Cautelares y el riesgo de obedecer sin leer

 

• El proyecto de ley contra las cautelares fue objetado por prestigiosos académicos y por toda la oposición. Hasta que una voz K no alertó sobre su inconstitucionalidad, el oficialismo no advirtió que viola el Pacto de San José de Costa Rica.
 

El veloz dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación -firmado antes de que la sociedad pudiera leer, estudiar y luego expresarse sobre los proyectos de ley para la reforma judicial-, refleja los riesgos de obedecer acríticamente a las jefaturas políticas.

El 8 de abril, la presidente anunció el envío de seis mensajes para “democratizar” la Justicia. (Las comillas no son inocentes: el discurso oficial usa ese término de un modo extraño a su significado).

En apenas dos días hubo dictamen K para todos los proyectos, en ambas Cámaras, pero el de cautelares requiere de correcciones de fondo, que seguramente se llevarán a cabo en el recinto. Toda una desprolijidad.

Es que además de las críticas de altos académicos, de los colegios profesionales, de los gremios judiciales, del conjunto de la oposición y de numerosas personalidades destacadas del Derecho en el país, incluyendo a quienes actuaron en el Juicio a las Juntas de la dictadura, como el ex fiscal Julio César Strassera, hubo unas inesperadas advertencias que rompieron la verticalidad.

Quienes recomendaron dar vuelta la letra del proyecto fueron organizaciones que luchan por los derechos humanos, como el CELS, y su presidente, Horacio Vertbisky, columnista de un diario notoriamente oficialista, Página/12.

Firmar sin leer suele tener consecuencias impredecibles. Los mismos integrantes de la comisión que rubricaron el dictamen a la velocidad del rayo ahora se ven compelidos por la realidad: deben cambiarlo.

El plan “democratizador” viola la Constitución y la Declaración Americana de los Derechos Humanos. Sí, van por todo y contra el Pacto de San José de Costa Rica.

Fue el Centro de Estudios Legales y Sociales -que habitualmente coincide con las posiciones del gobierno- quien coincidió con la oposición, y advirtió que la norma sobre cautelares (tal como fue redactada) quita derechos a los ciudadanos.

A la agrupación que se hace llamar “Justicia Legítima” le ha ocurrido algo parecido. Los jueces, fiscales y defensores que apoyan al gobierno nacional quedaron desairados y debieron cambiar de posición. De una conferencia de prensa cargada de elogios para el proyecto de ley sobre las cautelares pasaron a la necesidad de “proponer un proyecto superador”. La sumisión partidaria conspira contra la seriedad jurídica.

A las razones de tanta docilidad hay que encontrarlas en la historia del peronismo. Es la misma fidelidad sin medias tintas que reclamaba “la vida por Perón”. Con la disciplina partidaria contó Carlos Menem, quien denostaba los matices (“a los tibios, los vomita Dios”, citaba). El kirchnerismo no se sale de su matriz.

Los acólitos dispuestos a renunciar a su propio juicio, a sopesar evidencias, a consultar con sus propios valores, a leer la realidad, a entregar su capacidad de raciocinio personal en pro de un proyecto político ponen en peligro -literalmente- sus cabezas. Y las de sus semejantes.