Tras la liberación

Tognoli seguirá siendo investigado

La fiscal del caso dijo que “aún queda mucha prueba por rendir”. El juez Vera Barros seguirá la pista de las escuchas telefónicas que aportan indicios sobre la conexión del narcotráfico y la Policía provincial y la Federal.

Germán de los Santos

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Corresponsalía Rosario

A las 8.30 de la mañana Hugo Tognoli, ex jefe de la Policía de Santa Fe, ingresó a los tribunales vestido de traje oscuro, con una carpeta en el brazo derecho, y enfiló directo al despacho del juez federal Nº 3 Carlos Vera Barros. Esta vez, a diferencia de cuando lo trajo detenido la TOE el lunes 22 de octubre, ingresó por la puerta principal de rejas coloniales. Un día después de que el magistrado le dictara la falta de mérito, Tognoli terminó la diligencia judicial que le devolvió la libertad, aunque seguirá bajo la lupa de la Justicia Federal, como señaló la fiscal Liliana Bettiolo, quien advirtió que “aún queda mucha prueba por rendir” en el expediente Nº 282/12A. El juez no encontró hasta ahora pruebas de peso para procesar al comisario, aunque existen indicios que “constituyen un obstáculo” para dictar el sobreseimiento, como solicitó el abogado defensor Eduardo Jauchen. Hoy a la mañana la defensa de Tognoli pidió la anulación de todo el proceso, algo que el magistrado aún no había empezado a estudiar.

La causa

Tognoli quedó en libertad después del mediodía de ayer, luego de que Vera Barros firmara la falta de mérito para el ex jefe de la Policía, que quedó imputado a partir de dos elementos de la causa que fueron publicados el viernes 19 de octubre en Página 12, que planteaban la hipótesis de una supuesta “connivencia (de Tognoli) con la actividad del narcotráfico”.

En la resolución judicial, a la que tuvo acceso El Litoral, Vera Barros señala que hay dos puntos del expediente que complicaban a Tognoli. Uno es como le adjudicó la fiscal haberle facilitado al supuesto narcotraficante Carlos Ascaíni, de Villa Cañás, la información de que los vehículos que lo perseguían en el mes de noviembre de 2009 eran de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La consulta que se hizo el 25 de noviembre al Registro Nacional de Propiedad Automotor pertenecía a la “Dirección General de Prevención y Control de Adicciones-Hugo Tognoli”. Según la imputación de la fiscal, esto “motivó la frustración de la investigación llevada a cabo por dicha fuerza de seguridad, colaborando de ese modo en la impunidad y continuidad de la actividad delictiva de Ascaíni”.

En la indagatoria, Tognoli explicó cómo era la “modalidad” de trabajo en relación a la solicitud de esas claves. Dijo que como titular de Drogas solicitaba las claves al registro, y que después “se recepcionaba un sobre que era abierto por la Secretaría General, cuyo jefe era el comisario mayor Juan Eloy, y era entregada a los destinatarios para quienes se las había solicitado”. “Esa nota venía con un nombre de usuario a quien el responsable le colocaba una contraseña de su conocimiento personal para poder acceder a la base de datos”.

Lo que favoreció a Tognoli en este punto del expediente fue la declaración del comisario de la seccional 2ª Néstor Fernández, detenido el viernes y excarcelado el domingo, quien “reconoció como propia la firma obrante en el acta del código de usuario segu210183”. “Lo declarado por Tognoli en relación a la consulta sobre el dominio que oportunamente se le imputara, resulta concordante con las probanzas colectadas”, dice el juez Vera Barros en los considerandos del fallo. Según fuentes judiciales, Fernández estaría aún más complicado en el caso, y se prevé que vuelva a ser llamado a declarar.

