coparticipación en conflicto

La plata que se fue por las AFJP

pero no volvió con la reestatización

Sin los pactos fiscales de principios de los ‘90, Santa Fe recibiría unos $ 3.100 millones al año que hoy se quedan en el gobierno central.

 

De la redacción de El Litoral

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Los recortes a la coparticipación federal y los mayores aportes de IVA o Ganancias al sistema previsional nacional se hicieron a nombre de emergencias y déficit que hoy no existen, según el propio relato del gobierno nacional.

Aquel esquema diseñado por Menem-Cavallo tuvo consentimiento de las provincias en los pactos fiscales; las provincias cedieron plata que les corresponde mediante “leyes convenio”; los descuentos hoy se prolongan unilateralmente desde el gobierno nacional, al menos en el caso de Santa Fe.

La Corte debe resolver el reclamo del 15 % de la coparticipación. Desde 2005, Santa Fe dejó de adherir al pacto fiscal, que por otra parte está vencido y perdió fundamento cuando el gobierno central reestatizó el sistema jubilatorio.

El recorte a las provincias era para financiar el pago de jubilaciones hasta que el sistema privado comenzara a dar frutos. Hoy, el gobierno nacional maneja los recursos acumulados por esa vía, sostiene que el sistema previsional se financia pero sigue descontando dinero de las provincias.

Según el análisis del Centro de Estudios y Servicios de la BCSF, “Santa Fe podría mejorar sus finanzas sin la deducción previa del 20% de ganancias y del 11% de IVA, establecidas para sostener el sistema previsional en 1991 y1992.

“Esto -evalúa- representaría para las provincias $ 19.264 millones adicionales a los que reciben actualmente y para Santa Fe significarían $ 1.662 millones anuales extras. En el mismo sentido, sin la deducción de la precoparticipación del 15% establecida en el pacto fiscal, las provincias recibirían $ 18.192 millones adicionales, a nuestra provincia le corresponderían unos $ 1.570 millones”.

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Concentración

En 2002, los ingresos totales del gobierno nacional representaban el 16,14 % del PBI del país, en tanto que los gastos totales de la administración central sumaban el 15,93 %. Pero completado el año pasado, la Casa Rosada acumuló el manejo del equivalente al 23,61 % del producto nacional, y gastó el 25,27 % de esa escala. Los números del informe del CES no revelan composición del gasto, pero dejan en claro que la administración central concentra cada vez más los recursos y la disposición de sus destinos.

Federal por derecho, unitario de hecho

Así parece ser el país hoy. Más allá de cómo usa el dinero el gobierno central, los números dan por evidente que concentra con la caja el poder, y eso no se compadece con la Constitución.

El derecho a cobrar impuestos es originalmente de las provincias, pero lo ceden al gobierno central en el marco de la organización nacional. Por imperio constitucional, la ley de Coparticipación está por encima de la voluntad política del presidente de turno.

Pero eso no es lo que sucede. Incluso cuando las provincias más ricas deben ceder más de lo que reciben en orden a un desarrollo equilibrado, es la norma la que debe regular las relaciones.

Y si hay que hacer correcciones, nuevos convenios con las provincisas y el Congreso de la Nación deberían ser el camino a seguir.