Críticas al gobierno

“No tanto ‘7D’ y un poco de ‘22F’ ”

Familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once reclamaron al menos una parte de la atención oficial que recibe la ley de Medios.

De la redacción de El Litoral

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DyN

Los familiares y amigos de las víctimas de la tragedia de Once reclamaron hoy al gobierno que se pronuncie sobre el siniestro que causó 51 muertos y más de 700 heridos, como lo hace sobre la Ley de Medios, y se quejaron por el estado “vergonzoso” que sigue teniendo el Ferrocarril Sarmiento a ocho meses del hecho.

“Que se den cuenta que así como los escuchamos todos los días hablando del ‘7D’, por el 7 de diciembre y su implicancia sobre las licencias de medios audiovisuales, nos gustaría alguna vez escucharlos sobre el ‘22F’ ”, en referencia al 22 de febrero, cuando ocurrió la tragedia en la terminal del tren Sarmiento.

Durante el acto, que comenzó minutos después de las 8.32, hora en que ocurrió el choque de la formación contra el paragolpe de la estación, los familires leyeron un documento y luego realizaron una suelta de globos negros desde el andén en memoria de las víctimas.

“Los familiares de las víctimas, y los heridos, seguimos esperando del Poder Ejecutivo de la Nación alguna palabra que nos permita saber que tienen conocimiento de lo ocurrido el 22 de febrero”, dijeron en el escrito y lo compararon con la permanente referencia oficial al ‘7D’.

El pedido remite a los constantes discursos de la presidenta Cristina Fernández y sus ministros en relación con el 7 de diciembre, día en el que el gobierno considera que debe entrar en vigencia plena la Ley de Medios, y la para los familiares nula mención a la tragedia ocurrida hace ocho meses.

En el texto, solicitan que no sean “palabras dichas para un grupo de obsecuentes”, sino “una verdadera reflexión que nos permita creer que la corrupción instalada durante años, que permitió gastar esta masacre, es considerada un enemigo público”.

“No queremos oír más el silencio de quienes han tomado la responsabilidad de velar por nuestros derechos”, sentenciaron los familiares.

Para Scioli también

El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, también fue blanco de las críticas de los familiares, quienes lo acusaron de mantener “un silencio” que los “lleva a pensar que lo sucedido no le suscita mayor interés, abandonando a su suerte a quienes debe cuidar”.

“Es necesario que el gobierno de la provincia a través de sus instituciones deje de hacer oídos sordos, nos escuche y salga del silencio en el que se sumergió desde el mismo instante en el que se perdió la vida de muchos bonaerenses, dejando a una multitud con la vida quebrada”, agrega el documento.

Además fueron contundentes al destacar que “es vergonzoso que a ocho meses de la tragedia los trenes continúan en las mismas condiciones deplorables de viaje, con cancelaciones y demoras cotidianas, con trenes obsoletos que ponen en riesgo permanente a la sociedad a revivir hechos como los del 22 de febrero”.

Los familiares celebraron una vez más el procesamiento de los ex secretarios kirchneristas de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y los empresarios dueños de TBA Claudio y Mario Cirigliano, y aseguraron que estarán “atentos a los pasos que dé la Justicia”.

Jaime y Schiavi fueron procesados por los supuestos delitos de “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público” por la falta de controles sobre la concesionaria y las condiciones en que prestaba el servicio, al igual el subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna, y el ex interventor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero.

Mientras que a los Cirigliano y sus directivos, Marcelo Calderón, Carlo Michele Ferrari, Carlos Alberto Lluch, Sergio Tempone y Jorge Álvarez se los acusa por los supuestos delitos de “asociación ilícita” y “descarrilamiento de un tren agravado”.

Jaime

La Cámara Federal porteña confirmó el rechazo al planteo de inconstitucionalidad que el ex secretario kirchnerista de Transportes Ricardo Jaime (2003-2009), su mujer, Silvia Reyss, y las hijas de ésta habían planteado sobre la investigación del presunto enriquecimiento ilícito de la familia. Fuentes judiciales informaron hoy que la resolución de la Sala Uno del tribunal de alzada ratificó lo que en su momento había dispuesto el juez federal que instruye la causa, Norberto Oyarbide, que hace tres años lleva esta causa y hasta ahora nunca citó a los imputados a declaración indagatoria.

/// EL DATO