Para desarticular la Uocra-Araya
Detienen a jefes de la patota sindical y desalojan el obrador
Al menos 15 personas fueron sorprendidas hoy mientras ocupaban el obrador de la central térmica de Sauce Viejo. Emanuel Araya y su hermano Mauricio también quedaron tras las rejas.
Juliano Salierno
Un mes después de la toma del obrador donde se estaba construyendo la segunda etapa de la central termoeléctrica Brigadier López, la Justicia, junto con la Policía provincial, logró desalojar el predio y encarcelar al grupo de choque que responde a las órdenes del ex líder sindical Emanuel Araya.
Éste último se encuentra detenido e incomunicado desde esta madrugada, cuando fue retirado de una casaquinta de Sauce Viejo, al igual que su hermano Mauricio, a quien las fuerzas de seguridad localizaron en una vivienda del norte de la ciudad. Durante sendos arrestos la policía encontró armas de fuego y hasta chalecos antibalas.
El operativo ordenado por el juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, y diseñado por el jefe de Policía de la Unidad Regional Uno, Rafael Grau, responde a un pedido del Fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas, que acusó a los hermanos Araya y a su séquito como presuntos responsables de los delitos de “coacciones agravadas” y “asociación ilícita”, entre otros delitos que se investigan en el fuero penal.
Hoy indagatorias
En total, la policía arrestó para su identificación a 15 personas, que esta madrugada se encontraban de guardia en la obra de la central térmica, ubicada en el Parque Industrial de Sauce Viejo.
Por el total de los detenidos -al cierre de esta edición eran 17- se presentaron como patrocinantes los abogados Héctor Busser y Luis Hilbert. Éste último reconoció que recién se estaban imponiendo de las actuaciones, e informó que los hermanos Araya iban a ser indagados hoy a las 17 por el juez Falkenberg.
Para evitar inconvenientes, ante la inminente convocatoria a una marcha o movilización en favor de los Araya, la Policía y las autoridades judiciales tomaron “precauciones especiales”, confirmaron fuentes tribunalicias. No sólo se reforzó la seguridad en los accesos del palacio, sino también en las inmediaciones; y personal de inteligencia vigila los lugares de reunión en los que se podría estar organizando la avanzada.
Guerra sindical
El inicio del conflicto se remonta a un enfrentamiento entre la Uocra oficial —Martínez-Lemos— y la Uocra-Araya —disidente—, que alcanzó puntos de algidez en mayo y que desde entonces tuvo en vilo a la ciudad durante varios meses. En agosto, la disputa por el poder se trasladó al Parque Industrial de Sauce Viejo, bajo el disfraz de un reclamo laboral por el despido de 60 trabajadores.
Primero tomaron la central de Enarsa, en pleno funcionamiento. La usurpación duró 6 días y terminó el 29 de agosto, de manera voluntaria.
Pero el campo de disputa se trasladó al obrador, donde el 30 de agosto hubo una batalla campal en la que varios centenares de hombres armados con palos y cadenas que responden a Araya atacaron a un grupo de 80 albañiles de la Uocra.
Éstos últimos, obreros contratados por la UTE Isolux-Iecsa para la construcción de la segunda etapa de la Central Térmica Brigadier López, de Enarsa, fueron brutalmente golpeados al punto de que varios corrieron serio riesgo de vida.
En Tribunales
Cada uno de estos conflictos fueron denunciados por los afectados, por lo que se generaron varias causas penales en los Tribunales locales.
En principio, por tratarse del delito de “usurpación” la causa se tramitó en el Juzgado Correccional Nº 6, de Sandra Valenti, que una vez recibidas las actuaciones aludió a un “conflicto sindical” en el que el derecho penal no debía entrometerse y declara su incompetencia en la materia.
No obstante, ante la constatación de que hubo personas gravemente lesionadas remite el expediente al Juzgado de Instrucción Segunda.
El fiscal López Rosas manifestó entonces su “disconformidad absoluta” respecto de la resolución de la Dra. Valenti en cuanto a que se trataba de un mero “conflicto laboral”, por lo que solicitó la prosecución de la causa, no sólo por las lesiones sino también por la ocupación ilegal.
