Conflicto por las tierras
Volvieron a suspender un desalojo
Por segunda vez, la Justicia desistió de la utilización de la fuerza pública para desocupar un campo de El Palmar. Desde Federación Agraria plantean el cese de estas medidas y postulan la consideración de la tierra como “bien social”.
Verónica Curti, la coordinadora de Juventud de FAA de Villa Minetti, planteó la necesidad de frenar la expulsión de los pequeños productores durante 5 años. Foto: Corresponsalía Tostado
Eloy Rodríguez
Corresponsalía Tostado
El juez Comunitario de Gregoria Pérez de Denis, Federico Nicola, debió suspender por segunda vez consecutiva, el desalojo de un predio de El Palmar “por no contar con la fuerza policial suficiente para ejecutar la medida”. El campo ubicado Gato Colorado, departamento 9 de Julio, está ocupado por la familia Barberis, que resiste junto a otros pequeños productores y activistas rurales solidarios con la causa.
El magistrado llegó al lugar el viernes 2 de noviembre, donde lo aguardaban unas 40 personas, en su mayoría productores de la zona, que estaban detrás de la tranquera cerrada con candado y del humo de las cubiertas encendidas.
Nicola estaba acompañado por el comisario inspector José Luis Segovia, de la Guardia Rural Los Pumas quien advirtió que “los efectivos están obligados a concurrir desarmados”; y el oficial principal Diego Sandoval, de la Unidad Regional XII, este último a cargo de fílmar el procedimiento.
También se encontraba el Dr. Iván Bordón, abogado defensor de la familia Barberis y, fuera de los límites del predio, Aníbal Zancada, coordinador de los Bajos Submeridionales y el asesor político del Nodo Rafaela, Aníbal Leiva.
Resistencia pacífica
Una vez leído el oficio para llevar a cabo el desalojo (Expte. Nº 554/2011), ordenado por la jueza Civil de Tostado, el funcionario se encontró con la resistencia pacífica de los ocupantes. Entonces consultó con el comisario Segovia, para saber si contaban con capacidad operativa para realizar el desalojo, pero la respuesta fue terminante en cuanto al uso de la fuerza.
A pesar de disponer de hombres y armas, Segovia contaba con “directivas expresas de la conducción política provincial, a través de la Policía de la Provincia, de evitar el uso de la fuerza y encarrilar la situación por medio del diálogo y la negociación”.
Ante la persistencia de los productores de no abandonar el lugar, Nicola suspendió el desalojo, manifestando que será “la jueza la que decidirá los pasos a seguir”.
La primera postergación ocurrió el 30 de octubre pasado cuando el juez Comunal de Santa Margarita, Gastón Velazco, por enfermedad de su par Nicola, abortó la medida a causa de las intensas lluvias.
El desalojo se origina en un fallo de la Cámara de Apelación Civil de Rafaela que favorece al propietario, Juan Carlos Adrover.
Federación Agraria
Verónica Curti, coordinadora de Juventud de Federación Agraria Villa Minetti, manifiesta que “adherimos al proyecto de Ley de la Diputada Susana García (ver aparte), quien propone frenar los desalojos por el término de cinco años. Mientras tanto, a través de la movilización, evitamos los desalojos de pequeños productores que históricamente habitan estas tierras”, expresó la representante local.
“Estamos preocupados porque la problemática se extiende en el resto del país, llegando en muchos casos a represiones violentas con los asesinatos de pequeños campesinos” dijo Curti al corresponsal de El Litoral. “Luchamos por un Plan Arraigo para que los jóvenes se queden en su lugar de origen evitando el éxodo a las grandes ciudades”.
En cuanto a la situación de El Palmar, la dirigente manifestó que tomaron la decisión de “acompañar a la familia Barberis, mantenerse en alerta y usar todos los medios de negociación posible para que no sean echados del campo. En la mayoría de los casos se trata de familias de bajos recursos que viven de la agricultura familiar y de lo que producen. La tierra debe ser para quien la trabaja y no para aquellos que la concentran. Hoy los campos tienen mejoras gracias al sacrificio de las familias arraigadas en la zona y que ahora quieren usufructuarlas quienes no se ocuparon en su momento”, concluyó la representante de la FAA.
Tabacalero tucumano.
La Comisión Nacional de Tierras de la Federación Agraria Argentina denunció días atrás que el Banco Nación está intimando a pequeños productores tabacaleros de Tucumán y que la semana pasada ya ejecutó el remate de una finca de 2 hectáreas en el sur de esa provincia, por una deuda que se estaba cancelando. Se trata de un campesino tabacalero que vive en el campo en el que trabaja hace años, que había suscripto un plan de pagos con el BNA por una deuda histórica. Sin embargo, fue llevado a remate. “No vamos a permitir que haya más remates contra campesinos en nuestra provincia”, señaló Miguel Pérez, director de FAA.
/// el dato
OTRA MIRADA /// ESPECIAL PARA EL LITORAL
La tierra como bien social
Susana García / Diputada Provincial
Los conflictos sociales por la disputa de tierras rurales se están repitiendo con una violencia inusitada que no encuentra alivio y, menos aún, soluciones. Vemos cómo empresas privadas y grandes empresarios se apropian de las tierras, avasallando los derechos de propiedad y posesión de los pequeños productores.
La ausencia del Estado, en todos sus niveles, muestra la contracara más dura de la corrupción política, policial y judicial que avala las continuas usurpaciones de la propiedad.
A pesar de la existencia de normas jurídicas que amparan los derechos campesinos, existe una clara desprotección que los expulsa del modelo agrario. Desde el desconocimiento de sus propios derechos y la carencia de recursos económicos para llevar a cabo las tramitaciones que requiere la regularización registral, hasta las amenazas e intimidaciones, los pequeños productores encuentran vulnerados los derechos más elementales.
Es hora de que el Estado asuma la responsabilidad en cuanto al ordenamiento sustentable de la propiedad y uso de los recursos naturales, reconociendo los derechos de todos los argentinos al acceso equitativo de la tierra, el agua, la energía y, en definitiva, la garantía de poder desarrollarse en el territorio nacional. Para ello, resulta prioritario que el primer paso sea el respeto del derecho de posesión como instancia preliminar y primordial en los conflictos donde se tramiten instancias jurídicas.
Seguiremos acompañando a los pequeños productores y peleando por la ley que frene los desalojos para construir un desarrollo rural más inclusivo. Apelamos al compromiso político de todos los estamentos gubernamentales para buscar una solución a esta problemática que afecta a más de 10 millones de hectáreas en el país.
La raíz del conflicto por las tierras se halla en la disputa y control del espacio territorial. Para el agronegocio, la tierra es una mercancía para hacer negocios, para los pequeños productores y sus familias, la tierra constituye una forma de vida, una cultura, una historia compartida.
Siempre defendí el concepto de tierra como bien de uso antes que mercantil, la soberanía alimentaria y el medio ambiente porque, antes que bienes económicos, son bienes públicos y sociales que deben estar al servicio del bien común y ser regulados para que cumplan su función social.
