Los cien años de la ley Sáenz Peña
Rogelio Alaniz
La ley 8871 fue sancionada el 10 de febrero de 1912. Se la conoce como “Ley Sáenz Peña” en homenaje al presidente que tomó la decisión política de promoverla. Para algunos historiadores fue la ley más importante del siglo veinte. La afirmación es controvertida, pero sin duda que en la Argentina hay un antes y un después de la ley Sáenz Peña. ¿En qué reside su importancia? Amplió la participación política, puso punto final o limitó el fraude, incorporó al sistema a los nuevos partidos nacidos al calor de las transformaciones sociales y económicas de la primera década del siglo pasado. Si con la Constitución de 1853 se plasmaron los derechos civiles, la ley Sáenz Peña incorporó al cuerpo social los derechos políticos, es decir que a los derechos personales de los habitantes se sumaron los derechos políticos de los ciudadanos. La hipótesis alberdiana de transitar de la república posible a la república verdadera se hizo realidad en 1912.
Historiadores contemporáneos estiman que la ley Sáenz Peña expresa el pasaje de una hegemonía orgánica a una hegemonía pluralista o compartida. Según este punto de vista, la democratización promovida por la ley no cuestiona el modelo de acumulación económica dominante ni las pautas culturales que aseguraban la legitimidad del régimen. La matriz de dominación, entonces, se mantiene intacta; la disputa se da en todo caso en el interior del bloque dominante y los cambios políticos no alcanzan ni pretenden promover cambios que pongan en discusión el sistema de dominación.
Las hipótesis mencionadas son interesantes, seductoras e intelectualmente provocativas, pero no estoy seguro de que alcancen a explicar todo el proceso histórico. ¿Que la ley Sáenz Peña no cuestiona el sistema político de dominación? Eso es evidente y hasta obvio. Ahora bien: ¿había condiciones históricas, sociales o políticas para cuestionarlo? ¿Los radicales, los socialistas, es decir, los dos grandes partidos políticos de entonces, proponían cambios revolucionarios? Por otra parte: ¿era necesario proponerlos? ¿existía un actor social o un sujeto histórico que se propusiera impugnar aquello que funcionaba y funcionaba bien? ¿era necesario para ser revolucionario en 1910 cuestionar el modelo primario exportador cuya expansión había colocado a la Argentina entre los diez países mejor calificados del mundo? ¿acaso no fue Marx quien sostuvo que ninguna clase o partido debe proponerse tareas cuya realización histórica no está en el horizonte de lo posible? Por último; la democratización política, ¿no significaba en 1912 un avance histórico, la creación de un escenario favorable a las masas explotadas u oprimidas?
Insisto, las categorías teóricas son necesarias, y en más de un caso imprescindibles para interpretar los procesos históricos. Los problemas se presentan cuando los conceptos, en lugar de iluminar la realidad la oscurecen o la encandilan. O cuando el historiador se enamora más de sus categorías que del propio proceso histórico que debe estudiar. Se dirá al respecto que no hay posibilidad de estudiar la historia sin esos instrumentos teóricos, que no hacerlo es retroceder al positivismo en sus variantes más empobrecedoras. Puede ser, pero en todo caso habrá que discutir el alcance y la construcción de esas categorías, además de la capacidad o el talento del historiador para hacer un uso creativo de ellas.
Desde otra perspectiva política, historiadores que abrevan en las viscosas aguas del populismo y que cosecharon amplias plateas en los años sesenta, estiman que la ley Sáenz Peña fue una zancadilla histórica propiciada por el régimen para impedir que el radicalismo llegara al poder por vía revolucionaria. Rodolfo Puiggrós es uno de ellos. Según este punto de vista, la ley 8871 fue una maniobra de la oligarquía para entrampar al radicalismo en las redes del sistema. En la misma línea, no faltó quien postulara que la ley salió debido a una imposición de Gran Bretaña, cuyo embajador habría ordenado al presidente que legitimara el sistema electoral porque la inminencia de la guerra mundial exigía a los países vasallos de la Rubia Albión que tuvieran sus instituciones blanqueadas y en orden. Para los amigos de las hipótesis conspirativas, tan caras al nuestro nacionalismo vernáculo, la teoría de la imposición inglesa es muy seductora y, en más de un caso, irresistible, aunque, como sucede con la mayoría de estas teorías, suele adolecer de algunos vicios deplorables: no están probadas y no hay testigos o documentos que la hagan creíble. Dicho con otras palabras: son un disparate.
