Registro Único de Operadores
Más control del gobierno nacional
sobre la cadena agroalimentaria
Habrá equipos técnicos de fiscalización sobre movimientos y documentación de mercados de granos, carnes y lácteos.
De la redacción de El Litoral
DyN
Las autoridades agropecuarias profundizarán los controles y requerirán nueva documentación técnica para autorizar la operación de las empresas que comercialicen y/o industrialicen alimentos y que deberán estar inscriptas en el Registro Único de Operadores de la Cadena Agroalimentaria.
La medida fue dispuesta por el Ministerio de Agricultura, a través de la resolución 1052, publicada ayer en el Boletín Oficial con la firma del titular de la cartera agropecuaria, Norberto Yauhar. A través de lo establecido por Agricultura, los operadores anotados en el mencionado registro deberán “acreditar toda la información” que será requerida oportunamente por las autoridades de control a instancias de los procedimientos de fiscalización a desarrollar “por un equipo técnico” dependientes del Ministerio de Agricultura.
Durante el desarrollo de las tareas de control, verificación y/o fiscalización, el equipo técnico podrá requerir documentación adicional y aclaratoria de parte de las empresas controladas, cuyo plazo de presentación no podrá exceder de los cinco días corridos.
Según lo dispuesto por Agricultura, la autoridad competente podrá resolver si aplica o no una medida cautelar, propuesta por la Decisión Administrativa 659 del 8 de agosto de 2012 y contará con un plazo máximo de diez días para elaborar un “Informe técnico” evaluatorio, el cual podrá ser objetado en lapso de cinco días.
Dentro del Régimen de Información establecido, los operadores deben remitir información detallada sobre Mercados de Granos, tales como detalle de movimientos y existencia física de los granos con destino al mercado interno o externo, y otros detalles como certificados de depósitos, compra-venta-liquidación, retiro o transferencia, y Cartas de Porte Emitidas y Recibidas, entre otra documentación. Para el caso del Mercado de Carnes, se solicitará los listados de matanzas bovina, y de la faena y producción de carnes porcina, ovina, equina, caprina y aviar.
También se requerirá precios de hacienda con destino a faena e información de pagos obligatorios por parte del IPCVA. En el Mercado de Lácteos, los equipos técnicos y de control podrán solicitar datos del tambo y de actividad inscripta del mismo, además de cantidad y calidad de la leche comercializada.
Dólares
La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, ingresaron divisas por 335.764.218 dólares, por negocios concretados durante la semana anterior. Según se informó, el monto liquidado desde el 2 de enero de 2011 hasta el 26 de octubre pasado es de 19.838.617.204 dólares, por exportaciones de ambos rubros. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial.
/// el dato
Un grande dado de baja
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dio de baja del registro fiscal de exportadores de granos a la cerealera multinacional Bunge, a la que le reclama por diferentes conceptos una deuda impositiva por 1.800 millones de pesos.
“Es un contribuyente que no tiene buena reputación fiscal”, enfatizó el titular de la Afip, Ricardo Echegaray, al dar detalles sobre las causas que motivaron esta decisión, tras suscribir un convenio con el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para la utilización de la firma digital.
El funcionario aclaró que Bunge “adeuda unos 1.800 millones de pesos producto de evasión en operaciones de triangulación con una zona franca de Montevideo, Uruguay. Detectamos que fueron productos que se cosecharon en Argentina, se utilizó transporte argentino, y se trasladó por carreteras argentinas, para luego ser vendidas al exterior”, indicó Echegaray.
Añadió que del total, unos 600 millones de pesos corresponden a una deuda que se originó por “haber preanotado productos, en tiempos de intercambio de alícuotas, para pagar menos impuestos y que luego se comprobó que no estaban comprados y ni siquiera cosechados”.
Echegaray también acusó a la compañía de “utilizar facturas apócrifas para reclamar la devolución de IVA”. Aclaró que al darle de baja del registro la empresa deba pagar recargos sobre las alícuotas de IVA y retenciones que abona. El funcionario afirmó que si la compañía “regulariza su situación podrá iniciar su trámite para el ingreso nuevamente al registro”.‘
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