¿Quién defiende a los usuarios y a la obra?
Un country en marcha arriba del túnel
Los terrenos son entrerrianos, están afectados al túnel, los vendió la municipalidad y los cercó un emprendedor privado. Redes eléctrica y de gas, asfalto y loteo arriba de una zona de “restricción absoluta”. Foto: Mauricio Garín.
Sergio Lifschitz inscribió unilateralmente como propios los arenales dragados por los constructores del viaducto para protegerlo. La jurisdicción es del ente interprovincial; la ocupación es ajena.
Benito Geist
El artículo 2.572 del Código Civil Argentino admite que un particular puede incorporar como propio un terreno contiguo a su propiedad cuando el río “por aluvión” lo anexa a su ribera. “Siendo en las costas de mar o de ríos navegables, pertenecen al Estado”, aclara la norma.
Sergio Lifschitz, invocando ese artículo y como supuesto propietario de un terreno lindero aún en litigio judicial, inscribió como propio el predio arriba de la cabecera entrerriana del túnel. Se los anexó gratuitamente por la escritura declarativa del 2 de noviembre de 1999 confeccionada por el escribano Víctor Badano. Son 28.058,62 metros cuadrados.
Lifschitz ignoró que el río Paraná es navegable y por tanto un aluvión en el lugar sería -por imperio del Código Civil- de propiedad estatal. Pero también omitió graciosamente que el lugar fue “refulado” por la draga María Ana para asegurar los tubos del túnel subfluvial, inaugurado en 1969.
Allí donde funcionaba un balneario municipal, Lifschitz construye hoy un complejo privado y un shopping; el acceso al río quedó cegado al uso público a pesar de otras reservas legales.
Los terrenos son de la provincia de Entre Ríos, pero además están afectados desde la firma del tratado entre Carlos Sylvestre Begnis y Raúl Uranga al viaducto subfluvial.
Ese tratado firmado el 15 de junio de 1960 establece claramente la jurisdicción interprovincial de los inmuebles a cada orilla y bajo el lecho del río. El acuerdo establece además la continuidad de esa jurisdicción interprovincial en aquellos territorios de uno u otro lado que se mantengan funcionales a la vida útil del túnel.
La resolución 08/2003 firmada por los ministros Oscar Berón y Fermín Garay (Hacienda y Gobierno de Entre Ríos) y por Miguel Asensio y Edgardo Berli (Finanzas y Obras Públicas de Santa Fe) ratificó la “zona de seguridad administrativa” y las de “seguridad física” (100 metros laterales a todo lo largo del túnel) y de restricción absoluta (50 metros a partir del eje).
En agosto de 2009 el director por Santa Fe del túnel, Erwin Zwiener, inició acciones internas en el ente interprovincial cuando constató el movimiento de tierras ordenado por Lifschitz. Para entonces el apropiador unilateral de los territorios de seguridad del túnel, ya tenía cercado el lugar. Que así sigue.
¿Impacto?
No hay estudios sobre el impacto ambiental de Amarras del Sol, el barrio privado que construye Lifstchiz. Tampoco un estudio sobre cómo se impactaría el Paraná -en una de sus crecidas extraordinarias- sobre el túnel, allí donde la capa geotextil protectora no alcanza y la arena que pusieron los constructores fue removida, para configurar la caleta que el emprendimiento vende como atracadero de embarcaciones privadas en el “country”.
/// el dato
Dominio
Antonio Ciancio integra el consejo interministerial que administra el Túnel. En 2003 denunció a quien había sacado canto rodado de la protección del lado Santa Fe. Respecto de Lifchitz en la cabecera de Paraná, dijo que el criterio santafesino es “agotar la instancia” de diálogo antes de “tomar una decisión enojosa”. El poder político entrerriano ha omitido interponerse en la voluntad de Lifschitz; pero la jurisdicción es interprovincial. Hay que manejar las situación con firmeza, pero con tacto; Entre Ríos es una provincia hermana”.
/// la clave
Pedido entrerriano para que Urribarri tome medidas
“En noviembre 2012 presenté proyecto pidiendo al gobernador que encomendara al escribano mayor de gobierno acta de constatación del estado de uso de la zona de seguridad física de máxima restricción del viaducto”.
