Lesa humanidad

La causa Base Aérea se reanuda en febrero con más testimoniales

El Tribunal Oral Federal deberá escuchar a 48 de las 63 personas convocadas para declarar en el juicio, que tiene como principal imputado al ex militar Danilo Sambuelli.

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En total son siete los acusados -2 militares y 5 policías- por “privación ilegítima de la libertad agravada, vejámenes y tormentos” en el norte provincial.

Foto: Télam

 

De la Redacción de El Litoral

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El jueves 14 de febrero se reanudará el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el norte provincial, con eje en la III Brigada Aérea de Reconquista y la Jefatura de Policía del departamento General Obligado. Dos militares y cinco policías retirados están siendo juzgados por “privación ilegítima de la libertad agravada, vejámenes y tormentos”; imputación que incluye por primera vez en la provincia, casos de violencia de género y delitos sexuales padecidos por las víctimas.

El juicio que comenzó el 19 de noviembre del año pasado en el Tribunal Oral Federal de Santa Fe todavía tiene un largo camino por recorrer. En plena etapa de testimoniales -durante las primeras audiencias atestiguaron 15 de las 63 personas citadas- el tribunal programó el resto de la actividad para los próximos dos meses.

Si bien se trata de un cronograma tentativo, luego de escuchar a los 48 testigos que faltan, se llevarán a cabo a mediados de abril las inspecciones judiciales de los lugares de cautiverio, en la ciudad de Reconquista.

Los imputados

La causa “050”, como se la conoce por el viejo número de expediente, también llamada “Base Aérea Militar Reconquista”, tiene como imputados a Danilo Alberto Sambuelli, Jorge Alberto Benítez, Carlos Armando Nickisch, Rubén Vicente Molina, Eduardo Antonio Luque, Arnaldo Máximo Neumann y Horacio Osmar Machuca.

Los dos primeros eran militares que cumplían funciones de mando en la Brigada Aérea de Reconquista y los restantes, ex policías de la provincia, todos ellos actualmente privados de la libertad.

El tribunal que los juzga está integrado por José María Escobar Cello (presidente), Ivón Vella, Otmar Paulucci y Mateo Busaniche como cuarto juez.

Los demás actores son los fiscales Martín Suárez Faisal y Roberto Salum; los abogados de la querella, Lucila Puyol (Hijos -Santa Fe), Iván Bordón (Norte Amplio DDHH-Reconquista) y Pedro Dinani (Liga ADH); los defensores públicos Germán Artola y Fernando Sánchez (por Sambuelli) y los abogados particulares Luis Ferreyra Viramonte (Benítez), Gonzalo Miño y Mauricio Bonchini (Nickisch), Andrés Ghío y Oscar Vázquez (Neuman), Claudio Torres del Sel (Luque), Ricardo Degoumois (Molina y Machuca).

“Testimonios fuertes”

Uno de los principales referentes de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, Héctor Raúl Borsatti, reconoció esta semana que si bien “falta declarar el grueso de los compañeros”, “estamos muy conformes con las testimoniales” que “hasta ahora fueron muy precisas y contundentes”.

Él mismo está citado para declarar el martes 26 de febrero, por lo que hasta ahora no pudo presenciar las audiencias. No obstante adelantó que “vendrán testimonios fuertes, sobre la violencia de género en la dictadura”, entre los que destacó el relato de las hermanas Pratto, una de las cuales fue secuestrada y sometida como esclava sexual durante más de un mes en el predio militar.

Tal como lo explicó Borsatti los hechos que se investigan transcurren “después el 24 de marzo de 1976, con la represión claramente timoneada por la Fuerza Aérea”, tanto en la Base Aérea de Reconquista, como en la jefatura de la URIX del dto. General Obligado”.


Segunda parte

“En este juicio se abarca sólo una parte” de la represión en el norte provincial, explicó el presidente de la Asociación Norte Amplio por los Derechos Humanos, Héctor Raúl Borsatti. Esto es debido a que se aguarda la elevación a juicio oral del segundo capítulo de la causa referida a los hechos cometidos por la Guardia Rural Los Pumas en Santa Felicia, en el departamento Vera; y en Tostado, en el departamento 9 de Julio.

A diferencia de otros juicios de lesa humanidad, en éste no se imputa el delito de desaparición de persona sino que “en general fueron todos casos de torturas y detenciones ilegales”, donde “la política del rehén funcionó y está claramente demostrado cuál fue el mecanismo para capturar a la gente”, dijo.