Revocó un fallo que daba por extinguida la acción penal
La Corte ordenó seguir indagando sobre la voladura de Río Tercero
La decisión implica mantener abierto el expediente en el que está imputado Carlos Menem. Los querellantes sostienen que la fábrica militar fue volada para ocultar el faltante de armas. La explosión mató a siete personas y dejó 300 heridos.
De la redacción de El Litoral
DyN
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que siga abierta la causa para investigar si la explosión de la fábrica militar de Río Tercero, ocurrida en 1995, fue una voladura intencional para ocultar el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.
En rigor, la Corte se limitó a revocar una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que virtualmente daba por extinguida la acción penal por el paso del tiempo, y dispuso que sean otros jueces de ese tribunal los que dicten un nuevo fallo siguiendo lineamientos de la Procuración General y evitando la prescripción.
Sin embargo, la decisión de la Corte implica mantener vivo el expediente en donde el ex presidente Carlos Menem, de 82 años, está imputado. Senador hasta 2017 si mantiene los fueros, Menem fue condenado el pasado 8 de marzo como supuesto responsable del contrabando de armas a Croacia y Ecuador que se realizó durante su gobierno, entre 1991 y 1995.
Así lo resolvió Casación, que ordenó al tribunal que llevó adelante aquel juicio a determinar cuántos años correspondían de condena para él y otros implicados. Precisamente, los querellantes de la causa siempre pensaron que para justificar la ausencia de la artillería que salió a Croacia y Ecuador se hizo volar la fábrica militar de Río Tercero en la mañana del 3 de noviembre de 1995, explosión que destrozó la ciudad, mató a siete personas y provocó 300 heridos.
“Menem sigue con falta de mérito en esta investigación, es decir que no hay elementos para procesarlo pero tampoco para sobreseerlo. Pero si la causa se moría con la prescripción, también se moría la posibilidad de seguir investigando la responsabilidad de Menem”, dijo a DyN el abogado Ricardo Monner Sans, impulsor de la investigación penal por el contrabando de armas y uno de los abogados de Ana Gritti, la viuda de uno de los muertos en Río Tercero.
La causa
Hasta que murió en 2011, Gritti fue la única querellante en esa causa, porque desde el principio motorizó en la Justicia la hipótesis de un atentado. El primer juez del caso consideró que se había tratado de un “estrago culposo” por entender que el hecho fue consecuencia de fallas en la seguridad del planta. Pero más tarde, en instancias de juicio oral, el Tribunal Federal 2 de Córdoba advirtió que, en base a pericias, había elementos fuertes para profundizar la teoría de un atentado.
Fue así como se abrió una larga etapa procesal en torno a la responsabilidad de los sospechosos, que derivó en que dos de los militares acusados en el caso pidieran el cierre de la causa por el “paso excesivo de tiempo” en el trámite judicial.
La presentación fue realizada por Jorge Antonio Cornejo Torino (ex director de Fabricaciones Militares que también fue recientemente condenado por el contrabando de armas) y por Marcelo Diego Gatto (ex jefe de División de Producción Mecánica). Junto a ellos, y a la espera de juicio oral, también están acusados el ex responsable de la Coordinación Empresaria de la Dirección General de Fabricaciones Militares, Edberto González de la Vega, y el ex director de producción de Fabricaciones Militares Carlos Jorge Franke.
En 2010, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación hizo lugar al planteo de Cornejo Torino y Gatto por el paso del tiempo y le ordenó a la Cámara Federal de Córdoba dictar “un nuevo pronunciamiento acerca de la posible extinción de la acción penal por prescripción”. Pero tanto la Fiscalía como la querella apelaron ante esta decisión, y ahora los jueces de la Corte Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni mandaron a Casación a dictar un nuevo fallo. La Corte hizo suyos los argumentos que en octubre de 2011 había esgrimido el entonces procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien se opuso al cierre por prescripción y juzgó que la causa debía seguir activa.
