Ricardo Biani

“Los ingenieros deber ser artífices de la legislación”

Como ex funcionario ligado a los recursos naturales y la ecología en la provincia, será el moderador del panel “Leyes que regulan la actividad profesional en relación a la salud humana” durante el próximo Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos.

Juan Manuel Fernández

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—La temática ambiental parece la más obvia entre las cuestiones de salud humana relacionadas con la actividad del ingeniero agrónomo. ¿Avisora otros temas vinculados a la salud que legalmente puedan involucrar o condicionar al agrónomo?

—La vinculación producción salud es el emergente de una visión que hace eje en las consecuencias, pero entiendo a la cuestión como mucho más amplia, desafiante y estimuladora (en particular desde el punto de vista profesional), donde intervienen otros factores que pueden parecer tangenciales o enmascarados ante la presión que ejercen las fuerzas del mercado.

Entre algunos indicadores que conforman la dinámica de los escenarios que modelarán el futuro de nuestra profesión podemos citar: en el último siglo, la producción mundial/habitante se incrementó a una tasa del 4% anual, en tanto la degradación del medio ambiente, el agotamiento de los recursos naturales no renovables y la contaminación lo hizo a un ritmo similar o mayor.

En línea con esto vale recordar la declaración pública pronunciada por John Reid, Secretario de Seguridad británico, quién advirtió que “al combinarse los efectos del cambio climático global y los mermados recursos naturales se incrementa la posibilidad de conflictos violentos por tierras, agua y energía”. El cambio climático, indicó, “hará más escasos los recursos y el agua limpia, y la tierra agrícola en buen estado será más escasa. Esto generará que la emergencia por conflictos violentos sea más probable”. En tanto durante la 67 Sesión de la Asamblea General de la ONU se informó que el cambio climático y la economía de uso intensivo de carbono cuesta a la economía mundial el 1,6 % de su PIB (1,2 billones de dólares al año) y causa cinco millones de muertes cada año, 400.000 debidas al hambre y las enfermedades transmisibles agravadas por el cambio climático y 4,5 millones vinculadas a la contaminación atmosférica.

—¿Cree que la legislación al respecto será en el futuro más restrictiva de la actividad de los profesionales?

—Si coincidimos en que la palabra ingeniero está relacionada con la expresión ingenio, la legislación no sería una restricción, es más, los ingenieros deberían ser artífices de la legislación que se diseñe y aplique.

En este sentido vale una cita de J. Habermas, cuando dice que el desequilibrio entre los imperativos del mercado y el poder regulador de la política es el verdadero desafío, y para mí es aquí donde está el meollo de la cuestión, porque si la lógica funcional responde a la regla -todo lo que es realizable, debe ser efectuado- nos convertimos en una sociedad librada al crecimiento puro, en esas circunstancias la legislación sí, debe ser una barrera para el ejercicio de la profesión.

Por eso creo que antes que restricciones, surgen oportunidades para la profesión. Por ejemplo, desarrollo de estrategias para ordenar el territorio, registrar y hacer más eficiente la huella de carbono, la huella hídrica de nuestros productos, la posibilidad de certificar procesos sustentables, el tema de la energía, pero no como simples exportadores de bienes intermedios (etanol o biodiesel) sino como productores de electrones que entran a la red interconectada. En esto, es clave entender que se requiere una fuerte articulación con el Estado

En razón a que considero que competencia, información y tecnología se han convertido en commodities, tácticas como la certificación de trazabilidad, Buenas Prácticas o de procesos, deben ir acompañadas de una transformación estructural que fortalezca a todos los actores de la cadena, de lo contrario el riesgo es que el plus que resulte de la aplicación de las mismas puede ser aprovechado por aquellos con mayor poder de negociación.

—Sobre las leyes actuales que se ocupan del tema: ¿Alcanzan para garantizar prácticas y productos saludables? ¿Se aplican? ¿Se respetan?

—No tengo el conocimiento para responder responsablemente a esas preguntas, pero si estoy seguro que ese no es el nudo de la cuestión, en realidad creo que más importante es cómo se establece la relación entre los actores, la proporcionalidad de distribución de responsabilidades y beneficios entre los mismos.

—En base a la experiencia como funcionario público, qué reflexión puede hacer acerca de la letra de las leyes y la realidad que deben regular. ¿Una ley es suficiente para modificar, por ejemplo, usos y costumbres? ¿Debería apoyarse en otros mecanismos para conseguir el objetivo?

—El caos y el orden sólo existen en nuestras cabezas y responden a la capacidad que tenemos de comprender la realidad -que no es ordenada ni es caótica- a través de los modelos de análisis con los cuales lo encaramos.

Por eso, para intervenir sobre una realidad y solucionar problemas políticos y sociales es más sencillo hacerlo desde una concepción “unitaria” donde un centro define la realidad y opera controlando las variables, mientras que, una concepción “federal” debe organizarse desde una óptica diferente donde nadie maneja todas las variables, requiere respeto y confianza entre los actores y la solución surge de la participación con responsabilidad de todos.

Por todo eso, entiendo que una ley modifica usos y costumbres, sí y solo sí, va acompañada por la construcción socio política de una institucionalidad entendida como reglas de juego que ponen límites a los intereses individuales y facilitan los comportamientos y acciones deseables, creando lazos de confianza y respeto entre las partes. En este sentido hay algunas experiencias, como el funcionamiento de algunos de los Consejo Económicos de las Cadenas de Valor, a través de los cuales se produjeron instrumentos administrativos y legales que impulsaron modificaciones que democratizaron las relaciones entre los integrantes de las Cadenas.

—Como funcionario ¿Se ha visto ante el dilema de tener que aplicar una ley conflictiva? ¿Cómo lo resolvió? ¿Podría sugerir a los agrónomos cómo comportarse frente a dilemas de este tipo?

—Entiendo que varias. Sobre todo aquellas vinculadas con la restricción de los derechos individuales sobre los bienes comunes; y en esos casos con el agravante dado por los mecanismos de control no eficientes (esto es todo un tema que da para otra nota), de donde resulta que la competitividad es sostenida por la externalización del riesgo y la transferencia de costos al entorno.

No soy dueño de ninguna receta, simplemente la experiencia me indicó que la articulación entre actores fortalece la capacidad de negociación con el resto de los actores privados de la cadena de valor y con el Estado y los resultados si bien no son inmediatos son más estables en el tiempo.

El dato

A dos semanas

El III Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos se desarrollará durante los días jueves 27 y viernes 28 de junio en el Salón Los Maderos del Hotel Los Silos, en el puerto de la capital santafesina.

El primer día habrá dos paneles: “La comunicación en la profesión” y “Desafíos productivos y tecnológicos”. La jornada cerrará con la disertación de Jorge Castro sobre “El rol del ingeniero agrónomo en la construcción del país”.

Al día siguiente se debatirá sobre “Ambiente y Responsabilidad Social”. El congreso finalizará con el panel “Leyes que regulan la actividad profesional en relación a la salud humana”.

“Antes que restricciones, surgen oportunidades para la profesión. Por ejemplo, desarrollo de estrategias para ordenar el territorio, registrar y hacer más eficiente la huella de carbono, la huella hídrica de nuestros productos”

Ricardo Biani

Asesor privado, ex Secretario del Sistema Hídrico, Forestal y Minero