Vence el plazo previsto por la Ley de Medios para “desinvertir”
El gobierno ya cuenta con la ley de per saltum para presionar a la Corte
En una sesión especial y coronando un trámite express, los diputados kirchneristas sancionaron la norma que el gobierno quiere usar para apurar el desguace del grupo Clarín. “Se les puede volver en contra”, les advirtieron desde la oposición.
De la redacción de El Litoral
DyN
La Cámara Baja, con el voto del oficialismo y aliados, convirtió anoche en ley el proyecto impulsado por el Ejecutivo que reglamenta la utilización del recurso extraordinario del “per saltum” para acudir a la Corte Suprema de Justicia con el objeto de que el Máximo Tribunal intervenga en cuestiones consideradas como de “gravedad institucional”. El proyecto fue aprobado en la sesión especial pedida por el oficialismo por 135 votos afirmativos contra 95 negativos, sin que se registraran abstenciones.
El debate del “per saltum” llevó a la oposición a dividirse en seis propuestas distintas que se expresaron en sendos dictámenes: la UCR, el FAP, la CC-ARI y el PRO presentaron despachos de rechazo del proyecto oficial; mientras la peronista disidente Graciela Camaño, por un lado, y el Frente Peronista, con la adhesión de Jorge Yoma, propusieron textos alternativos.
La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, la kirchnerista Diana Conti, defendió la iniciativa al apuntar que “el per saltum viene a ser hoy un instrumento de defensa democrática” y aseveró que “lo estamos planteando como un recurso con características de excepcionalidad, recogiendo la mejor doctrina de nuestra Corte Suprema”. Pero, a la vez, aclaró que no será una competencia originaria del Tribunal, sino que se podrá invocar “por cuestiones de gravedad institucional”, tras lo cual explicó que esa situación debería ameritar una “solución expedita y necesaria” para evitar “perjuicios de muy dificultosa reparación ulterior”.
También admitió que no le “importa que a este per saltum se le ponga nombre y apellido” porque señaló “la ley de Medios es una ley democrática, en una doble concepción”, ya que fue sancionada por el Congreso Nacional con la previa realización de audiencias públicas y antes había sido discutida “a lo largo y lo ancho del país”.
“Armamento nuclear”
Mientras, el vicepresidente segundo del Cuerpo, el radical Mario Negri, rechazó la propuesta al advertir al kirchnerismo: “Lo que ahora les puede ser útil, puede ser la condena de ustedes cuando no estén en el gobierno”.
“Hay una pelea frenética por el control, el dominio de los medios” y estimó que desde el oficialismo “no reconocen el pasado, creen que la historia del país se constituye cuando ellos llegan”, reseñó.
El todavía oficialista Jorge Yoma, autor de otro de los dictámenes en minoría, se quejó de que se intente votar “a libro cerrado lo que viene del Senado” y señaló que “nunca la gravedad institucional fue un argumento para tutelar los derechos de los ciudadanos”.
El cordobés Ernesto Martínez (Fte. Cívico-FAP) le dijo al kirchnerismo que con la reglamentación del “per saltum”, “se le está otorgando a la Corte armamento jurídico nuclear” y vaticinó que “el tiro de gracia contra Clarín les va a salir pero se les va a volver en contra”.
El jefe de la bancada de la Coalición Cívica-ARI, Alfonso Prat Gay, expresó que no se está “legislando para el bien general, saquémonos las caretas, sino en contra del Grupo Clarín”.
A su turno, su par radical Ricardo Gil Lavedra, señaló que la propuesta del gobierno es “la ley Clarín, la Ley del 7 D” al indicar que la normativa no va en la línea “de la pluralidad de voces, es la voz de la gobierno”, porque se trata de “conformar un monopolio gubernamental de comunicación”.
