La Corte escucha antes de resolver

Terceros interesados en el conflicto expusieron a favor de la postura del gobierno o del grupo Clarín. Frente a Tribunales, el oficialismo motorizó una concentración. Foto: DyN

El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, pidió hoy que la Corte Suprema de Justicia se expida “lo antes posible” sobre la Ley de Medios porque hay “una gravedad institucional”.

“Lo importante es que este tema se resuelva, que haya una sentencia definitiva de la Corte; la expectativa es que esta audiencia pública sea el paso previo a una sentencia”, planteó el funcionario antes de ingresar al Palacio de Tribunales, en una improvisada conferencia de prensa.

En la audiencia pública iniciada hoy, el profesor y abogado de la Universidad de Lanús, Víctor Abramovich, defendió la ley y cuestionó a los que se oponen a su aplicación, por considerar que “desde la trinchera defienden la libertad de expresión con una idea conservadora y liberal”. También, remarcó que el Estado puede ser “una fuente de la libertad y necesario para contrarrestar” a “fuerzas”, como “grupos económicos hegemónicos”, y subrayó que el poder estatal “tiene el deber de intervenir y regular” con el objetivo de actuar antes quienes “silencian a ciertos sectores de la sociedad”.

En este marco, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) alertó a la Corte Suprema que si la Ley de Medios entra en vigencia plena, el gobierno podría “imponer a los particulares” la obligación de “un permiso previo para expresarse” a través de las redes sociales.

“La Ley de Medios nació obsoleta porque no tiene en cuenta a Internet”, proclamó Carlos Laplacette, en la audiencia en que la Corte escuchaba a los terceros interesados (“amicus curiae”) en el litigio sobre la constitucionalidad de algunos artículos de la norma que enfrenta al gobierno y el grupo Clarín.

Por su parte, el Comité del Consumidor advirtió que la ley “vulnera el derecho a elegir” de los ciudadanos porque “intenta restringir el acceso a una oferta plural” y, a la vez, conculca los derechos “a la libertad de expresión y a la información”.

Así opinó el abogado Andrés Gil Domínguez, en tanto el semiólogo Eliseo Verón también opinó que la norma nació obsoleta.

A su vez, el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Horacio Verbitsky calificó de “escandalosa dilación jurídica la paralización durante cuatro años” de la ley y, a pesar de celebrar la búsqueda de “transparencia” que generó la audiencia convocada por la Corte Suprema para analizar la norma, atribuyó “confusa redacción” al llamado a las partes.