Tras el discurso presidencial y un proyecto en la Legislatura santafesina

Para Henn, democratizar la justicia es independizarla del poder político

El vicegobernador afirmó que la discusión sobre la designación y remoción de jueces es el debate central. Reparos ante la iniciativa ingresada en Diputados por el Movimiento Evita.

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Jorge Henn insistió en destacar el rol de los consejos de la magistratura en la independencia del Poder Judicial.

Foto: El Litoral

 

De la redacción de El Litoral

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El vicegobernador de la provincia, Jorge Henn, se refirió al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados que propone que la ciudadanía elija los integrantes del Consejo de la Magistratura. “Celebro la discusión sobre las estructuras de poder, pero la designación y remoción de los jueces es un debate central para alcanzar un Poder Judicial independiente de toda influencia, pública, privada o fáctica. En realidad, lo que hay que democratizar es la administración de la justicia que no debe confundirse con elegir jueces amigos: la administración de la justicia se democratiza en la medida que permite el mayor acceso de los justiciables, en la medida de la extensión y eficiencia de sus servicios y en la medida que controla los abusos de poder”, afirmó.

Los diputados kirchneristas Eduardo Toniolli y Gerardo Rico (Movimiento Evita) presentaron esta semana un proyecto de ley de creación de un Consejo de la Magistratura provincial elegido por el pueblo, e integrado por jueces, defensores y fiscales, abogados, empleados judiciales, académicos y ciudadanos en general. Fue el vicegobernador quien salió al cruce de la iniciativa por entender que “la propuesta de elección popular de los miembros parece por lo menos redundante: la voluntad popular a través de sus representantes está presente tanto en la nominación como en la designación de los jueces”, sentenció.

Planos diferentes

La iniciativa provincial está en sintonía con el anuncio presidencial del viernes 1º de marzo ante el Congreso y que todavía no fue plasmado en proyecto. No obstante para Henn puede haber algún cuestionamiento constitucional dado que el artículo 114 de la Carta Magna nacional señala que, por un lado, están “los órganos políticos con representación popular” y por otro, los jueces, los académicos y científicos, cuya designación se entiende por sus pares. “Esta y no otra es la voluntad del constituyente de 1994”, recordó.

Para Henn “los consejos de magistratura en todo el mundo han pretendido disminuir las designaciones políticas pura de los jueces, cuyas características muchas veces fueron la manipulación político partidista y discrecional de los gobiernos de turno, sin evaluar elementos técnicos, éticos y democráticos de los postulantes. Durante más de 20 años sucedió así en la provincia de Santa Fe”, recordó. La reforma constitucional del 94 determinó que “el Consejo de la Magistratura debe procurar el equilibro entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces, de los abogados, así como del ámbito científico y académico. Es decir, que en nuestro sistema la voluntad popular siempre está presente tanto con la representación del Ejecutivo y el legislativo en el Consejo, como con las propuestas del Poder Ejecutivo y la solicitud de acuerdo del Poder Legislativo, ya que el Consejo de la Magistratura no designa jueces sino que los nomina o propone”.

Por último, y sobre la situación específica de la justicia provincial recordó que la selección de los jueces de primera instancia, de los vocales de Cámara y de la Corte Suprema es atribución del Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa. “La transformación debe ir en dirección de relegar los condimentos políticos en la designación de los jueces, manteniendo el Poder Ejecutivo y Legislativo las facultades constitucionales que le corresponden. La politización de los consejos corre el riesgo de conformar ‘consejos de amigos’ como los denominó el propio Eugenio Zaffaroni allá por el año 1994 cuando integró la Convención Constituyente nacional”.

Santa Fe

La Constitución de Santa Fe no prevé Consejo de la Magistratura y es el artículo 86 el que determina cómo se designan los magistrados. Dice dicho artículo “Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los vocales de las cámaras de apelación y los jueces de primera instancia son designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

La ley determina la forma de designación de los jueces creados por ella”.

Desde 1989, los gobernadores vienen dictando decretos para tener un Consejo de la Magistratura que los asesore para designar los candidatos a enviar a la Legislatura.

De la Nación a la provincia

Los diputados provinciales Eduardo Toniolli y Gerardo Rico (Movimiento Evita) presentaron un proyecto de ley de creación de un Consejo de la Magistratura elegido por el pueblo, e integrado por jueces, defensores y fiscales, abogados, empleados judiciales, académicos y ciudadanos en general.

Toniolli explicó que dicho organismo se encargaría de coordinar el proceso de selección de jueces, fiscales y defensores, aunque “no sería un órgano disciplinario, ni podría disponer destituciones, debido a limitaciones impuestas por la Constitución Provincial”. Objetó que hoy “la participación de algunos actores del ámbito judicial en el proceso de selección, se limita a aportar jurados para los concursos, y la de la ciudadanía directamente no está contemplada”.

El proyecto prevé que la selección tanto de los consejeros de los estamentos, como de los consejeros que no pertenezcan a ninguno de ellos, se realizará por intermedio del voto popular en elecciones generales.

El legislador rosarino señaló que el procedimiento propuesto en el proyecto para la selección de jueces, defensores y fiscales “tiene en cuenta los principios de publicidad, transparencia, derecho a la información, idoneidad, imparcialidad, y fundamentalmente de participación ciudadana con vistas a comprometer al conjunto de la sociedad en la democratización no sólo del acceso, sino también del funcionamiento y monitoreo de los ámbitos judiciales”.

Para Rico, la decisión de la presidenta en su discurso ante el Congreso “nos convenció de que era el momento propicio para instalar esta discusión en nuestra provincia, en el marco del gran debate nacional abierto”.