EDITORIAL

Círculos cerrados

El 37 aniversario del último golpe militar fue recordado con marchas de repudio en todo el país, unidas bajo la consigna del “nunca más” a la dictadura y a la desaparición forzada de personas, el reclamo de justicia con la condena de todos los responsables y una apuesta al esclarecimiento definitivo y la memoria como recursos para impedir que todo aquéllo se repita.

Sin embargo, este sentir que alberga la inmensa mayoría de los argentinos, y que esforzadamente logró ganar terreno a las dicotomías generadas por el odio y el ocultamiento cultivados durante las décadas oscuras, no quedó reflejado en la emblemática Plaza de Mayo.

A contrapelo de lo registrado en las principales ciudades del país -como en el caso de las masivas concentraciones de nuestra ciudad y Rosario-, donde las diversas identidades políticas y sociales se unieron por encima de sus propias banderías, el escenario central del país volvió a mostrar las huellas de la agresión y la intolerancia. Curiosa y contradictoriamente, esta vez gestadas en el gobierno democrático.

En el afán apropiador que trasladó a las distintas instancias de la vida pública nacional -lo que resulta evidente y particularmente dañino en los actos patrios-, el kirchnerismo utilizó la ocasión no sólo para adjudicarse el recordatorio en su condición de excluyente defensor de los derechos humanos y dispensador de castigo a sus violadores, sino también para montar sobre ella su interesada campaña orientada a “democratizar” el Poder Judicial.

En este orden, tampoco resulta novedosa la apelación a la temática para legitimar maniobras empujadas por el mero interés coyuntural, y generalmente reñidas con la institucionalidad. La utilización política de los derechos humanos ha sido uno de los principales pilares del “relato” montado por el gobierno para otorgarse una base de sustentación ideológico-emotiva, cooptando a los organismos, blandiendo supuestas vinculaciones con la dictadura para escrachar a periodistas críticos o justificar el manoteo sobre Papel Prensa y la campaña contra el grupo Clarín, amparando malversación de fondos sociales, blindando a funcionarios y legisladores de dudosa performance e incluso -fugazmente- pretendiendo desacreditar al Papa “opositor”.

En cuanto a la Justicia, resulta difícil discutir la necesidad de transparentar su funcionamiento y acercarlo más a las necesidades de la comunidad. Pero cuando hablan de “jueces de la dictadura”, lo que hacen los personeros del oficialismo es embestir contra quienes ponen obstáculos a su arrasador avance, e ignorar que la mayor parte de los actuales magistrados fueron nombrados durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.

El ingrediente final de este nocivo cóctel es la violencia, desatada sobre quienes se desmarcan del pensamiento unánime, o cuestionan la privatización partidaria del espacio común. Un elemento que, en el contexto de los actos del 24 de marzo, resulta nítidamente evocador, y cierra simbólica y efectivamente un círculo pernicioso.