María Emma Bargagna es diputada provincial entrerriana del Frente Amplio Progresista. Su iniciativa está en comisiones en la legislatura de la vecina orilla. Recordó que el empresario Sergio Lifschitz “abarcó terrenos que exceden el título de propiedad que ostenta, que es nulo y que tiene una acción judicial pendiente”.
Señaló que “es público y notorio que sobre la traza del túnel ser construyó una calle y se instalaron redes de gas y electricidad que ponen en riesgo al túnel”.
La legisladora también presentó un proyecto que busca preservar el complejo del túnel que usan escolares de ambas provincias que viajan para conocer el lugar. “Esas instalaciones fueron refaccionadas y equipadas recientemente y cumplen una función social importante”.
Bargagna recordó que Urribarri cedió por 30 años al club Patronato una área de 35 mil metros cuadrados, para la construcción de canchas de tenis y un estadio de sóftbol. “Lo hizo sobre un inmueble sujeto a administración del ente sin contar con la resolución administrativa del ente interprovincial para desafectar la zona que está bajo jurisdicción del túnel, y sin mensurar bien la ubicación para dejar a salvo el complejo y su función social”.
Los proyectos de la legisladora entrerriana están en estudio, en comisiones.
/// De Sylvestre Begnis-Uranga al loteo privado: cómo hacer plata relegando el interés público y la seguridad de la infraestructura estratégica
1957. Puertos y Vías Navegables de la Nación traza la línea de ribera. Los terrenos son de Entre Ríos según sentencia previa del juicio que la provincia le ganó a Annichini Hnos. SRL y Casa Franchini SRL.
1960. Entre Ríos sanciona la ley por la que se crea el ente interprovincial del túnel. Cede la jurisdicción de los terrenos al ente interprovincial, que llama a licitación para construir el túnel. El tratado establece la zona de restricción ratificada en 2003.
1965. El intendente de Paraná, Maximino Aldasoro, inscribe el inmueble ya cedido al túnel, para respaldarse ante el Banco Central, por la insolvencia del Banco Municipal.
1991. Sergio Lifschitz preside el club Náutico de Paraná. Recibe del gobernador Jorge Busti (escritura 463) el comodato para el uso de la dársena donde se construyeron los tubos del túnel, que es parte de un inmueble mayor de propiedad provincial.
1995. La Municipalidad de Paraná remata parte de ese mismo inmueble, al norte del túnel, basándose en la escritura de Aldasoro. Omite que son de dominio provincial y afectados al túnel. Los compra Lifschitz aún cuando sabía (como presidente del Náutico) que eran de la provincia.
1999. Lifschitz se hace confeccionar una escritura privada; unilateralmente se apropia de “Los arenales” que están arriba del túnel, entre el Náutico y lo que “compró” a la municipalidad. Argumenta que el río le “regaló” por aluvión el terreno, que en realidad es producto del dragado con el cual los constructores del túnel aseguraron la obra.
2001/2. Dos dictámenes de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de Entre Ríos establecen que el inmueble es del dominio público provincial.
2003. El gobernador Sergio Montiel inicia acciones judiciales para reivindicar la propiedad del inmueble y una medida cautelar para que Lifschitz no siga adelante con su emprendimiento.
2005. El gobernador Jorge Busti (disuelta la Fiscalía de Investigaciones Administrativas) por decreto 7.560 desiste de las acciones judiciales iniciadas por Montiel. Argumenta que no quiere causar perjuicios a los paranaenses; consolida la posesión de hecho de Lifschitz.
2006. Sólo dos particulares entrerrianas pidieron a la justicia de su provincia que se declare la inconstituciolidad del decreto 7560/05 de Busti. El juicio está en Cámara; en primera instancia el juzgado no admitió la legitimación de las actoras.
Hasta hoy. Ninguno de los ministros de ambas provincias que estuvieron o están en el consejo superior interministerial -autoridad máxima del túnel- fueron a pedirle a la justicia que saque a Lifschitz del lugar.
