Causas cruzadas
Boudou en un entramado judicial
La imputación por enriquecimiento ilícito alude a su gestión en el Ministerio de Economía. La denuncia implica a los involucrados en Ciccone, pero suma a la novia del vicepresidente.
De la redacción de El Litoral
DyN
El fiscal federal Jorge Di Lello impulsó la investigación penal del vicepresidente Amado Boudou por presunto “enriquecimiento ilícito” durante su gestión como ministro de Economía de la Nación. El requerimiento del funcionario del Ministerio Público fue entregado al juez federal Ariel Lijo, que también tramita otros dos expedientes vinculados a Boudou: por el caso de la ex Ciccone Calcográfica y una derivación de éste, el llamado “Righi-Gabbi”.
El dictamen de Di Lello, que propuso diversas medidas y coloca a Boudou en situación de imputado, también pide investigar a su novia, la periodista de televisión Agustina Kampfer, y a los empresarios José María Núñez Carmona, socio y amigo del vicepresidente, y Alejandro Vandenbroele, supuesto titular de la nueva Ciccone Calcográfica. Núñez Carmona y Vandenbroele están siendo investigados con Boudou en la causa de la ex Ciccone.
El fiscal pidió investigar la participación de Boudou y del resto de los acusados como integrantes o accionistas de 13 sociedades anónimas, entre ellas la Compañía de Valores Sudamericana SA, como se llama la nueva Ciccone; The Old Fund, la empresa de Vandenbroele que levantó la quiebra de la imprenta, y London Supply SA, compañía que aportó 1.800.000 de dólares para recuperarla.
La denuncia original fue radicada por Christian Sanz, director del portal digital Tribuna de Periodistas, y el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, habituado a realizar este tipo de presentaciones ante la Justicia. Y dio origen a la causa 1999/2000.
El fiscal Di Lello impulsó la investigación a pesar de que los denunciantes no ratificaron sus acusaciones y los citó a declarar como testigos.
Cruce de datos
Boudou tuvo 49 causas abiertas en la Justicia federal, de las cuales más de 30 fueron cerradas, y es investigado en otras 10 por contenido patrimonial como defraudación o incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero es la primera vez que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Los denunciantes ponían la lupa sobre las empresas Compañía de Valores Sudamericana, Ciccone Calcográfica y London Supply, y sobre “las personas que participaron en las maniobras que condujeran al vertiginoso e injustificado incremento patrimonial” de Boudou.
El escrito vinculó al vicepresidente con “la compra de terrenos en el exclusivo Barrio Privado del Partido de la Costa denominado Costa Esmeralda, localidad de Pinamar”. También mencionó “su participación accionaria directa o indirecta en las sociedades sospechadas de corrupción” y la “sugestiva” locación “simulada del inmueble que habita el enrostrado en calle Juana Manso 740, piso 25, Departamento 3, Torre 2, Puerto Madero”. Todo ello, “amén de contar con suculentas sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias locales, lo que no se condice con su sueldo de empleado público durante la última década”, según la denuncia.
