Votación dividida en la tarde santafesina
Diputados aprobó la creación
de un registro de violadores
Hubo posturas encontradas sobre la constitucionalidad de una ley sobre la materia. Rápido tratamiento para otros dos proyectos en forma conjunta con el Senado.
Mario Cáffaro
“Persevera y triunfarás”. Después de cuatro años, la diputada justicialista Silvia de Césaris (Producción y Trabajo) saludó la media sanción a un proyecto de ley que crea en la provincia un registro de condenados por delitos contra la integridad sexual, que dependerá del Ministerio Público Fiscal. En los años anteriores, el proyecto no llegó al recinto por falta de acuerdo en comisiones. Ayer, tras votación dividida el tema fue girado al Senado para su revisión.
Todos los bloques del arco justicialista, la Unión Pro Federal y algunos radicales sumaron los 32 votos que el tema logró en el recinto contra 13 negativos, todos del Frente Progresista, Cívico y Social que a través del socialista Raúl Lamberto y la radical Griselda Tessio expuso reparos legales y constitucionales a la iniciativa. En cambio, el también radical Darío Boscarol y el justicialista federal Norberto Nicotra acompañaron en la fundamentación a De Césaris sobre el voto positivo.
El proyecto fue la única discusión en el recinto en una tranquila tarde en Diputados donde además en acuerdo con el Senado votó otras dos iniciativas que se plasmaron en ley en la jornada: el feriado provincial del 25 de junio y una reforma al mapa judicial en el Dpto. San Cristóbal.
El debate y el texto
De Césaris saludó el grado de madurez que tuvieron las comisiones para discutir el proyecto que significa “un fuerte compromiso de la dirigencia” en abordar la problemática de los delitos sexuales y si bien admitió que “no es la solución, sí es un instrumento más para la Justicia y una respuesta a la ciudadanía”. Valorizó la movilización realizada días atrás en San Cristóbal donde el 71% de los detenidos está acusado en causas por delitos sexuales. Recordó que Mendoza tiene un registro similar y en otras provincias avanza el tratamiento legislativo sobre la cuestión.
En cambio, Lamberto puso en duda la facultad de la Legislatura de avanzar en lo que considera debe ser una ley de fondo y por lo tanto en manos del Congreso de la Nación. “El proyecto puede ser declarado inconstitucional porque viola los tratados internacionales a los que adhirió la Argentina” y aseguró que significa “extender la pena” algo no previsto en el Código Penal. Boscarol -presidente del bloque radical- anticipó que en el sector tenía libertad de acción para votar y él -con reparos en dos artículos que refieren al acceso a la información- fue uno de los que se expresó positivamente en lo que consideró “un instrumento supletorio y de autodefensa de la sociedad”. Entendió, además, que la iniciativa engarza con la ley que creó el Registro de Datos Genéticos en la provincia y recordó que “se habla en este registro de condenados”. Su par de bancada, Tessio, dijo estar “alarmada” con la decisión de “pensar en un plus para la pena que sólo está en manos del juez que emite la sentencia” y advirtió que “el registro puede prestarse a chantajes”.
Nicotra dijo que su sector se ubicaba “del lado de las víctimas y de los familiares que están reclamando por parte del Estado soluciones que no deben pasar tanto por los derechos de los delincuentes” y compartió con Boscarol sus objeciones a dos artículos sobre el acceso al registro.
El texto votado tiene 13 artículos donde dispone que el registro dependa del Ministerio Público Fiscal y que la información registrada tendrá carácter no punitivo, meramente civil y propenderá a garantizar en la jurisdicción local los mejores niveles de seguridad pública en la materia. Dispone además qué tipo de información contendrá y establece que accederán al registro autoridades comunales, municipales, provinciales o nacionales así como instituciones civiles que acrediten interés legítimo. También instituye que dentro del Registro Provincial de Huellas Digitalizadas vigente ya en la provincia, se creará un registro especial de identificación genética de condenados por delito de abuso sexual donde constará la información genética obtenida de un análisis de ADN de las personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.
