Crea excepciones para compras directas, sin licitación

El Senado dio media sanción

a la emergencia en seguridad

Pese a la amplia mayoría justicialista de la Cámara Alta, ayer el proyecto de ley logró sólo 6 votos afirmativos. Hubo 5 en contra del oficialismo, que colaboró con el quórum.

Luis Rodrigo

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El título de la norma dividió a los senadores. El proyecto de ley que impulsaron los dos bloques del justicialismo logró ayer la previsible media sanción del Senado, que repitió el criterio que existe en esa Cámara desde 2009.

La diferencia es que, tres años después de aquella media sanción, ahora existen altas chances de que en Diputados se acepte declarar a la Provincia de Santa Fe “en emergencia” frente a la inseguridad.

Como era de imaginar, el radicalismo y el socialismo no aceptaron la palabra “emergencia” e incluso los senadores del Frente Progresista abundaron sobre lo poco conveniente que resulta -desde el punto de vista de la transparencia- que los funcionarios (de éste y de cualquier gobierno) reciban más facultades para hacer compras directas, en lugar de licitaciones.

El miembro informante por la mayoría fue el senador por Belgrano Alberto Crossetti, que batalla desde hace años por la sanción de una ley que considere a la provincia bajo esa figura.

La idea de sancionar la emergencia en el Senado proviene de principios de 2009, lo que ocurrió en octubre de ese año. La diferencia es que por entonces el oficialismo tenía la mayoría en Diputados, y eso, desde diciembre de 2011, ha cambiado.

Números

El Senado tiene 19 bancas: 11 del justicialismo y 8 del Frente Progresista. Sin embargo, la norma que se votó ayer contó con apenas 6 expresiones afirmativas y 5 negativas.

Obviamente, hubo media sanción porque el oficialismo colaboró con el quórum. En la misma sesión se aprobó una moratoria o régimen de regularización tributaria que presentó el oficialismo, con el acuerdo del PJ. (Ver aparte).

El despacho de Crosetti contó además con las firmas de pares partidarios Raúl Gramajo (PJ-9 de Julio), José Baucero (PJ-San Javier), Danilo Capitani (PJ-San Jerónimo), Eduardo Rosconi (PJ-Caseros), Armando Traferri (PJ-San Lorenzo), Hugo Pucheta (PJ-Vera) y Rubén Pirola (PJ-Las Colonia).

Objetivos

Crosetti -como los demás senadores del peronismo que expusieron las razones de la declaración de emergencia- dijo que no hay propósitos subalternos. Subrayó que su intención es “colaborar con el gobierno de Antonio Bonfatti”.

Se trata de “buscar mecanismos que permitan instrumentar medidas que disminuyan el alto índice de inseguridad que se manifiesta en toda la provincia de Santa Fe, cuyo estado es dramático y se va agravando continuamente”, expresó Crosetti.

“Nuestros ciudadanos, en su mayoría, nos hacen conocer su necesidad de contar con mayor seguridad pública porque, según exponen, deben encerrarse o enjaularse en sus propias viviendas mientras los delincuentes circulan libremente”, subrayó.

Señaló que falta de personal policial, móviles y equipamiento policial. Habló de las “demoras en instrumentar la instalación de cámaras de monitoreo y otros anuncios de este gobierno”.

Pidió “la ampliación de las oficinas públicas para radicar denuncias y, de este modo, lograr una mayor agilidad para quien debe concurrir por un lado y, por el otro, descomprimir de tareas administrativas a los agentes de seguridad para que estén más tiempo en las calles haciendo prevención”.

Debate

Para el oficialismo, el proyecto con media sanción “no aporta nada”, que no pueda solucionarse mediante las normas existentes. Aún así -para marcar diferencias con la oposición-, los senadores del radicalismo y el socialismo presentaron un despacho por la minoría, alternativo al aprobado, con algunos de los instrumentos planteados por el PJ.

El radical Hugo Marcucci (La Capital) advirtió que hay un problema con la inseguridad en el país y el socialista Miguel Lifschitz (Rosario) dijo que Santa Fe “no es una isla”. Ambos coincidieron en que el fenómeno ha recrudecido últimamente. Destacaron que -contra lo que ocurría en Santa Fe- se ha incrementado el número de operativos y las cantidades de drogas incautadas por la policía.

“Mientras fuimos oposición nunca se nos ocurrió declarar la emergencia, en primer lugar porque eso es dar un régimen al Ejecutivo de excepciones para realizar compras directas, en lugar de licitaciones”, dijo el santafesino.

Entre otros justicialistas, le respondió Rubén Pirola (PJ-Las Colonias). “Brindamos estas herramientas porque no queremos más excusas”, dijo. Y aseguró que el aumento de los casos de inseguridad se deben a la falta de políticas oficiales. Puso un ejemplo: en el libro del Plan Estratégico sólo existe una página dedicada al tema.

Primer paso para una moratoria

El senado aprobó un régimen de regulación tributaria, que presentó a sus pares el senador por La Capital Hugo Marcucci (UCR-La Capital), cuyo objetivo es “facilitar el acceso al pago de las deudas que los contribuyentes mantienen en referencia a distintos impuestos provinciales”.

El proyecto de ley con media sanción pasó a la Cámara de Diputados y comprende a las obligaciones sobre ingresos brutos, inmobiliario rural y urbano, sellos, aportes sociales ley 5110; contribución de mejoras, impuestos a las actividades hípicas, patente única de automotores, taza retributiva de servicios y aportes al Instituto Becario que no superen los cinco millones de pesos y estén devengadas hasta el 31 de julio del presente año.

El régimen comprenderá “todas las obligaciones omitidas por los gravámenes mencionados aun cuando se encuentren intimadas, en proceso de determinación, en trámite de reconsideración o apelación ante el Poder Ejecutivo o ante la Justicia o sometidas a juicio de ejecución fiscal”. Además, “las obligaciones fiscales que se regularicen por el presente régimen, se calcularán adicionando al monto del impuesto, tasa o contribución el 1% (uno por ciento) de interés simple mensual, calculado desde su fecha de vencimiento hasta la de su efectivo pago o formalización del convenio respectivo”.

Los senadores del Frente Progresista, Cívico y Social impulsaron la norma que contó con el apoyo del justicialismo. El Senado votó por unanimidad la iniciativa que tiene prevista una vigencia de 60 días para el citado régimen.

Se contempla una financiación hasta 36 meses, con cuotas que no serán inferiores a los $ 100 en el caso de los impuestos inmobiliarios y de $ 200 para el resto de los gravámenes y tazas mencionadas. En el caso de la cancelación de contado se procederá a una reducción de intereses y multas del 50%.

El tema llegó al Senado sin auspicios visibles de la Casa Gris. Lo plantearon los radicales primero y al despacho que ingresó al Senado antes del receso legislativo de julio se sumó luego la firma de Miguel Lifschitz (PS-Rosario), con lo que se confirmó que el proyecto no le disgusta al ministro de Economía, Ángel Sciara.

Si se considera que la Legislatura pasó recientemente su receso de invierno, puede decirse que en las comisiones la iniciativa lleva apenas un par de semanas. El texto en cuestión ingresó formalmente en la sesión del 12 de julio, justamente mientras se trataba la reforma tributaria que tiene en su agenda la Cámara de Diputados.

Alberto Crosetti (PJ-Belgrano) destacó su profunda satisfacción. La norma que impulsa logró -como en 2009- media sanción. Pero ahora tiene muchas más chances en Diputados. Foto: luis cetraro