La Justicia suspendió otro decreto presidencial
El predio de Palermo por ahora no cambia de manos
Los jueces de feria de la Cámara Civil y Comercial Federal, Francisco De las Carreras, Ricardo Guarinoni y Graciela Medina ordenaron suspender el Decreto 2552 mediante el cual Cristina Kirchner dispuso el 20 de diciembre último estatizar el predio ferial de la Sociedad Rural en Palermo.
Los camaristas resolvieron no dar a conocer oficialmente el fallo hasta el lunes próximo, cuando puedan “primero, notificar a las partes”. Como ocurrió con el caso de la Ley de Medios, el camarista De las Carreras informó que “no se pudo notificar a la Administración Pública” de la resolución tomada, por lo que lo harán recién el próximo lunes.
El predio continuará siendo propiedad de la Sociedad Rural Argentina hasta que termine el juicio de fondo en el que se discute si el decreto es válido. La Rural tampoco deberá desalojar el predio el día 20 de enero, como había ordenado el gobierno a través de una intimación a la entidad agraria.
Los tres jueces estuvieron reunidos durante toda la jornada y hasta las últimas horas analizando el pedido de medida cautelar que presentó la Sociedad Rural (SRA) para que se suspenda la aplicación del decreto que dispuso la nulidad de la venta del inmueble a la entidad.
Los magistrados estuvieron todo el día en el Palacio de Tribunales analizando la medida precautoria y la habilitación de feria reclamada por la Rural. La jueza Silvina Bracamonte rechazó la semana pasada el pedido de una medida cautelar efectuado por la entidad que dirige Luis Etchevehere para frenar el traspaso compulsivo del predio. La SRA apeló la decisión de la magistrada de primera instancia, pero este miércoles, en el inicio de la feria judicial, insistió en un nuevo pedido para tratar de evitar el traspaso del predio hasta que se resuelva el juicio que inició. En 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, el Estado vendió a la SRA el predio de Palermo -que la entidad ocupa desde fines del siglo XIX- a un precio de 30 millones de dólares.
En 2001, como consecuencia de la crisis, la entidad (adeudaba un saldo) no terminó de pagar lo que debía y comenzó a negociar con el gobierno nacional. En un dictamen oficial, el Onabe opinó que el precio de 30 millones estaba justificado por las restricciones para cambiar el destino del predio, pero en 2008 -tras la pelea del campo y la Casa Rosada- el Ejecutivo “comenzó a perseguir a la Sociedad Rural”, según denunció su titular, Luis Etchevehere.
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