Dos allanamientos en Rafaela
Detienen a una proxeneta
La mujer que regenteaba el lugar cumplía con una orden de prisión domiciliaria, puesto que estaba procesada por “facilitamiento de la prostitución”. Foto: Prensa Ministerio de Seguridad
De la Redacción de El Litoral
Dos domicilios particulares que funcionaban como casas de citas fueron clausurados en la madrugada del viernes en la ciudad de Rafaela, luego de que se detectara la presencia de al menos cinco mujeres en el ejercicio de la prostitución.
El operativo montado por la Secretaría de Prevención e Investigación de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad informó que en ese contexto fue detenida una mujer que gozaba del beneficio de la prisión domiciliaria y fue nuevamente acusada por facilitamiento de la prostitución.
El primero de los allanamientos se realizó en un “privado” ubicado en la esquina de Ramón y Cajal con Lavalle, donde fueron asistidas tres mujeres una de ellas transexual. Además, al momento del procedimiento una de las mujeres estaba manteniendo relaciones sexuales.
La dueña y regente del lugar es Silvia Ibarra Sánchez, de 43 años, quien ya había estado presa el 14 de junio, pero recibió el beneficio de la prisión domiciliaria durante la feria judicial de invierno, ya que su caso encuadra dentro de la excepción que contempla a “una madre de hijos menores de 5 años o con discapacidad”. La mujer fue procesada el 29 de julio por el presunto delito de “facilitamiento de la prostitución y explotación económica del ejercicio de la prostitución” en ambos casos “agravado por mediar una situación de vulnerabilidad de la víctima”. Y actualmente atraviesa un nuevo proceso ante la Justicia de Rafaela.
El otro domicilio allanado está ubicado en Ramón y Cajal al 100, donde fueron asistidas dos mujeres mayores de edad.
Las cinco mujeres tienen entre 23 y 28 años, cuatro de ellas son oriundas de Rafaela y la restante de la ciudad de Santa Fe. Todas fueron asistidas por el equipo interdisciplinario de la Dirección y restituidas a sus hogares.
Las actuaciones fueron realizadas por personal de la Dirección de Trata, con colaboración de las Tropas de Operaciones Especiales, ambas dependientes de la Secretaría de Delitos Complejos. En los allanamientos estuvieron el juez de Instrucción, Carlos Stegmayer quien ordenó la clausura de ambos “privados”- y el fiscal Martín Castellano.
