La Corte suma imputaciones

contra el defensor Ganón

Es por tratar de intervenir procesalmente en un caso, sin atribuciones. El Tribunal ya dictó un fallo en su contra en abril, y en breve podría pronunciarse sobre otros episodios. Volvió a remitir actuaciones a Legislatura para que analice su desempeño.

Desde su nombramiento, Ganón protagonizó varias polémicas con el Poder Judicial. Ahora, la Legislatura tiene que analizar la eventualidad de un pedido de destitución.

Foto: Archivo El Litoral

De la redacción de El Litoral

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La Corte Suprema de Justicia volvió a remitir a la Legislatura santafesina fotocopias de expedientes judiciales en los que se cuestiona el accionar del defensor General Gabriel Ganón, por pretender tomar intervención más allá de sus atribuciones, e incluso en contra de ellas. Se trata de un caso en el que pretendió actuar como defensor de un menor acusado de robo, cuando aún no está formalmente en funciones y, en caso de estarlo, estaría obrando en contradicción con ellas.

Según el informe judicial en que se basa la Corte, Ganón “había realizado diversas gestiones para ejercer la representación técnica de un menor de edad”, y, pese al rechazo del tribunal, apareció asesorando a uno de los coimputados, con lo que apareció “en situación de desobediencia, obstaculizando el proceso”.

El razonamiento del Alto Tribunal, haciendo propios los de un juez de instancia inferior, es que Ganón -quien en su momento apeló la decisión judicial que le impedía asumir la defensa del menor- no puede ejercer activamente como Defensor General en una causa, por cuanto “aún no se encuentra en funciones”, ya que el nuevo Código Procesal Penal aún no está en vigencia.

Asimismo, “no tiene prerrogativas para intervenir personalmente como defensor en los casos que estime conveniente” y, aún cuando ya estuviera plenamente en funciones, no podría hacerlo en el fuero de Menores, que se rige por otro Código.

En realidad, la Corte ya había dictado sentencia contra la intervención de Ganón en una causa (“Sandoval”, del 24 de abril pasado), donde dejaba sentados precisamente tales criterios: que todavía no está en funciones, que aún en tal caso él no puede tomar intervención directa (no integra el “cuerpo de defensores”) y que sus atribuciones, como el Código que las rige, refieren al juzgamiento de mayores de edad.

En el pronunciamiento dictado esta semana, la Corte, con las firmas de María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta, Eduardo Spuler, Roberto Falistocco, Rafael Gutiérrez y Mario Netri, entiende que la actuación de Ganón “poco ha coadyuvado a la defensa del menor allí involucrado, provocando un evidente dispendio jurisdiccional”. Por todo lo cual, y habida cuenta de que el Tribunal no tiene facultades disciplinarias sobre el defensor General -cuya actuación sí está sometida al control político de la Legislatura-, envió estos antecedentes a la comisión parlamentaria respectiva.

El caso viene a sumarse al expediente generado hace varios meses en contra del funcionario, en una cadena que podría tener dos nuevos eslabones en los próximos días, en caso de que la Corte se pronuncie sobre otros tantos episodios similares que tiene bajo estudio.

Más sobre jueces comunales

Por error, en la nota publicada ayer en la página 4 de El Litoral bajo el título “No se nombran jueces comunitarios y crecen las complicaciones del sistema”, se incluyó a la localidad de Providencia como una de las que carece de juez. Esta mañana, en diálogo con este diario, Graciela Colombano aclaró que se desempeña con ese cargo en dicho distrito desde hace 38 años; pero a la vez confirmó la situación crítica por la que atraviesa la justicia comunitaria. “Yo, además de ser jueza de Providencia, estoy a cargo del juzgado de La Pelada. Y cuando la jueza de María Luisa está de licencia o no puede prestar funciones por alguna razón, también me debo hacer cargo de los juzgados de María Luisa, Cululú, Santo Domingo, Progreso e Hipatia. No damos abasto. La situación es realmente de colapso”, manifestó.