Desde la Cámara de Diputados

Presentan la campaña nacional

contra la violencia institucional

Dirigentes del Movimiento Evita motorizan la iniciativa en diferentes distritos. Se suma en Santa Fe el defensor general Gabriel Ganón.

De la redacción de El Litoral

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Para las últimas horas de esta jornada, en la Cámara de Diputados de la provincia se anuncia el lanzamiento de la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, iniciativa que ya ha sido presentada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Cuenta con el patrocinio y la colaboración de legisladores nacionales y provinciales, funcionarios del Poder Judicial, así como la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, y el presidente del Cels, Horacio Verbitsky, entre otros.

El objetivo de la campaña es visibilizar y erradicar la violencia ejercida por representantes de las fuerzas de seguridad que generalmente tiene como víctimas a los jóvenes de los barrios humildes. La campaña funcionará a través de la recepción de denuncias, la difusión de derechos ante procedimientos de detención, la elaboración de estadísticas, y actuará ante casos de apremios, detenciones ilegales o torturas; e incluirá la participación de profesionales, estudiantes universitarios, militantes territoriales o cualquier interesado en abordar este flagelo y colaborar con su erradicación.

Del acto participarán, entre otros, el diputado nacional del Movimiento Evita e impulsor de la campaña nacionalmente, Leonardo Grosso; el diputado provincial y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara Baja, Eduardo Toniolli; el defensor General de la provincia de Santa Fe, Gabriel Ganon; la directora del área Justicia y Seguridad del Cels, Paula Litvachky; y familiares de víctimas de la violencia institucional.

Precisamente, Toniolli señaló que “la violencia institucional es un flagelo a erradicar desde el Estado con una clara y férrea conducción política de las fuerzas de seguridad. Además de esa actitud de firmeza, es necesario crear las herramientas que erradiquen los apremios policiales, las torturas y los abusos, de los que generalmente son víctimas los jóvenes más humildes, que a causa de prejuicios muy instalados socialmente, terminan permeando el accionar de distintos agentes del Estado”.

Para el legislador provincial, “los últimos acontecimientos en la provincia de Santa Fe indican que se hace imprescindible una reforma policial integral, que aborde -entre otras- esta problemática, y construya herramientas como la Policía Judicial, un cuerpo especializado en investigación criminal, que además permitirá controles cruzados entre las fuerzas de seguridad”.

De Rossi

Litvachky participó ayer en Rosario de la charla “debates necesarios sobre seguridad pública con el diputado nacional Agustín Rossi y el experto en políticas de seguridad pública, Alberto Binder. En ese marco, el jefe de los diputados nacionales kirchneristas recordó que hace cinco años “vengo planteando que no alcanzan las estructuras burocráticas para resolver el problema del delito y el crimen organizado. Se necesita una clara conducción política de las políticas de seguridad. Si la política no conduce, las líneas de acción las termina imponiendo la policía”.

Recordó que fue “el primero que propuso terminar con el paradigma de la policía única, creando policías dedicadas específicamente a la prevención del delito. Esto facilitaría la conducción política de la fuerza policial y una mayor descentralización operativa para combatir el delito en el territorio”.

Tras repasar una serie de propuestas formuladas en materia de seguridad señaló que “nadie mínimamente informado puede desconocer la vocación que siempre tuvimos por aportar ideas y soluciones. Pero es muy difícil ayudar a un gobierno provincial sin ninguna autocrítica, que ratifica el status quo e insiste en los lineamientos políticos que han demostrado su fracaso en lo que respecta a la inseguridad”.

Presentan la campaña nacional contra la violencia institucional

Eduardo Toniolli.

Foto: El Litoral

Narcos

El vicepresidente de la Comisión de Seguridad de Diputados, Maximiliano Pullaro (UCR) dijo que la comisión “se constituyó como un espacio de debate y trabajará sobre proyectos relacionados a las instituciones de seguridad. Creo importante que la comisión tenga un rol proactivo y contribuya a que los vecinos se animen a realizar denuncias, respaldarlos, y cuando sea necesario acompañarlos a la Justicia”.

El legislador valoró “la decisión de la Cámara de abordar la inseguridad a través de una comisión; es un paso adelante. El desafío que tenemos es colectivo, y también implica reconocer que muchas veces la policía parece ser parte del problema y no de la solución. Por eso, tenemos que convocar una mesa de diálogo y lucha contra el narcotráfico, lo que implica un esfuerzo compartido entre Nación, Provincia, Justicia federal, intendentes, presidentes comunales, concejales y legisladores, que sin mezquindades ni sectarismos debemos combatir el flagelo de la droga”.

/// EL DATO

Elección de jefes de comisarías

La diputada Silvia de Césaris (Producción y Trabajo) presentó un proyecto de ley donde propone un sistema de designación de autoridades policiales a través de la elección, en forma obligatoria, que realicen los ciudadanos de los departamentos, municipios y comunas de la Provincia, según la jurisdicción de la autoridad a elegir, exceptuando a los jefes de las Unidades Regionales I y II correspondientes a los departamentos La Capital y Rosario, respectivamente.

Los electos durarán en sus cargos cuatro años pudiendo ser reelectos por una vez, según la propuesta.

La legisladora explicó que una norma similar existe en la provincia de Buenos Aires.

“El motivo primario por el cual pretendemos adoptar este nuevo sistema de designación se sustenta fundamentalmente, en la demanda del pueblo de lograr que el policía tenga el adecuado control social del ciudadano. Es por ello que un requisito primordial que hace a la esencia del proyecto es que los postulantes a los distintos cargos electivos tengan una residencia mínima de dos años, dentro de los últimos, en la jurisdicción correspondiente, con el doble objetivo de conocer suficientemente el medio en el cual se desarrollará su actividad profesional y que el vecino conozca directamente al encargado de brindarle prevención y seguridad”, explicó.

Presentan la campaña nacional contra la violencia institucional

Maximiliano Pullaro.

Foto: El Litoral