Lanzamiento de la campaña nacional en Santa Fe

ONGs apoyan la reforma de la

ley contra la trata de personas

Están juntando firmas para que Diputados apruebe el proyecto, que ya cuenta con media sanción en el Senado de la Nación. Se reclaman cambios en la definición del delito, las penas y una asistencia más completa a las víctimas.

De la Redacción de El Litoral

[email protected]

Desde su sanción en 2008, la Ley 26.364 contra la trata de personas fue cuestionada por diversas organizaciones y movimientos sociales. Hace un año, el Senado de la Nación aprobó su reforma, pero todavía no fue tratada en Diputados.

La trata es un delito que incluye el ofrecimiento, captación, traslado o recepción de personas con fines de explotación, dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países.

Recientemente se lanzó en Santa Fe la campaña: “Ni una mujer más víctima de las redes de trata y de prostitución”, liderada a nivel nacional por Marta Fontenla.

Convocada por la asociación civil Generar y la Red Infancia Robada, Fontenla visitó la ciudad y explicó las principales modificaciones que introduce el proyecto de ley: “Implican un cambio de paradigma. Hasta ahora la ley se sustenta en el Protocolo de Palermo, que es una norma de protección nacional contra el tráfico de personas, para que no ingresen esclavos al país. El proyecto contempla la perspectiva de derechos humanos y la convención abolicionista contra toda forma de explotación”.

Por su parte, Liliana Loyola, al frente de Generar, detalló: “La aprobación de esta reforma incorpora la perspectiva abolicionista, que no considera a la prostitución como un trabajo. También se amplían las formas de explotación, con la incorporación de la pornografía infantil y el matrimonio servil”.

Otro cambio fundamental es la eliminación de la diferencia entre víctimas mayores y menores de 18 años. “Ahora ya no tienen que demostrar que no dieron su consentimiento. Esto trababa la posibilidad de configurar el delito de trata”, aseguró Fontenla.

También se introducen reformas al código penal, por las cuales todo proxeneta (el que promueve o facilita la prostitución), rufián (el que explota la prostitución de otra persona) o tratante merecerá sanción penal.

Para Loyola estos cambios son imprescindibles porque con la ley actual es muy difícil probar el delito: “De casi 3.500 rescates que hubo desde la sanción de la ley, hay sólo entre 30 y 40 personas procesadas”, precisó la referente de Generar.

Asistencia a la víctima

La falta de empleo suele ser, en muchos casos, una de las razones por las que las víctimas caen en estas redes de explotación. Por eso, es un paso trascendental que el proyecto contemple la restitución de sus derechos sociales, económicos y culturales. De esta manera, se plantea la necesidad de asegurar los derechos a recibir capacitación laboral o ayuda para buscar un empleo, a incorporarse en el sistema educativo, a solicitar refugio si son extranjeras o la posibilidad de emigrar.

Además, el proyecto prevé la creación de un comité para la lucha contra la trata y para la asistencia a las víctimas. También propone un sistema unificado de denuncias, que funcione todos los días durante las 24 horas.

Pese a estos avances, Fontenla reconoció que algunos puntos quedaron fuera del proyecto de reforma. Principalmente, la penalización de quienes regentean o administran prostíbulos, bajo cualquier denominación.

Además cuestionó el rol del “cliente”. “El sub-mundo de la explotación sexual es para mantener la invisibilidad del prostituyente. Por eso nuestra postura es que el cliente pase de invisible a responsable. En Suecia, por ejemplo, se sanciona al cliente”, concluyó.

¿Qué es el abolicionismo?

Es una postura ideológica, ética y política que busca abolir la prostitución como parte de la erradicación de la desigualdad de género. Considera que las mujeres en situación de prostitución son víctimas, por eso no las persigue. En cambio, persigue a proxenetas, rufianes y tratantes y prohíbe los prostíbulos y toda forma de explotación de la prostitución ajena, sin importar el consentimiento de las personas afectadas. Se opone a toda forma de reglamentación de la prostitución y de imposición de controles médicos, ya que perpetuaría la injusticia. Impone a los Estados políticas públicas que garanticen los derechos sociales, sexuales, económicos y políticos a las personas prostituidas. En algunos países, penalizan al prostituyente (mal llamado “cliente”).