editorial
Sin quórum
- Trece pliegos quedaron aprobados por el paso del tiempo. Durante dos semanas los legisladores no asistieron a la convocatoria.
En la medianoche del último jueves quedaron aprobados en forma ficta -por el paso del tiempo- trece pliegos de jueces y funcionarios del Poder Judicial santafesino al fracasar -por falta de quórum- durante dos semanas consecutivas, la Asamblea Legislativa convocada para aprobar o desechar las postulaciones.
La falta de quórum obedeció mayormente a la crisis que atraviesa la Cámara de Diputados tras el fallecimiento de la legisladora justicialista Silvia De Césaris y la absurda puja desatada en el seno del kirchnerismo sobre si la banca se debe cubrir por corrimiento numeral o por el cupo femenino. Esta disputa interna arrastró también a los otros bloques políticos -incluido el oficialismo- por lo cual la Cámara difirió la resolución hasta después de las primarias del 11 de agosto.
Habrá que admitir que en el Poder Legislativo se cumplieron casi todos los pasos previos al tratamiento de los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo. La Comisión Bicameral de Acuerdos procedió a su apertura antes del receso invernal, se publicó el listado de postulantes y se abrió el plazo para recibir fundadas objeciones por parte de la ciudadanía; se realizó la entrevista a cada uno de los postulantes y hubo dictámenes sobre todos ellos. Faltó el acto formal para completar un proceso que se inició con los concursos en los que participaron los candidatos a ocupar las vacantes judiciales y que demandó largos meses durante el cual actuaron jurados externos de los Colegios de Abogados de la provincia y de las Universidades Nacionales de Rosario y del Litoral.
El tema no debe ser minimizado. Hay muchas demandas sobre el Poder Judicial y existen fuertes reclamos de los actores del propio sistema judicial para la cobertura de juzgados, fiscalías y defensorías vacantes como así también para buscar una mayor calidad entre los seleccionados para esos puestos.
Paradójicamente, la dirigencia política -en plena campaña electoral- toma como banderas demandas ciudadanas como la seguridad, uno de cuyos eslabones fundamentales es el buen funcionamiento del Poder Judicial, encargado de juzgar las presuntas violaciones al Código Penal. Estos mismos dirigentes son respaldados y acompañados en la campaña electoral por legisladores provinciales -especialmente diputados- que optaron por dejar de lado la función para la cual fueron elegidos para ocuparse de lleno en la busca de votos para sus partidos.
La costumbre legislativa reserva para las etapas preelectorales la práctica de dejar de lado temas que generan fuertes controversias entre sectores políticos, y que requieren de consensos para ser convertidos en leyes. Pero estos acuerdos no deben obstruir el funcionamiento mínimo de las cámaras en cuestiones gravitantes. Y entre esas obligaciones está la de constituir la Asamblea Legislativa para aprobar o desechar candidatos a integrar el Poder Judicial, institución cuyo mejoramiento es un clamor mayoritario. Por lo tanto, no hacerlo es incumplir el mandato constitucional para el cual la ciudadanía santafesina les delegó la representación durante cuatro años. Y, además, vulnerar la lógica de una preocupación general respecto de la Justicia, que tiene particular repercusión en los ámbitos legislativos.
No constituir la Asamblea Legislativa es incumplir el mandato constitucional para el cual la ciudadanía les delegó la representación durante cuatro años.
