EDITORIAL
La sustitución de Lugo en Paraguay
¿Fue un golpe de Estado o un juicio político constitucional el que destituyó al presidente de Paraguay, Fernando Lugo? No hay una respuesta lineal a este interrogante. Por lo pronto, el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, optó por la prudencia. Sostuvo que el proceso se realizó de acuerdo con la ley, aunque “no parece cumplir con todos los preceptos legales del derecho legítimo a la defensa”. La observación es atinada respecto de un procedimiento que se resolvió en menos de 30 horas.
El voto favorable a la destitución fue abrumadoramente mayoritario, un dato que debería haber sido evaluado por los opositores a Lugo para no precipitarse a tomar una decisión delicada y trascendente. Las repercusiones internacionales sobre lo sucedido han sido contradictorias. Los países del Mercosur hablaron de golpe de Estado y manifestaron su solidaridad con Lugo. Lo hicieron en diversos tonos pero en una misma dirección. Entre tanto, países como Alemania, México, Canadá y el Vaticano optaron por reconocer al flamante gobierno del liberal Federico Franco.
Lo que llama la atención es que los mandatarios de Venezuela, Ecuador y Nicaragua, por ejemplo, se rasguen las vestiduras en nombre de un Estado de derecho y una calidad institucional que ellos sistemáticamente desconocen. Por su parte, la presidente de Argentina listó entre los mandatarios que con más dureza calificaron lo sucedido en Paraguay. Para la señora Fernández de Kirchner lo sucedido fue lisa y llanamente un golpe de Estado, opinión controvertida en boca de una mandataria cuestionada por su desdén respecto de principios y normas propios del Estado de derecho. Temas como el repetido desconocimiento de fallos de la Corte Suprema de Justicia o el empecinamiento en gobernar bajo un larguísimo “estado de emergencia” expresan una singular concepción de la democracia constitucional, sobre la que no ha dado explicaciones convincentes.
De todos modos, lo sucedido en Paraguay ha sido desprolijo y seguramente esta nación padecerá durante algún tiempo las consecuencias del aislamiento regional. Así parecen anticiparlo las declaraciones de los presidentes de estos países, cuyo real alcance se definirá en las próximas reuniones del Mercosur y Unasur. Al respecto es necesario hacer algunas observaciones. En primer lugar, las sanciones que se apliquen no deberían recaer sobre el sufrido pueblo paraguayo. En segundo lugar, sería deseable que además de eventuales condenas se arbitren gestiones diplomáticas tendientes a abrir negociaciones con las nuevas autoridades.
Por su parte, Lugo, quien en un primer momento admitió sin resistencia su destitución, al percatarse que dispone de la solidaridad de los presidentes y el apoyo de las organizaciones campesinas, ha modificado su actitud complaciente y ha constituido “un gabinete en las sombras” destinado a fiscalizar a su sucesor. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia rechazó un pedido de inconstitucionalidad presentado por el mandatario depuesto.
