editorial
El país de los cepos
El cepo cambiario no es el único vigente. Hace cinco meses que el gobierno prohíbe a cadenas de supermercados publicitar en los diarios nacionales.
Cinco meses después, el cepo publicitario que impide promocionar precios y ofertas de las grandes cadenas de supermercados en los principales diarios del país continúa vigente.
Nunca fue posible comprender los argumentos formales esgrimidos por la Secretaría de Comercio Interior de la Nación para imponer esta prohibición. Supuestamente, la medida complementaba el acuerdo de congelamiento de precios con la ilusoria idea de que éste sería el camino adecuado para contener la inflación en el país.
Pero aquel acuerdo de precios congelados se diluyó con el correr del tiempo y el proceso inflacionario nunca pudo ser contenido. Sin embargo, la prohibición de que las grandes cadenas publiciten en los principales diarios continúa vigente.
El tiempo dejó al descubierto las verdaderas motivaciones de Guillermo Moreno y del gobierno nacional: asfixiar económicamente a los medios que no les son afines, mientras se sostiene artificialmente y gracias a la publicidad del Estado a publicaciones oficialistas que nunca lograron captar el interés del público masivo.
A través de un reciente comunicado, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) recordó que se cumplieron “cinco meses de asfixia” de parte de la Secretaría de Comercio Interior hacia los diarios que publicaban avisos con los precios, ofertas, promociones y medios de pago.
Estos anuncios de supermercados y cadenas de electrodomésticos representaban un 15 por ciento de los ingresos publicitarios de los diarios afectados.
Y no es éste el único medio de disciplinamiento impuesto por el gobierno central: a la prohibición de publicar estos avisos, se suma el hecho de que se les ha reducido prácticamente a cero la publicidad oficial.
El problema no es menor. En la práctica, genera una situación de competencia desigual con medios afines al gobierno, sostenidos de manera artificial con recursos que surgen del bolsillo de cada uno de los contribuyentes de la Argentina.
Esta distribución inequitativa de la pauta estatal contradice normas de tratados internacionales incorporados a la Constitución y pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establecen que los recursos públicos no pueden ser usados como herramienta de presión contra la prensa.
Pero no sólo los diarios se perjudican. El cepo publicitario también afecta a los consumidores en general, quienes han perdido la posibilidad de informarse sobre cómo y dónde obtener los mejores precios para adquirir los productos que necesitan. Las páginas de los diarios representaban una herramienta ideal para comparar ofertas y acceder a promociones.
En una tercera instancia, los propios supermercados y cadenas de electrodomésticos se han visto perjudicados, porque perdieron la posibilidad de atraer clientes a través de estos avisos publicitarios.
La situación planteada por la Secretaría de Comercio Interior no sólo sorprende en la Argentina. Desde el resto del mundo, organizaciones como la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciaron que estos procedimientos constituyen mecanismos de presión y de censura indirecta.
Sin embargo, nada indica que el gobierno vaya a cambiar su postura. Al menos, mientras considere que este mecanismo pueda dificultar la situación de medios periodísticos que le resultan incómodos, porque no están dispuestos a alinearse con el discurso oficial.