Las escuchas

El otro elemento que seguirá siendo investigado y en el que aún existen dudas en el Juzgado Federal son las escuchas telefónicas entre supuestos narcos, policías y la titular de un cabaret. En el fallo, donde se transcriben parte de las escuchas, se hace hincapié en los indicios que existen aún sobre la supuesta complicidad entre narcos y uniformados. Entre ese material existe una desgrabación en la que Ascaíni le dice a sus interlocutores que nadie de la Policía provincial se iba a meter con ellos porque ante cualquier contratiempo lo arreglaba con un “simple llamado telefónico”.

Tognoli es mencionado en un mensaje de texto enviado por el comisario mayor (retirado) Oscar Ledesma a una mujer identificada en la causa como Nilda Luques, que regenteaba un prostíbulo en Venado Tuerto y habría consultado al uniformado a quién comprarle cocaína y dónde pedir protección. Ledesma respondió por SMS: “El de Cañás es Ascaíni y el de Villa Cañás 30.000 directo con Tognoli”.

Pero más allá de este SMS y de Tognoli el magistrado considera que las escuchas dejan indicios de la complicidad de la Policía santafesina y la Federal con narcos del sur provincial. Y hasta surgieron hipótesis que apuntan a que parte de la droga que se vende en Rosario proviene del cluster de narcos de Venado Tuerto y Villa Cañás, donde, según sospechan en el juzgado, había protección para moverse con tranquilidad. Fuentes judiciales afirmaron que no es una casualidad que “todos los procedimientos de drogas en estas localidades del sur provincial son de calle. Es decir, que previamente no se judicializan y sólo se piden órdenes cuando está todo acabado”, reconocieron.

Repercusiones políticas

Tras la liberación de Hugo Tognoli, las reacciones que provinieron de oficialistas y opositores ratificaron las posturas que cada sector había asumido desde que comenzó el escándalo con la detención del ex jefe de policía: el oficialismo reiteró que se trató de una “operación” mediática y política para complicar a la gestión socialista; y la oposición, insistió en que lo sucedido es parte de un proceso judicial, y que el gobierno de Antonio Bonfatti sigue sin atender -y resolver- el problema de fondo, que es el narcotráfico.

Con esa lógica se manifestaron Alicia Ciciliani (PS) y el legislador justicialista Eduardo Toniolli. Con la liberación del ex jefe de policía, “se cae la maniobra orquestada del kirchnerismo para perjudicar al socialismo”, manifestó la diputada nacional. “En la figura de Tognoli -expresó- intentaron demostrar que el Frente Progresista de Santa Fe estaba vinculado con la policía; se trató de una maniobra perversa y de una irresponsabilidad muy grande”, planteó.

El legislador justicialista, en tanto, entendió la liberación del ex funcionario judicial como parte de “la dinámica judicial”, y aseguró que se deberán investigar otras denuncias contra el ex jefe de la Policía santafesina. “Nos preocupa que durante todo este tiempo el Ejecutivo provincial haya querido desprestigiar la causa”, comentó. Y volvió a pedir la reacción del gobierno socialista, para que se envíe a la legislatura una ley que reforme profundamente la institución policial.

Agustín Rossi, por su parte, volvió a ser crítico con la actitud del gobierno socialista.

“La verdad es que esta idea que ha surgido por parte de los funcionarios provinciales tratando de reducir todo a una campaña mediática y con la sensación de que acá no ha pasado nada, me parece que ubica nuevamente al gobierno provincial lejos de poder resolver el problema”, expresó.

Rossi prometió su apoyo al gobierno si es que realmente quiere asumir la responsabilidad que le corresponde para combatir realmente el narcotráfico. “De lo contrario -advirtió-, estaremos haciendo lo que hay que hacer: decirle al gobierno de la provincia que cumpla con el mando constitucional de darle seguridad a los santafesinos”, agregó.

A su criterio, el caso Tognoli fue siempre “la punta de un iceberg, una causa y un elemento que podía tener la contundencia necesaria como para producir un avance y hacer retrotraer todo lo que está haciendo el narcotráfico en la provincia de Santa Fe”, concluyó.