Desde su nacimiento, la ley Sáenz Peña fue controvertida. Para los conservadores de paladar negro, la decisión de Sáenz Peña fue irresponsable y su aplicación abrió el portón a la chusma radical que inició el ciclo de la prolongada decadencia nacional. Pero también sus supuestos beneficiarios, los radicales, la cuestionaron. Para algunos, la ley le impidió a la UCR tomar el poder por vía revolucionaria. ¿Qué entendían los radicales por revolución en 1912 y en qué consistían esas tareas revolucionarias?, más que una pregunta es la formulación de un misterio.
Algunas aclaraciones deben hacerse. En aquellos años, la palabra revolución era portadora de significados diversos y ambiguos. En principio, para Yrigoyen y sus seguidores, la palabra poseía un significado que poco y nada tenia que ver con lo que hoy las ciencias sociales definen como revolución. Las movilizaciones de 1890, 1893 y 1905 fueron calificadas como revoluciones, y así las rescata el folklore radical, pero en realidad se parecían más a asonadas cívico-militares, disputas internas entre diferentes fracciones del poder dominante -en un tiempo en el que el Estado nacional no había terminado de constituirse- que a movimientos revolucionarios orientados a transformar de manera drástica el orden económico y político vigente.
Para Gabriel del Mazo, la ley Sáenz Peña debería denominarse “ley Yrigoyen”, porque en realidad quien le dio su contenido fue el caudillo radical durante las sucesivas reuniones mantenidas con el presidente en la casa de su hermano Martín o en la del amigo común, Manuel Paz. ¿Fue así? Más o menos. Por lo pronto, da la impresión de que efectivamente existió algo así como un consenso entre Yrigoyen y Sáenz Peña alrededor de los contenidos de la nueva ley. Temas como el voto universal, secreto y obligatorio (masculino), se examinaron con atención. Lo mismo ocurrió con respecto a la confección del padrón militar y la representación de las minorías. Sin embargo, hubo un tema en el que las disidencias estuvieron a punto de hacer fracasar las negociaciones. Ello ocurrió cuando Yrigoyen planteó barajar y dar de nuevo. Concretamente, reclamó que se intervinieran catorce provincias para que la flamante ley se aplicara sobre un terreno liberado de la viciada legitimidad del régimen conservador. Sáenz Peña no dijo que no, pero como se dice en estos casos, pateó la pelota para adelante, sin dar una respuesta definitiva. Su muerte, en 1914, clausuró el tema y las elecciones de 1916 se celebraron en las condiciones institucionales impuestas por los conservadores, motivo por el cual, la UCR más que tomar el poder se integró a él y a las relaciones de fuerza impuestas por los conservadores durante todos esos años.
La otra propuesta de Sáenz Peña a Yrigoyen fue la de dos carteras ministeriales para pilotear en conjunto la reforma. Yrigoyen, como era de prever, rechazó la oferta, aunque se comprometió, con su clásica media palabra, a levantar la abstención y asistir a las elecciones.
¿Podía hacer otra cosa? Siempre en política -por lo menos en teoría- se pueden hacer otras cosas, pero un dirigente responsable sabe que toda decisión implica una serie de consecuencias de las que hay que saber hacerse cargo. Muchos radicales estaban más cómodos en la conspiración que corriendo los “riesgos” de la legalidad. Pero también eran muchos los radicales que consideraban que la abstención se estaba prolongado por demasiado tiempo y que ya era hora de presentarse a elecciones y ocupar cargos políticos.
Yrigoyen tuvo que lidiar con una fuerza política en un escenario donde el único punto de unidad era la lucha contra “el régimen falaz y descreído”, pero a partir de allí las disidencias se abrían en todas las direcciones Finalmente, autorizó, por ejemplo, a los radicales santafesinos para que se presentaran a elecciones, pero en 1916, fiel a su estilo, declinó más de una vez la oferta para ser candidato a presidente. Finalmente aceptó. ¿Cálculo político, impostación? Puede ser, pero no es menos cierto que Yrigoyen creía en lo que hacía y, por temperamento, hábitos de vida y convicciones morales, estaba más cómodo en la oposición que en el gobierno. En realidad, estos sentimientos eran contradictorios, porque también es verdad que muy pocos políticos en la Argentina exhibieron una vocación de poder tan amplia, intensa y obsesiva.
(Continuará)