Acusación fiscal
El juez Falkenberg hizo lugar a ese pedido y se tomaron declaraciones testimoniales que luego el fiscal tradujo en una acusación bajo la figura de las “coacciones calificadas por haber sido realizadas con la finalidad de compeler a alguien a abandonar su lugar de trabajo”; sin descartar la aplicación de la figura de la “asociación ilícita”. Entonces no sólo se solicitó el abandono del predio sino la detención de quienes fueron mencionados en la causa.
Asimismo se ofició a la Secretaría de Trabajo de la provincia sobre la existencia del presunto conflicto gremial, que fue respondido de manera terminante diciendo que “no existía tal conflicto gremial sino que había reclamos individuales de personas y sin el apoyo del gremio”, informaron fuentes de la investigación. Tal es así que Trabajo decidió suspender el procedimiento conciliatorio hasta tanto se dilucide la cuestión penal que fue reencauzada con el desalojo de la planta y el encarcelamiento de los usurpadores.
Sorpresivo y simultáneo
- A cargo del operativo iniciado esta madrugada estuvo el jefe de la Unidad Regional Uno, Rafael Grau, quien coordinó para que de manera sorpresiva y simultánea se allanaran varias direcciones, mientras los grupos de choque desalojaban al grupo que custodiaba la obra de la central térmica.
Efectivos de la URI arribaron a una casa quinta de calle Italia al 1300, en Sauce Viejo, donde fue trasladado Emanuel Araya, quien tiene cargos por “asociación ilícita, amenazas calificadas, usurpación y coacción agravada”, informaron fuentes de la investigación. En dicho lugar, se secuestraron dos armas de fuego -una pistola calibre 380 y un rifle calibre 22- además de dos chalecos balísticos.
En la zona norte de la ciudad, fue hallado su hermano Mauricio Araya, a quien le encontraron en su poder una escopeta.
Finalmente, desde el obrador de la central termoeléctrica 15 personas mayores de edad fueron trasladadas para su identificación, por la presunta ocupación ilegítima del predio. Participaron de los allanamientos efectivos del Grupo de Operaciones Especiales, Infantería y Caballería, entre otros.
El dato
El antecedente
- inmediato de un operativo semejante se remonta al 29 de agosto, cuando la Policía capitalina junto con el fiscal Nº 4, Juan Pablo López Rosas, y el juez Correccional Nº 5, Eduardo Pocoví, lograron desalojar las sedes gremiales de la Uocra -Ituzaingó 2043 y Junín 2731-, que estaban en manos de la facción disidente. Hubo 28 arrestados, imputados por los delitos de “resistencia a la autoridad y desobediencia a la orden judicial”.
Decisión clara
- El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto -en una conferencia de prensa ofrecida esta mañana- rescató que “una vez más la Justicia, los fiscales, el procurador, la Unidad Regional I, la Jefatura y el Ministerio de Seguridad trabajaron sobre este hecho con tiempo, con responsabilidad y profesionalismo y hoy tenemos un resultado importante. Es clave, también, que la sociedad santafesina lo visualizara. Este operativo es claramente una decisión de la autoridad y hay que tener en cuenta que en un Estado de Derecho no puede haber sectores -por más que tengan vinculaciones laborales o sociales- que tengan en vilo a la sociedad, que generen disturbios o hechos de violencia. En un Estado de Derecho deben primar las instituciones como lo son el ministerio, la fuerza policial y la Justicia”. Por otra parte Lamberto informó que “por pedido del gobernador (Antonio Bonfatti) se ha solicitado que se incorpore un reconocimiento al legajo de todo el personal que ha participado de este operativo”.
"El resultado del desalojo es valioso porque se restableció el estado de derecho vulnerado permanentemente, donde no se respetó la autoridad policial ni del Poder Judicial. Es una gran satisfacción y por otro lado destacamos que no hubo nada malo que lamentar porque no hubo tiros ni peleas. Destaco que hubo hermetismo y no se divulgó ni se filtró información”
Juan Pablo López Rosas
Fiscal Nº 4
