EDITORIAL

La Justicia no se supedita a las mayorías

Los últimos días mostraron una secuencia de acciones impulsadas por gobierno nacional dirigidas a incrementar en volumen e intensidad las presiones sobre el Poder Judicial.

Con la premura impuesta por el vencimiento del plazo de la medida cautelar otorgada al grupo Clarín en la causa por inconstitucionalidad del artículo de “desinversión” de la ley de Medios, el kirchnerismo volvió a demostrar en los dichos y en los hechos su particular concepción sobre el rol de la Justicia y la división de poderes.

Después de fracasar en el intento de imponer a una funcionaria propia al frente del juzgado, y de forzar la dimisión del magistrado a cargo, el ministro de Justicia pidió a la Corte que resuelva lo que calificó como un “bloqueo” de los miembros opositores en el Consejo de la Magistratura para la designación del juez que debe resolver el caso, y presentó una denuncia penal contra ellos. Denuncia que también alcanzó a miembros de la Cámara Civil y Comercial, por la manera en que aplicaron el régimen de subrogancias. Como resultado, el cuerpo acabó dejando sin efecto el sistema de rotación semanal para cubrir la vacante, y colocando como subrogante “fijo” a un magistrado que ya falló a favor del gobierno en un planteo de Cablevisión.

Previamente, el gobierno había cuestionado a otros subrogantes, y finalmente puso en marcha un proyecto de ley para reglamentar el “per saltum”, herramienta legal que -tal como hiciera en su momento Carlos Menem- le permitirá reclamar a la Corte se avoque a la causa de manera directa, omitiendo la instancia de la Cámara de Apelación.

La intensidad de la movida no pudo pasar inadvertida para el máximo tribunal del país, cuyo presidente otorgó mayor énfasis que el habitual a su discurso ante la Conferencia Nacional de Jueces, para subrayar que el Poder Judicial no cederá a las presiones “del poder”; pero en el proceso admitiendo su existencia.

La inocultable y desgastante pulseada que se abre en esta instancia se inscribe en la manera en que el gobierno ha venido intentando manejar a la Justicia a su conveniencia, usando al Consejo de la Magistratura -organismo al que reformuló para ganar peso relativo en él- como herramienta para regular nombramientos y amenazar con trámites de destitución, o embistiendo públicamente contra los jueces que se pronunciaron en contra de sus deseos. En cuanto a la propia Corte, a la que Néstor Kirchner cometió el error estratégico de integrar con miembros prestigiosos y escasamente permeables, optó por ignorarla y no cumplir con los fallos que le resultan inconvenientes.

Todo ello amparado la legitimidad de origen que concede el voto popular, pero que no siempre se traduce en legimitidad de ejercicio. O, en palabras del presidente de la Corte: “Las decisiones de las mayorías pueden ser inconstitucionales y violar los derechos fundamentales, y los jueces tienen que controlarlas”.