodios sexuales ultrajantes”, “en nefasto detrimento de los menores” que aparecen en el proceso. Para consumar sus propósitos los inculpados se valieron de la “inmadurez, impubertad y precaria condición socioeconómica familiar” de las víctimas “que los sindica como niños en situación de riesgo y vulnerabilidad social”, detalló el magistrado.

Imputaciones

Aquiles R. Acosta fue procesado por “abuso sexual gravemente ultrajante doblemente agravado por el daño a la salud física y mental y por la portación consciente de una enfermedad de transmisión sexual grave y su riesgo de contagio”; “promoción de la corrupción de menores de edad” y “promoción de la prostitución de menores”, en los dos casos “agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años”.

Julio C. Méndez fue procesado por “abuso sexual gravemente ultrajante triplemente agravado por el daño a la salud física y mental, por su calidad de encargado de la educación y por la portación consciente de una enfermedad de transmisión sexual grave y su riesgo de contagio”; “promoción de la corrupción de menores de edad” y “promoción de la prostitución de menores”, en los dos casos “doblemente agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años y encargado de la educación”.

Falta de mérito para ambos, por los hechos atribuidos de abuso sexual con acceso carnal hacia los menores.