Más prisión preventiva, menos excarcelaciones

Reclaman “prudencia” desde la

Justicia para tratar la Ley Enrico

El presidente del Colegio de Magistrados, Daniel Rucci, dijo que es necesario asegurar el control de constitucionalidad de la norma y el respeto de los tratados internacionales. Recomendó no hacer juicios de valor apresurados, signados por la venganza o el dolor.

De la redacción de El Litoral

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El presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe, Daniel Rucci, reclamó que se analice con “prudencia” el proyecto de ley que ya votó el Senado, y que propone limitar las salidas transitorias de los detenidos, y concederle mayores herramientas a jueces y fiscales para que puedan dictar con mayor facilidad la prisión preventiva de los imputados.

La iniciativa es impulsada por el senador radical Lisandro Enrico (General López), y ahora debe ser tratada por la Cámara de Diputados. Su autor argumenta que este tipo de situaciones con la actual legislación se torna “compleja” y agudiza el problema de inseguridad que vive la provincia. Sin embargo, el proyecto genera polémica. Hubo legisladores del peronismo que adelantaron su voto negativo; el Ejecutivo adelantó que vetaría la ley, y se formularon advertencias hasta sobre la posible inconstitucionalidad de la ley.

Consultado al respecto, Rucci también pidió responsabilidad.

“Yo creo que es un tema delicado -planteó-. En la medida en que de alguna manera esa legislación se ajuste a la Constitución y a los pactos internacionales a los que hemos adherido, no hay problema, bienvenida sea. Pero es necesario que ese control de constitucionalidad se pueda ejercer”.

—¿Cree, entonces, que es inconstitucional lo que se plantea? -consultó El Litoral

—No conozco la ley. Además, como no está todavía sancionada definitivamente, no puedo abrir un juicio de valor en ese sentido. Pero repito, las leyes tienen que adaptarse a los pactos a los que hemos adherido y a lo que la Constitución dice. Piensen que los tratados internacionales han generado un perfil respecto de los detenidos donde la regla es la libertad, y la detención es la excepción. La sociedad tiene que entender y aprender que eso es lo que nosotros como país hemos adherido. A veces, se hacen juicios de valor muy apresurados sobre estos temas, signados por el dolor, por la venganza, pero nosotros tenemos que ser prescindentes de todo ese tipo de criterios para poder cumplir con lo que la ley nos manda.

—¿Se violaría alguno de estos pactos?

—Repito, sería muy prejuicioso de mi parte, muy aventurado decirlo. No sería serio porque no conozco exactamente cómo está determinado el proyecto. Imagínese que la legislación del nuevo Código de Procedimiento Penal modificó, entre otras cosas, fundamentalmente el tema de la libertad provisional para darle un carácter absolutamente distinto del que teníamos, que era bastante inquisitivo por cierto. Todavía no tenemos el código totalmente aplicado pero esta regla sí ya está en funcionamiento por la 12.192.

—¿Al menos recomienda prudencia a la hora de abordar el tema?

—Sí. Recomiendo prudencia y un ajuste total y absoluto a estas normas internacionales y a la propia Constitución.

LA FOTO /// Se realizó en esta ciudad

Encuentro de Magistrados

El presidente del Colegio de Magistrados

de Santa Fe, Daniel Rucci, y el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez, participaron de una conferencia de prensa conjunta en el marco de la 83ra. Asamblea Extraordinaria de la Federación Argentina de la Magistratura. Durante el encuentro, que se realizó en esta ciudad, se analizaron temas inherentes a la función judicial. Asistieron magistrados de todo el país.

Foto: Guillermo Di Salvatore

Justicia por mano propia

Rucci también opinó sobre los casos de justicia por mano propia que se registraron en las últimas semanas en la ciudad, en una ocasión, para vengar un homicidio, y en la otra, una violación.

“Sin dudas que no lo apruebo de ninguna manera -advirtió el magistrado-. Esto es como volver a la ley del Talión que ya ha sido desterrada. Lógicamente, la Justicia es el último escalón que tiene el ciudadano para ejercer su derecho y es aquí donde se debe hacer y no a través del ejercicio privado o particular de cada uno que se siente afectado por otro”. De todas maneras, admitió los inconvenientes en su funcionamiento administrativo que generan descreimiento en la sociedad.

“No voy a decir que la justicia no haya fallado. Reconozco que tiene su problemática y que es lenta. Estamos intentando por todos los medios de que se modifiquen los códigos, sobre todo el de procedimiento penal. Precisamente, este tema de las libertades provisionales -explicó-, se puede resolver con el nuevo código porque le va a sacar la lentitud que hoy tenemos con el código viejo. Los plazos razonables para resolver los casos judiciales sobre todo los penales, son imprescindibles. El plazo razonable con el que debemos resolver las causas va a evitar este tipo de problemas”, estimó.