Al cierre del debate, el jefe del bloque K, Agustín Rossi, sostuvo que “es difícil oponerse a este proyecto en términos técnicos” al recodar que distintos diputados de oposición impulsaron en diversas circunstancias “regular el instituto del per saltum”, y afirmó que “quienes dicen que la ley tiene nombre y apellido se equivocan completamente”, para reseñar un listado de distintos grupos económicos que deberían adecuarse a la normativa.
Movilización K
El kirchnerismo analiza convocar a sus militantes para el domingo 9 de diciembre (9-D) a un acto en la Plaza de Mayo o bien en el predio de Tecnópolis, en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y a Cristina Fernández, aprovechando que el lunes 10 se cumple un año del comienzo de su segundo mandato. La propia presidenta había definido al 10-D como una fecha relevante en la aplicación plena de la Ley de Medios, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Según revelaron diversas fuentes del kirchnerismo, la posible convocatoria incluiría una “vigilia con espectáculos en vivo, desde el domingo por la la tarde”, un acto que sería “sin exhibición de aparatos partidarios, sin confrontar con los caceroleros y con un estilo cultural similar al de los festejos del Bicentenario”.
Los informantes también señalaron que después del masivo cacerolazo del 8-N contra el gobierno nacional, habría perdido fuerza la postura más dura de los dirigentes de La Cámpora, como Andrés “Cuervo” Larroque y del partido Miles, como Luis D’Elía, quienes planteaban realizar una movilización el 10 de diciembre frente a los medios del Grupo Clarín. Una postura más “moderada”, que las fuentes aseguran fue impulsada por el titular del Afsca, Martín Sabbatella, apuntaría a evitar profundizar el enfrentamiento.
Oficialmente, tanto en el gobierno nacional como los principales dirigentes de Unidos y Organizados evitaron confirmar todavía la movilización, tanto para el 9 como para el 10-D argumentando que “hay que esperar a ver qué pasa el 7-D”, en alusión a si hay alguna novedad con una eventual prórroga de la cautelar que tiene en curso el Grupo Clarín o, en su defecto, si éste presenta o no un plan propio de desinversión. De lo contrario, afirman en el kirchnerismo, “Sabbatella se presentará el lunes 10-D personalmente y sólo acompañado por una escribana”, para “notificar” la aplicación de la Ley de Medios.
Según ratificó Sabbatella, el gobierno considera que el próximo 7 de diciembre vencen las medidas cautelares interpuestas por Clarín ante la Justicia, mientras se define la cuestión de constitucionalidad de dos artículos de la norma audiovisual, entre ellos el que establece la desinversión.
Claves de lectura
Qué es. El proyecto establece que se podrá aplicar el “per saltum” -es decir, la intervención directa de la Corte, sin necesidad de pronunciamientos de primera y segunda instancia- en causas de competencia federal que impliquen “notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria”.
Para qué lo quieren. La propuesta, aprobada en el Senado la semana pasada, fue impulsada por el kirchnerismo en un contexto de tensión generado por la cercanía del vencimiento de la medida cautelar (7 de diciembre) que suspendió dos artículos de la ley de Medios, que en el caso de uno de ellos obliga a los licenciatarios de medios audiovisuales a desprenderse de licencias que exceden el número permitido.
Cuando lo usarían. El gobierno acudiría a la Corte si la Cámara Civil y Comercial extiende la cautelar más allá del 7 de diciembre, o si el juez de primera instancia Horacio Alfonso se pronuncia en la cuestión de fondos y dicta la inconstitucionalidad de los artículos cuestionados (45 y 161). Si la Cámara no se pronuncia sobre la cautelar, el gobierno interpreta que estará en condiciones de licitar de inmediato las señales en las que Clarín está excedido.
Por qué es importante. El per saltum puede ser pedido por el gobierno, pero es la Corte la que decide si lo otorga o no. Por eso se interpreta que contar con la ley que lo regula le serviría al gobierno como un instrumento de presión sobre el alto Tribunal, que ya no podrá escudarse en el argumento de que tal instituto no existe en nuestro país.
