Sólo una semana para definir el futuro de un Poder de la República
Media sanción K para cambiar el Consejo de la Magistratura
- Cinco de los seis proyectos para avanzar sobre la Justicia ya dieron el primer paso, en sendas Cámaras. Hoy es el turno del que limita cautelares y generó debate dentro del oficialismo.
Aníbal Fernández y Miguel Pichetto. El Senado hizo doblete para asegurar el trámite exprés. Foto: DyN
De la redacción de El Litoral
Al oficialismo en la Cámara de Senadores de la Nación le sobró un voto para aprobar uno de los proyectos más polémicos, del paquete para la “democratización” del Poder Judicial.
La reforma sobre el Consejo de la Magistratura se produjo luego de más de ocho horas de debate, pero sólo diez días después que el gobierno nacional remitiera a las Cámaras las iniciativas que anunció la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Pese a las quejas de la oposición, de la mayoría de los académicos, de los colegios profesionales del derecho, de los gremios de los trabajadores de la Justicia, de la Iglesia Católica y de una parte del oficialismo, cinco de los proyectos ayer lograron media sanción. El sexto la obtendrá seguramente hoy, en una sesión especial del Senado.
Menem, ausente
El kirchnerismo obtuvo 39 votos, superando por uno la mayoría absoluta que necesitaba.
La iniciativa con media sanción plantea, entre otras cosas, que el organismo encargado de seleccionar y destituir jueces pase de tener 13 a 19 miembros, al agregarse los que votará la ciudadanía. El aspecto más polémico es que para la destitución de un juez bastará con la simple mayoría (la mitad más uno de los miembros) con lo que cada gobierno de turno, entre legisladores y consejeros electos tendrá asegurada esa posibilidad.
La oposición contó con 31 adhesiones. Las crónicas parlamentarias destacan que a la sesión no fueron dos senadores: el ex presidente Carlos Menem (PJ-La Rioja) y Josefina Meabe (Bloque Partido Liberal de Corrientes). Sus ausencias facilitaron las cosas al kirchnerismo.
Para el titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, Marcelo Fuentes, la oposición tiene “temor a la soberanía política, que es el voto del pueblo”. Dijo que “no hay un solo párrafo de la Constitución” que establezca que los representantes del Consejo de la Magistratura no puedan ser elegidos por la ciudadanía. El radical Ernesto Sanz aseguró en el recinto que el paquete de leyes “van a consagrar la impunidad”, ya que “el que gana se lleva la selección y destitución de los jueces”. En el mismo sentido, la peronista disidente Liliana Negre de Alonso disparó: “Esto es un golpe de Estado constitucional”. La legisladora puntana también dijo que “es absolutamente irrazonable” la reforma.
El cordobés Luis Juez (FAP- Córdoba) subrayó que no se mejora la justicia con “una pechera partidaria”. Y señaló que “en este país del revanchismo, les va a ir muy mal”.
Eugenio “Nito” Artaza (UCR-Corrientes) sostuvo que con el proyecto se concentra “el poder en una sola mano”. Graficó que se va a votar “en una misma boleta al controlador y al controlado”.
“Debate improvisado”
Las idas y vueltas del oficialismo para con el proyecto de ley aprobado ayer permitieron al senador socialista por Santa Fe Rubén Giustiniani reclamar a viva voz que se suspenda el trámite exprés y el proyecto regresara a comisiones. Además, otros senadores se quejaron de “lo improvisado del debate”.
Fue cuando Fuentes, como miembro informante por la mayoría, propuso -en medio del debate en el recinto- aplicar la reelección por un período de los jueces en el Consejo.
Giustiniani propuso de inmediato que el proyecto vuelva a comisión y tomó por sorpresa al jefe de bloque, Miguel Pichetto, quien aceptó y logró que la sesión no se cayera pero con sólo 36 votos (contra 25 en contra).
Ofuscado por un papelón más, Pichetto cambió de idea y dijo que el cambio propuesto por su compañero de bloque quedaba descartado. En su discurso de cierre aclaró: “Fuentes se equivocó y leyó todo el artículo. Queríamos la reelección de los jueces en el consejo. No tendrán reelección”, sentenció.
El proyecto inicial recibió modificaciones de última hora producto de la mala redacción, en cuanto a la técnica legislativa, del mensaje que giró el Ejecutivo.
Los nuevos integrantes del Consejo se elegirán este año entre las listas presentadas por frentes o partidos. Pero por una corrección, en Comisión, los candidatos no podrán estar en distintas boletas, por lo que los frentes opositores no podrán jugar en equipo.
Cautelares en debate
Senado se disponía a debatir, al cierre de esta edición, la polémica limitación a cautelares y amparos.
La iniciativa impulsada por el gobierno fue cuestionada incluso por algunos sectores oficialistas. En su tratamiento en comisiones, el proyecto generó un debate intenso entre sectores kirchneristas, como el del secretario de Justicia, Julián Álvarez, con el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky.
Hasta la agrupación Justicia Legítima pidió (tras desdecirse de cargados elogios) un “proyecto superador”, porque el proyecto enviado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner viola el Pacto de San José de Costa Rica.
Con esos antecedentes se supone que habrá cambios sobre ese proyecto para al menos salvar las críticas puertas adentro del kirchnerismo.
Criticada por la oposición y por especialistas en derecho como una medida que pone al Estado en una situación de privilegio sobre los ciudadanos, al limitar la capacidad de presentar recursos de amparo en su contra, el oficialismo argumentó que apunta a proteger al Estado ante la “indefensión” a la que se ve sometido por maniobras de grandes estudios de abogados y grupos económicos concentrados.
De Diputados salió “el envoltorio del paquete”
El oficialismo aprobó ayer con comodidad, en la Cámara de Diputados, las iniciativas de la presidencia para modificar el funcionamiento de la Justicia.
Los tres proyectos, definidos por la oposición como el “colorido envoltorio de un paquete de leyes que lo que pretende es avanzar sobre la Justicia” contó con 133 votos (ingreso al Poder Judicial), 136 (declaraciones juradas) y 140 (publicación de fallos judiciales). Los bloques opositores reunieron, para cada caso, 109, 106 y 101 rechazos.
La votación arrojó algunas particularidades: los cegetistas Facundo Moyano y Omar Plaini se pronunciaron en contra de la primera iniciativa y apoyaron las otras dos.
En tanto, el radical Rodolfo Fernández apoyó la cuestión de las declaraciones juradas, y la delasotista Estela Garnero sumó su voto al proyecto que busca publicitar los fallos judiciales, que también fue avalado por el bloque Unidad Popular, de Claudio Lozano -con la excepción de Víctor De Gennaro, que rechazó los tres textos.
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