Primer tractor fabricado con partes nacionales

Cristina visita mañana la planta de John Deere

Corresponsalía Rosario

Cristina Fernández, presidenta de la Nación, arribará mañana al mediodía a Rosario, acompañada de parte de su gabinete, y se trasladará a la planta de John Deere en Granadero Baigorria, donde participará del lanzamiento del primer tractor fabricado con partes nacionales.

Está previsto que Cristina arribe al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario cerca de las 12. De allí viajará en helicóptero hasta la planta de John Deere, donde se espera que esté cerca de las 12.30. Se calcula que recorrerá las instalaciones de la planta fabril y luego brindará un discurso. Además, habrá al menos dos teleconferencias; una con una empresa de elementos electrónicos de la ciudad de Totoras y otro contacto con una fábrica de calzados de Arroyo Seco. La llegada de la presidenta se enmarca en el pedido formulado por el gobierno nacional a la empresa John Deere para que retome la producción de tractores y cosechadoras. La ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi, recorrió la fábrica en Ganadero Baigorria en octubre del año pasado, cuando se hizo el anuncio de la puesta en marcha de la producción del tractor argentino.

La firma tiene diseñado un plan de inversiones por 130 millones de dólares que incluye la contratación de 20 proveedores locales para incrementar la integración nacional de sus productos en un 60 por ciento. El monto de la inversión se completará en el año 2015, cuando se concluya con la ampliación de la fábrica, la incorporación de equipamiento y una importante inversión en capital de trabajo. El proyecto, además, prevé la producción de cosechadoras y un crecimiento en la fabricación de motores, con la incorporación de 300 puestos de trabajo de manera directa.

Preocupación en el personal

Incertidumbre por la posible intervención de CableVisión

Desde el jueves pasado, el juez mendocino Walter Bento, está buscando un juez federal para convencerlo de que avale una nueva orden para intervenir Cablevisión, ya que el anterior allanamiento del 20 de diciembre pasado, que apuntaló con fuerzas de la Gendarmería, fue desestimado por la justicia, quien lo declaró “incompetente” para actuar.

Según fuentes empresarias, la semana pasada, el magistrado habría ordenado una nueva intervención de la compañía de televisión por cable, mucho más “profunda” que la anterior, que apuntaría a tomar su control y a su desguace.

Bento fue llevado a juicio político por el allanamiento y el 5 de julio el Consejo de la Magistratura, que domina el kirchnerismo, resolvió que no había motivo para avanzar en ese procedimiento. Según informaron los diarios Clarín y La Nación, el miércoles último el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, se reunió con los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, denunciantes en este tema, para apuntalar una nueva ofensiva contra la empresa.

El 7 de diciembre de 2007, el entonces presidente Néstor Kirchner firmó un decreto que aprobaba la fusión de Cablevisión y Multicanal y el paquete accionario quedó en manos del Grupo Clarín. Poco después de ese decreto fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que dejó firme la homologación del acuerdo preventivo extrajudicial de la operadora Cablevisión, que posibilitó la fusión con la señal Multicanal.

La causa

La causa, que fue iniciada en Mendoza, donde Cablevisión no opera, apunta a dividir otra vez la compañía, lo que incidiría de modo importante en los negocios de Supercanal, el sistema de cable de Vila. Las fuentes señalaron que la nueva medida apunta no sólo a tomar el control de la empresa, “sino a acceder a las bases de datos de la misma y de Fibertel”, la empresa de Internet del Grupo Clarín.

En el allanamiento anterior, el juez había designado como interventor a Enrique Anzoize, quien se presentó acompañado por su abogado, Ricardo Mastronardi, a quienes se les adjudican vínculos directos con el Grupo Vila-Manzano. Cuatro meses después, el juez federal Claudio Bonadío declaró “nulo” el procedimiento de Bento, tras comprobar las irregularidades, a la vez que denunció penalmente al mendocino y a la ministra de Seguridad, Nilda Garré por haber facilitado los efectivos de Gendarmería.

En su denuncia original en Mendoza, el Grupo Vila-Manzano señaló que la empresa Artear había incumplido un contrato con un operador de la provincia de Salta, en lo que fue una diferencia de precio entre el Canal 13 capitalino y un cable salteño. En ese momento, Cablevisión adujo que no tenía nada que ver con la controversia y que el problema estaba radicado en Salta, por lo que el juez mendocino no tenía jurisdicción.

Reacción en la oposición

Diputados nacionales de fuerzas políticas opositoras coincidieron en rechazar una posible intervención a la empresa Cablevisión, del Grupo Clarín, y advirtieron sobre el “intento de hegemonía” del gobierno sobre los medios de comunicación.

Los legisladores Ricardo Gil Lavedra (UCR), Federico Pinedo (PRO), Oscar Aguad (UCR) y Patricia Bullrich (Unión por Todos) criticaron, además, al juez mendocino Walter Bento, quien promovería una nueva orden para intervenir Cablevisión.

“Causa alarma que un juez federal de provincia, fuertemente sospechado de responder a un grupo económico afín al gobierno, que ha tenido comportamientos judiciales inaceptables, pero que goza de protección oficial en el Consejo de la Magistratura, pretenda ahora ejecutar una medida contra Cablevisión”, dijo Gil Lavedra, jefe de la bancada radical en la Cámara Baja. En un comunicado, el diputado agregó que, además, “resultaría de una enorme gravedad institucional que este paso haya sido urdido desde la misma Casa de Gobierno, como un elemento decisivo en la absurda contienda que libran contra el Grupo Clarín”.

Pinedo, en tanto, opinó que el posible avance del juez mendocino sobre la empresa Cablevisión significaría un “abuso de poder” y sostuvo que el magistrado “actúa con el aval del oficialismo. Nosotros ya tomamos posición, porque le pedimos el juicio político a Bento y fue rechazado por la mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura, que ni siquiera lo consideró y evaluó; fue una decisión política”, recordó Pinedo.

A su vez, Bullrich advirtió que existe un “intento de hegemonía total y absoluta” del kirchnerismo “sobre los medios de comunicación” y consideró “peligrosa” la “discrecionalidad” con la que se maneja esa fuerza.

Aguad, por su parte, aseguró que sería un “escándalo institucional para el país y un quiebre del principio democrático de la República”, una eventual intervención a Cablevisión, y apuntó contra el kirchnerismo al acusarlo de “proteger a los jueces amigos”.

Corte

Ante la posibilidad de que la empresa sufriese una intervención judicial que lleve a su desguace, trabajadores de la empresa Cablevisión cortaron esta mañana la calle General Hornos al 600, frente a las oficinas de la empresa en el barrio de Constitución, en “defensa de sus fuentes de trabajo”. El corte se realizó después de que durante el fin de semana trascendiera que el juez federal de Mendoza, Walter Bento, habría emitido una nueva orden de intervención y desguace de la compañía de cable, tras una denuncia del Grupo Vila-Manzano.

/// EL DATO