Cambios en el sistema de salud

El gobierno subsidiará a las obras

sociales con $ 2.000 millones

De la Redacción de El Litoral

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DyN

El gobierno anunció que destinará un subsidio anual por un monto superior a los 2 mil millones de pesos para las obras sociales sindicales y rechazó las denuncias de Hugo Moyano para reclamar fondos atrasados por alrededor de 15 mil millones de pesos.

“La presidenta ha dispuesto otorgar un subsidio anual de más de dos mil millones de pesos para todas las obras sociales”, indicó la titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, Liliana Korenfeld en referencia al denominado Subsidio de Mitigación de Asimetrías (Suma).

La funcionaria agregó que también se pondrá en marcha el Sistema Unico de Reintegros (SUR) que reemplazará a la Administración de Programas Especiales (APE), a través de la cual se cubrían los tratamientos de complejidad de los trabajadores.

“Había 120 mil expedientes pendientes de análisis. Hubiéramos tardado 2 años y tres meses para poder analizarlos. Por esta situación, que estábamos tapados de expedientes y era humanamente imposible dictamos una disposición que creamos el APE residual, para trabajar en paralelo con la actual estructura”, explicó Korenfeld para describir la situación que afrontó cuando en marzo pasado asumió al frente de la Superintendencia de Salud.

De esta manera, la Superintendencia de Servicios de Salud separará los expedientes atrasados y aquellos que se hayan iniciado antes del 31 de diciembre de 2011 se analizarán en el denominado APE residual.

La funcionaria agregó que “a lo largo de los años el funcionamiento del APE ha perdido coherencia” y hasta señaló que esa situación generó que muchas obras sociales sean “APE- dependientes”.

Korenfeld subrayó que existen “asimetrías” que impactan en la distribución de los recursos para las obras sociales y, a su vez, en las situaciones financieras de algunos de los agentes del sistema de seguro de salud.

“Nosotros hemos planteado a la presidenta de la Nación esta situación buscando un equilibrio fundamentalmente, porque queremos apoyar, ayudar y consolidar a las obras sociales de nuestro país, y ella ha dispuesto otorgar un subsidio anual que va a distribuir entre todas las obras sociales más de 2000 millones, que significa casi el doble de lo que se distribuía por APE”, indicó Korenfeld.

El gobierno utilizará un tercio del Fondo Solidario de Distribución para el SUMA, y un 20 por ciento de esa partida representará un componente fijo que se destinará a todas las obras sociales de más de 5 mil afiliados, mientras que el 80 por ciento restante será para un componente variable que se repartirá de manera proporcional a la cantidad de afiliados.

Por otra parte, Korenfeld apuntó, sin nombrarlo, al secretario general de la CGT, Hugo Moyano, quien coordinó masivos planteos ante la Justicia con los titulares de las obras sociales de sus gremios aliados para reclamar el pago de los fondos de la APE atrasados.

“Desmentimos absolutamente todo lo que tenga que ver con que las obras sociales van a desaparecer, que el APE no funciona y que el residual se iba a utilizar como moneda de cambio”, dijo Korenfeld.

Será para compensar asimetrías. Se pone en marcha un nuevo sistema para los reintegros.

El gobierno subsidiará a las obras sociales con $ 2.000 millones

Liliana Korenfeld y Juan Manzur rechazaron el reclamo de Hugo Moyano por 15 mil millones de pesos. Foto: DyN

Moyanistas piden eliminar topes

Gremios adheridos a la CGT que conduce Hugo Moyano se movilizaron y realizaron hoy un acto frente a la sede del Inadi en reclamo de que se eliminen los topes en las asignaciones familiares.

Miguel Díaz, secretario General de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba) e integrante del Consejo Directivo de la CGT, dijo que “este es el primer paso para juntar el millón de firmas”, en referencia a la campaña lanzada por Moyano en respaldo a un proyecto de los diputados nacionales Facundo Moyano y Omar Plaini para eliminar topes en las asignaciones familiares.

Por su parte, Facundo Moyano, quien cerró el acto, remarcó que “este reclamo tiene que ver con los derechos de los trabajadores” porque “las asignaciones familiares, como el mínimo no imponible, están totalmente desactualizadas”.

Además, el diputado exigió que “es función de los legisladores reglamentar el derecho de los trabajadores para que participen en las ganancias”.

Previo al acto, integrantes de los gremios adheridos a la CGT de Moyano ingresaron al Inadi, donde hicieron denuncias para que el organismo gestione, a través de los gobiernos provinciales, la eliminación de los topes en las asignaciones familiares.

“Si tenés dos hijos perdés el 10% del salario mensual”, señaló Díaz sobre el reclamo, en diálogo con Télam.

Recibo digital

El Ministerio de Trabajo reglamentó una autorización para que los empleadores puedan emitir recibos de sueldo u otras formas de remuneración a través de formas electrónicas o digitales en reemplazo del soporte en papel. La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, dijo hoy que “la implementación del sistema para emitir recibos digitales, programa implementado en conjunto con el área informática y la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de esta cartera de Estado, garantiza el respeto por los derechos de los trabajadores”. Sostuvo que respeta las normas de la Ley de Contrato de Trabajo que rige la materia, y facilita a las empresas que están dotadas de los medios informáticos necesarios y que tienen un número de trabajadores que justifica la emisión del recibo digital. “Este avance, además, garantiza los derechos de los trabajadores preservados en la Ley de Contrato de Trabajo, para continuar avanzando en medidas, que tal como lo ha ratificado permanentemente la Presidenta de la Nación, fomentan el trabajo digno y registrado”, aseveró.

/// EL DATO

Aumentos de prepagas

El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, autorizó a las empresas de medicina prepagas a que aumentan sus cuotas un 7 por ciento, luego de dos meses de espera, que incluyó una desautorización del funcionario.

El porcentaje de aumento permitido está lejos de la inflación anual (entre el 20 y el 25 por ciento, según las consultoras privadas), de los aumentos obtenidos por los trabajadores del sector (clínicas, sanatorios, establecimientos geriátricos, psiquiátricos y entidades prestadoras de servicios de salud) en paritarias (25%) y a mitad de camino del 15% que pedían los empresarios.

La anterior suba autorizada por el gobierno fue del 5% y se aplicó desde el 1º de mayo, aunque las prepagas habían pedido un aumento del 5,5% en febrero. Ese aumento se había sumado al 9,5% aplicado en agosto de 2011 y a otro 9,5% que se cobró en diciembre de ese año.