EDITORIAL

Designaciones en la Justicia

Con la reanudación de la actividad legislativa tras el receso invernal volverán a instalarse en las cámaras santafesinas una serie de temas que quedaron inconclusos, entre ellos, la designación de futuros integrantes del Poder Judicial, trámite paralizado desde principios de mayo.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia ha elevado al gobernador Antonio Bonfatti una serie de pliegos con candidatos a jueces y camaristas, tanto subrogantes como titulares, así como de aspirantes a ocupar cargos de fiscales y defensores en el esperado sistema procesal penal que pondrá en marcha la provincia desde el año próximo.

El 3 de mayo, la Asamblea Legislativa -donde la oposición justicialista tiene amplia mayoría- rechazó una serie de pliegos elevados por el Poder Ejecutivo, entre ellos el de Enrique Font propuesto como auditor general del ministerio público de la Acusación. El significado político de ese rechazo fue suficiente motivo para que se abriera una instancia de diálogo entre el propio ministro de Justicia, Juan Lewis, y los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdos encargada de elaborar los dictámenes a votar en el recinto sobre los candidatos elevados por el Ejecutivo.

La Constitución de la provincia determina en su artículo 86 que “los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa”. Esta imposición sigue vigente pero ha sufrido cambios con el paso de los años y muy especialmente a partir de 1989 cuando el entonces gobernador Víctor Reviglio decidió autolimitarse en la designación y crear un Consejo de la Magistratura. Luego cada mandatario fue modificando y complejizando el proceso de selección de candidatos. En tanto, la Legislatura también abrió su procedimiento dejando de lado las Asambleas Legislativas secretas para pasar a recibir objeciones durante los 30 días que dura el tratamiento de cada pliego.

En la instancia actual la mayoría justicialista cuestiona el proceso de selección que realiza el Poder Ejecutivo e incluso los sistemas de puntaje definidos en los concursos, principios que el Frente Progresista considera que lo diferencian de las gestiones justicialistas.

Las reuniones realizadas sirvieron para que ambos sectores ratificaran sus puntos de vista. Ahora, el poder administrador considera que es el momento de volver a remitir pliegos, acompañando en cada caso, todos los antecedentes obrantes en los concursos. El objetivo es enviar una veintena de nombres en cada uno de los restantes meses del año para ocupar vacantes en la Justicia ordinaria y poner en marcha el nuevo sistema penal. Corresponderá a los legisladores analizar las cualidades y calidades de cada postulante para determinar su aprobación o rechazo. Mantener el estado actual de parálisis significará, con el paso del tiempo, un deterioro del sistema judicial santafesino que en definitiva perjudicará a la ciudadanía.