García Porta en la Bolsa de Comercio
“Hace falta una nueva política
de seguridad, sin prejuicios”
Junto al presidente de la Bolsa, García Porta, propuso la creación de una comisión representativa para un abordaje integral del problema.
Foto: Flavio Raina
El juez retirado apoyó su duro diagnóstico con datos estadísticos.
De la redacción de El Litoral
El Dr. José Manuel García Porta disertó sobre el tema “Problemática de la inseguridad”, invitado por la Bolsa de Comercio, en el marco del Programa de Nuevos Dirigentes. Fue presentado por el presidente de la institución, Dr. Eduardo González Kees, quien resumió la trayectoria del orador en el Poder Judicial, del cual se retiró en 2009, luego de haberse desempeñado como juez de Instrucción por casi dos décadas. González Kees enfatizó la manera en que el magistrado acompañaba a la fuerza policial en los procedimientos que se realizaban, ordenados desde el juzgado a su cargo.
Ya en su alocución, García Porta puso de relieve una característica que fue básica cuando se desempeñaba como juez de Instrucción: él ordenaba y ejecutaba junto con la Policía la estrategia investigativa. En toda la disertación abogó por el diseño de una política de seguridad pública para la defensa de la vida, del patrimonio y la libertad de las personas.
A modo de introducción, relató que la seguridad se asienta en cuatro pilares: la justicia, la policía, el sistema carcelario y la ley. Asimismo aludió al aumento de los índices delictivos -entre un 500 y 600%- y de las causas anuales que ingresan en los juzgados: en el que tuvo a su cargo, en 20 años, pasaron de 300 a 2.600 expedientes. Señaló que el 65% de los delitos que se producen son contra la propiedad; el 18% contra las personas y el 17% contra la integridad de las personas. Dijo que en la provincia no se investigan los delitos económicos.
Causas complejas
En cuanto a las causas de este panorama delictivo creciente sostuvo que eran complejas y que estaban interrelacionadas. En la actualidad el delito se manifiesta tanto organizado en bandas -en algunos casos con procederes mafiosos-, como en solitario.
A su juicio debe definirse una política de seguridad pública financiada por el Estado pero que no esté relacionada con el incremento de las penas sino que debe orientarse a la tarea de la prevención, que es propia función policial; al sistema de juzgamiento de los delitos que es función de la justicia y al sistema carcelario. En estas tres áreas deben producirse -dijo- “la mayor cantidad de reformas y la dotación de recursos humanos y tecnológicos”.
El Dr. García Porta consignó que si existen prejuicios para elaborar una política de seguridad por parte de un gobierno podría crearse una comisión de alto nivel social para que se cumpla la ley, integrada por el ministro de Seguridad; juristas oficialistas y de la oposición y por legisladores del oficialismo y de la oposición pero, además, por representantes del sector religioso (con un sentido ecuménico), empresario y laboral y se debe comprometer al Poder Judicial. “A veces se entiende en la Justicia que ser progresista significa ser blando y no es así”, dijo.
