EDITORIAL

TGI: se necesita un debate responsable

El proyecto oficial de reforma del sistema de cálculo de la Tasa General de Inmuebles de la ciudad de Santa Fe genera profundas discusiones. El tema no es sencillo, sobre todo porque está directamente vinculado con el bolsillo de los vecinos, en momentos particularmente sensibles por la desaceleración de la economía nacional y frente a la decisión del gobierno de la provincia de impulsar una reforma impositiva.

Más allá de los detalles de este proyecto -con los que se podrá disentir o estar de acuerdo-, en esta economía inflacionaria resulta indispensable generar un sistema de cálculo que actualice con prudencia los montos de la Tasa respecto de la constante modificación de precios y salarios. Luego de muchos años con la tasa de los servicios municipales congelados, las últimas gestiones se vieron obligadas a aplicar correcciones que han impactado sobre los contribuyentes.

El proyecto enviado por el Ejecutivo al Concejo va más allá de un mero acompañamiento del ritmo inflacionario. Entre otros puntos, fija un nuevo avalúo de las propiedades, pues el actual data de 1974 y lógicamente está desactualizado.

Los funcionarios de Hacienda aclaran que, de todos modos, este nuevo avalúo no responderá al precio de mercado de los inmuebles. Según la Cámara de la Construcción, dicho valor se calcula en alrededor de 1.000 dólares el metro cuadrado, pero el proyecto de ordenanza habla de 2.500 pesos por metro construido.

Además, la Municipalidad plantea dividir a la ciudad en 43 zonas diferentes para realizar los cálculos, de acuerdo con la ubicación de los inmuebles, las características de los barrios y los servicios públicos que allí se prestan. Actualmente, la ciudad se encuentra subdividida en diez zonas.

Por último, y siempre a grandes rasgos, el proyecto de ordenanza incluye una actualización trimestral de la Tasa, con aumentos que no podrán sobrepasar el 8% trimestral, pero cuya acumulación anual preocupa.

Funcionarios del municipio explicaron en detalle los alcances de las modificaciones ante integrantes del Concejo municipal. Sin embargo, desde la oposición y algunas instituciones de la ciudad se levantaron voces de advertencia.

Y está bien que así ocurra. Algunos concejales, por ejemplo, requieren más tiempo para evaluar las consecuencias de los cambios y reclaman mayor información para la ciudadanía. Se trata de pedidos atendibles y respetables.

La Cámara Inmobiliaria de Santa Fe sugiere que, antes de avanzar con estas modificaciones en la ciudad, se aguarde a que la Legislatura de la provincia apruebe la reforma impositiva. De esta manera, se tendría una visión global del impacto que los cambios producirán en el bolsillo de los contribuyentes.

Las modificaciones son necesarias. Pero el debate resulta imprescindible y serfá fructífero si se da en un marco de buena fe y responsabilidad institucional.

Estas son las reglas de juego. El municipio, el Concejo y las instituciones de la ciudad, deberán estar a la altura de las circunstancias.