EDITORIAL

Justicia legítima no es militante

El Poder Judicial contiene una fuerte carga de corporativismo, que lleva a sus integrantes a manejarse en función de sus intereses grupales y a defender privilegios que los colocan en una posición ventajosa dentro de la sociedad. Además, sus decisiones suelen estar atravesadas por la influencia de poderes económicos, políticos y mediáticos, que las alejan de las necesidades de la población y de su verdadera razón de ser institucional. Por otra parte, la ciudadanía encuentra bloqueado su acceso al servicio y por ende a la verdadera protección de sus derechos, en el marco de un sistema donde el ingreso y la permanencia se rigen por pautas poco transparentes y democráticas.

Cada una de estas afirmaciones puede ser suscripta en términos generales, confrontada con datos en sentido contrario, o matizada en el contexto de una valoración integral y profunda. Pero del mismo modo que no pueden ser ignoradas -en tanto tienen como base aspectos inocultables de la realidad-, tampoco pueden ser blandidas como verdades absolutas. Y así como resulta sano y altamente recomendable que merezcan atención desde los distintos estamentos del Estado y la comunidad organizada, incluyendo los propios involucrados de manera directa, no parece recomendable que constituyan la plataforma de un movimiento encabezado por autoridades estrechamente vinculadas con el gobierno de turno.

En otras palabras, los preceptos que sustentan y guían al movimiento por una “Justicia Legítima”, expuestos originalmente en una solicitada suscripta por un importante número de magistrados y funcionarios judiciales, y ratificados luego en un multitudinario encuentro en la Biblioteca Nacional, forman parte de las atribuciones e incumbencias que una genuina cultura republicana asigna al Poder Judicial.

Pero no puede obviarse el dato de que el pronunciamiento se produjo como respuesta a los planteos de los sectores organizados de la Magistratura, en contra de las notorias y crecientes presiones del gobierno nacional en las causas vinculadas con la ley de Medios. Y tampoco el hecho de que el grupo que reclama independencia esté encabezado, entre otros conspicuos funcionarios, por la procuradora general de la Nación, que abrazó fervorosa y algo tardíamente el rol de ariete gubernamental en esta cruzada.

La novedad, finalmente, se reduce a lo mismo de siempre. Si por un lado es innegable la propensión de un determinado sector a conservar -y conceder- privilegios, tampoco es sorprendente que el poder político intente la cooptación o el desarrollo de un brazo propio en un ámbito en el que debe mantener prescindencia. Naturalmente, tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen sus roles constitucionales asignados para preservar y fortalecer el derecho de los ciudadanos a la Justicia y controlar el accionar de los jueces. Pero eso no se condice con la militancia asociada a una fuerza partidaria, y por lo tanto parcial. Es intolerable que se utilice como excusa para facilitar la ingerencia que la Carta Magna buscó por todos los medios impedir.