Cuestionamientos para el lugar de alojamiento
La Justicia exculpó a las empleadas del Centro Ana y José Fracchiola
El juez Luis O. Silva dictó la falta de mérito para la directora, la administradora y la preceptora de la institución. Se las acusó por vejámenes contra una nena discapacitada de 11 años, a la que contuvieron por la fuerza y le arrojaron agua.
Juliano Salierno
Tres empleadas del Hogar Ana y José Fracchiola, que el 8 de febrero redujeron por la fuerza y arrojaron agua a una nena discapacitada que atravesaba una crisis, fueron exculpadas por la Justicia que les dictó la falta de mérito provisoria y podrían alcanzar el sobreseimiento definitivo en poco tiempo.
La medida adoptada por el juez de Instrucción Tercera, Luis Octavio Silva, alcanza a la ex directora del Centro de Protección Integral para Niños y Adolescentes Ana y José Fracchiola, Carina V. Clusella; la administradora, Elvira Z. Yunis; y la preceptora, Vanesa G. Pase.
Las tres se desempeñan como empleadas de la administración pública bajo la órbita de la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y actualmente trabajan en otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Social donde fueron relocalizadas mientras se sustancia el sumario administrativo.
La resolución judicial dictada el 23 de noviembre plantea la “inexigibilidad de otra conducta frente al estado de necesidad exculpante” de las tres operadoras sociales, que a comienzos de años estuvieron al menos 5 días detenidas.
Por vejámenes
En ese entonces era juez de Instrucción Tercera el Dr. Néstor Troncoso, quien les atribuyó el presunto delito de “vejámenes”.
Un video casero, filmado por dos albañiles que se encontraban trabajando en una obra lindera con el Hogar Fracchiola de calle 25 de Mayo 3445, fue la causa del escándalo mediático y que trajo aparejada la condena social para las empleadas.
El registro data del 8 de febrero último, cuando en el patio de la institución las tres mujeres forcejearon con una nena de 11 años que atravesaba una crisis emocional.
Las imágenes daban cuenta por sí solas del trato desproporcionado, que “constituyen ostensiblemente un tratamiento inadecuado, denigrante y que afrenta el decoro de cualquier ser humano”, consideró el juez Silva en su resolución.
Sin embargo, el magistrado entendió también que “la actuación de las encausadas no puede atribuirse a una decisión libre sino a una situación extrema de fuerza mayor”, “eximiéndolas del reproche normativo”.
Lugar de riesgo
En la resolución judicial se detalla que la menor de 11 años -que padece un “retraso mental moderado”- había ingresado al Centro en abril de 2011. Desde ese entonces y hasta la fecha en que el caso tomó estado público, el personal del Centro había dejado constancia en los libros de guardia de las dificultades para contener a la niña en sus arrebatos. También los vecinos eran testigos de esos comportamientos y así lo reflejaban a su vez los antecedentes clínicos.
Aunque sin consecuencias aparentes para funcionarios públicos a cargo del centro, el juez Silva dejó sentada su posición en cuanto que lo ocurrido denota “el desborde de un alojamiento de riesgo cuestionado con el que debe lidiar y afrontar el personal del lugar, sin la capacitación adecuada” que en ese punto las exime de responsabilidad penal.
Respuesta oficial
“Sin dudas que era importante la decisión judicial porque en alguna medida, de ella va a depender la administrativa”, dijo hoy el Dr. Cristian Allende, subsecretario de Niñez Adolescencia y Familia. No obstante, destacó que “la investigación administrativa continúa” por lo que no se descarta que las operadoras sociales “puedan tener alguna sanción”.
Mientras avanzan los sumarios, las tres trabajadoras estatales fueron relocalizadas en otras dependencias del Ministerio de Desarrollo Social. “Ya no cumplen funciones en el área de Niñez”, aclararon.
Allende debutó en la escena pública con el caso de los supuestos vejámenes en el centro provincial “Fracchiola”. El funcionario hacía una semana que había asumido y hoy alcanza los nueve meses en el cargo.
A propósito, Allende reconoce que “este hecho fue un punto de inflexión que nos llevó a implementar un programa de cuidados alternativos mucho más rígido en instituciones” ya sean públicas o privadas. Y sostuvo que “la intención sigue siendo insertar en espacios comunes” a niños con “padecimientos subjetivos leves”.
Asimismo se requiere “mayor esfuerzo de parte del Estado para que esos niños se integren” señaló.
