Edición del Miércoles 22 de agosto de 2012

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Llegan cartas - Opinión Opinión

Llegan cartas

La ordenada concordia

María Teresa Rearte

DNI Nº 6.844.546

Señores Directores: En una carta del 8 del corriente mes, me refería al atraso en el pago de las jubilaciones y pensiones provinciales, de acuerdo al cronograma instrumentado para tal fin. El mismo se aparta del logro del bien común, al que se deben orientar las acciones de gobierno; y por consiguiente, a la promoción de la paz social como componente del bien común.

El comportamiento del gobierno provincial lejos está de promover la paz social, la que, siguiendo el pensamiento de San Agustín, es “la tranquilidad del orden” y “la ordenada concordia”. Pero no se trata de cualquier concordia, sino de la que es ordenada, es decir, cuando alguien concuerda con otro según algo que a ambos convienen.

Aceptar pasiva, resignadamente, la excesiva postergación de sus derechos, no es paz, sino que es, cuanto menos, aceptar un trato injusto, y aun el sometimiento del débil, como es el sector pasivo, que se sabe impotente para hacer valer sus derechos.

Sin justicia no hay paz verdadera, la que es necesaria para el desenvolvimiento de la vida humana, incluida la participación en los bienes de la cultura. Pero resulta que en esta cuestión, está en juego la defensa de un derecho y la dignidad de las personas mayores. Las que no tienen por qué recibir como limosna lo que -por derecho- les corresponde percibir en tiempo y forma. Gracias al diario por permitirme expresarme.

Coherencia

Santiago Floresa

Capital Federal

Señores Directores: Ante la noticia de un proyecto legislativo para que pueda votarse en las elecciones con 16 años cumplidos, cabe acotar que si se considera que a esa edad se cuenta con el suficiente criterio como para ejercer responsablemente la delicada decisión de elegir a las máximas autoridades del país, se supone que existe también una plena conciencia cuando se trata de acciones de tipo delictivo. Y, por ende, la misma responsabilidad ante la ley e idénticas penas a las previstas para los adultos.

Asimismo, la asistencia alimentaria por parte de los padres debiera también reducirse hasta los 15 años inclusive, habida cuenta de que la falta de capacidad para el autosustento evidencia en términos generales la falta de madurez e independencia como para asumir la responsabilidad electoral.

En consecuencia, si la intención de los legisladores fuera más allá de una maniobra demagógica e irresponsable, estimo que para ser coherentes debieran presentar sin demora proyectos para bajar a 16 años la edad de imputabilidad penal y del cese del beneficio de sostenimiento económico por parte de los padres. Gracias por este espacio de opinión. Los saludo atte.



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Miércoles 22 de agosto de 2012
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