Pertenecía a la Brigada de Orden Urbano
Acusan por estafa a un policía que pagaba para no trabajar
Juliano Salierno
La investigación por irregularidades en el cobro de adicionales, en la Brigada de Orden Urbano de la Unidad Regional Uno, dejó al descubierto un caso que bien podría calificarse de burdo, por lo grosero y difícil de justificar. Un suboficial principal, con más de 20 años de servicio, fue sorprendido en pleno procedimiento cuando fue a llevar la plata que supuestamente había arreglado con su superior, para que le perdonara las faltas por no presentarse a trabajar.
“Vengo a pagar a Franco los $ 1.000”, habría sido la frase que el personal de Asuntos Internos le escuchó decir al hombre el 10 de octubre pasado, cuando fueron allanados un departamento particular -donde vive uno de los imputados- y la central del BOU que se encuentra en la terminal de colectivos.
El caso del suboficial principal fue una ramificación de la investigación principal. En el Ministerio de Seguridad se le abrió un sumario administrativo a cargo de la División Judicial, pero hasta hoy no había sido puesto en disponibilidad; aunque en los tribunales locales fue indagado por el supuesto delito de “estafa” agravada por ser contra la administración pública.
La maniobra consistía en pagar una parte de su salario a cambio de que no informen sus faltas y directamente no asistía al lugar de trabajo para dedicarse a manejar un vehículo de repartos.
El funcionario con más de dos décadas de antigüedad llevaba unos tres meses practicando la modalidad. Al momento de descubrirse la maniobra “llevaba pagados dos meses y cuando iba a pagar lo que le quedaba lo interceptaron en el domicilio de uno de los imputados”, confirmaron fuentes tribunalicias.
Fueron liberados
Ese día fueron arrestados cinco policías, entre ellos los jefes de la Brigada de Orden Urbano y de la Agrupación Cuerpos del departamento La Capital. Tres días más tarde, Asuntos Internos arrestó a tres mujeres policías, también vinculadas con el caso.
Los ocho funcionarios, de diferentes rangos y jerarquías, fueron indagados por el irregular manejo de los adicionales y se les atribuyeron los delitos de “asociación ilícita, extorsión y peculado”.
El juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, recibió las actuaciones a mediados de octubre y les tomó declaración indagatoria el 16 del mismo mes. El lunes 22 de octubre decretó la libertad de las tres mujeres y de los hombres el viernes 26.
El Ministerio de Seguridad ordenó el pase a disponibilidad de los ocho implicados hasta tanto se resuelva su situación procesal. Según se informó oportunamente la investigación surge de denuncias del personal, que acusó a sus jefes y pares por supuestas irregularidades en la administración de Servicio de Policía Adicional (SPA) y Horas de Servicio Policial Extraordinario (Hospe), que estaban a cargo del BOU.
Al parecer un gran número de efectivos de la Brigada no hacían tareas normales a pesar de cobrar su sueldo regularmente; en cambio, eran destinados a servicios especiales que debían rendir ante su jefe.
Reparto de tareas
Durante los allanamientos se secuestró una importante suma de dinero en efectivo en la sede del BOU, y se incautaron agendas, teléfonos, libros de guardia y computadoras, entre otros. También se tomaron más de 200 declaraciones sumarias a efectivos de la fuerza que en su mayoría confirmaron la situación irregular.
En la división de tareas, el comisario Franco aparece como la cabeza visible de la operación ilícita. Por su rol de superior inmediato, la Justicia le endilga al comisario Héctor Méndez no haber controlado dicho accionar. Mientras tanto, los subalternos tenían la función de recaudar y hacer la labor administrativa en la que se llevaba un estricto control de pagos. Las mujeres habrían estado a cargo “de la parte organizativa”, como la administración de los libros donde quedan registradas las horas y tareas del personal. Los hombres, llamados “tutores” en la jerga policial, eran los responsables de recaudar para la corona.
El caso es un derivado de la investigación de Asuntos Internos por el manejo irregular de los adicionales del BOU. En la misma causa recuperaron la libertad todos los imputados.
Ocho funcionarios están acusados por “asociación ilícita, extorsión y peculado”. foto: archivo el litoral
“Arbitrariedad y parcialidad”
A propósito de las acusaciones que recaen contra el jefe de la Brigada de Orden Urbano, Darío Alejandro Franco, su abogado personal, el Dr. Romeo Díaz Duarte anunció que “vamos a hacer una serie de planteos por irregularidades en todo el proceder policial”. Además cuestionó “la arbitrariedad y la parcialidad puesta de manifiesto por el organismo que investigó preventivamente que se denomina Dirección de Asuntos Internos”.
Para Díaz Duarte quienes investigan el caso “han tomado desde 2012 para adelante y si esto ocurrió como dicen, proviene desde la creación del BOU, lo que significa que han hecho la vista gorda y esto denota que responde a una maniobra política que pretendía desestabilizar”, acusó.
Por otra parte, la defensa del jefe del BOU confirmó que sus clientes todavía “están imputados” y que “en este momento la situación procesal no ha sido resuelta”. “Franco ha obtenido la libertad bajo una caución de 50 mil pesos que fijó la fiscal Mariela Jiménez”, confirmó el abogado defensor Romeo Díaz Duarte la semana pasada. Otro de los uniformados al que representa “recuperó la libertad tras fijar fianzas de $ 10.000”.
En tal sentido adelantó que “voy a pedir una serie de medidas. Primero la investigación para atrás, porque el comisario Franco cuando se hizo cargo en diciembre 2011 no tocó la estructura ni introdujo modificaciones ni en el personal ni en la parte funcional del BOU, sino que siguió sentado en la silla de sus predecesores, respondiendo a órdenes superiores que están escritas; eso lo dijo en su defensa y lo vamos a refrendar”.
Los delitos.
Los ocho policías fueron indagados por “peculado”, referido a cuando un funcionario público emplea en provecho propio o de un tercero un servicio público; “extorsión”, ya que habría existido un régimen de cobro quincenal de la plata de los adicionales bajo amenazas de diferente calibre; y “asociación ilícita”, se daría por el entramado de relaciones y acciones que posibilitaron la comisión de delitos que afectan el orden público.
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