Acusaciones cruzadas por una normativa que para la oposición, las asociaciones de periodistas y organizaciones civiles es una “mordaza” y para el Gobierno un medio de frenar los abusos de la prensa.
Integrantes de la Asamblea Nacional de Ecuador al momento de votar la nueva Ley de Comunicación en Quito.
Foto: Agencia EFERedacción de El Litoral
Agencias EFE/DPA
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, mostró su satisfacción por la aprobación de la “Ley de Comunicación” que, dijo, “empodera al ciudadano para que pueda defenderse de los abusos de cierta prensa”.
“Hoy es un día histórico para el país porque hoy sí todos vamos a hacer uso de ese legítimo derecho que es la libertad de expresión, de información y no sólo de los empresarios de la comunicación, aquellos que se han creído los dueños del país”, dijo por su parte Mauro Andino, ponente de la ley, que se aprobó con mayoría absoluta.
El día es también “histórico” para la oposición, pero por motivos negativos, según dijo Mae Montaño, líder del movimiento Creo en la Asamblea, quien señaló que esta ley “servirá para silenciar a los ecuatorianos”.
La Unión Nacional de Periodistas (UNP) de Ecuador consideró que esta ley “protege la corrupción” y avanzó que agotará “todos los recursos posibles para proteger el trabajo periodístico en el país”, dijo su presidente, Vicente Ordóñez.
El presidente Correa es contrario a los sectores de la prensa que, según él, desempeñan “un rol político” y ha defendido esta ley como un instrumento que “busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados”.
.“Linchamiento mediático”
Entre las novedades que incluye la nueva ley está la figura del “linchamiento mediático”, que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.
Ordóñez teme que esta figura sea usada para “escudar la corrupción”, porque puede obstaculizar investigaciones periodísticas, mientras quienes apoyan su instauración lo ven como mecanismo de defensa de informaciones difundidas con mala intención.
Correa señaló que todo el mundo entiende claramente “lo que es el linchamiento mediático y el verdadero periodismo de investigación no tiene nada que ver con el linchamiento mediático en lo personal.
Bienvenido ese verdadero periodismo de investigación” que, en su opinión “brilla por su ausencia en ciertos medios”.
La ley también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y control” y tendrá “capacidad sancionatoria” sobre la actuación de medios de comunicación.
Un “acontecimiento funesto”
Para el legislador opositor Andrés Páez, quien defendió el accionar de la prensa para hacer públicos hechos de corrupción, tanto la figura del linchamiento como la Superintendencia pueden “neutralizar” la acción de los medios.
Para él, la aprobación de la ley es “el acontecimiento más funesto” que ha ocurrido en Ecuador en los últimos años, pues, entre otras cosas cree que contiene disposiciones que son “intimidatorias”, “persecutorias” y “limitantes”.
Páez, que adelantó sin detalles que propondrá acciones para denunciar internacionalmente a la ley, considera que ésta busca “neutralizar a la prensa independiente”, que no estará “en posibilidad real de transmitir determinados hechos ante el temor de ser clausurados, perseguidos, hostigados”.
“Vamos camino a la consolidación de un régimen fascista”, escribió Páez en su cuenta de Twitter.
Otro órgano creado por la nueva ley es el Consejo de Regulación de Medios, que tendrá atribuciones en ámbitos como el acceso a la información, contenidos y franjas horarias, elaboración de reglamentos y de informes para la adjudicación de frecuencias, entre otras competencias.
La Ley también prohíbe la concentración de frecuencias de radio y televisión.
La secretaria de Gestión Pública, Betty Tola, destacó la importancia de la ley pues, en su opinión, se democratiza a los medios de comunicación y se garantiza la pluralidad de voces del país.
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, del oficialista movimiento Alianza Pais, escribió en su cuenta de Twitter que “desde hoy”, los ecuatorianos “van a tener la voz para reclamar sus derechos, que los medios monopólicos les han quitado”.
Por otra parte, la organización no gubernamental Fundamedios apuntó que la norma consagra varios temas que ponen en situación “de grave riesgo a las libertades de expresión y de prensa”.
Indicó que a lo largo de su proceso de aprobación, el proyecto fue “observado por organismos y organizaciones internacionales como la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Human Rights Watch y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre otros, por no cumplir con los estándares internacionales de libertad de expresión”.
