De la tribuna a la remisería

Complica a Rubén Moncagatta su relación con la barra brava

  • El nombre de quien hoy es presidente interino de Colón aparece directamente vinculado al de un jefe de la barra, al que intentó ayudar con salidas laborales de la cárcel de Coronda. También el secretario de Finanzas del club intercedió en el pedido.
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El diario deportivo Olé dejó al descubierto al dirigente sabalero, quien actualmente reemplaza a Germán Lerche.

Foto: Archivo El Litoral

 

De la Redacción de El Litoral

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Un pedido de salidas laborales para un barra brava del Club Colón que estaba preso en la cárcel de Coronda es el nuevo karma con el que carga el dirigente deportivo Rubén Moncagatta, actualmente al frente de la comisión directiva de la institución, tras la vacante dejada por el licenciado Germán Lerche.

Así lo refleja en su edición de hoy el diario deportivo Olé, bajo el título “Hay Moncagatta encerrado...”, en el que el periodista especializado en violencia y fútbol, Gustavo Grabia da cuenta de la supuesta connivencia entre dirigentes y barras.

La punta de lanza es una investigación fiscal promovida por el procurador General de la Corte, Jorge Barraguirre, quien impartió directivas al Fiscal Nº 7, Jorge Andrés, para que se dedique de llene al asunto.

Aunque todavía no hay resultados producto de esa investigación, comenzaron a salir a la luz algunos vínculos, que se encuentran asentados en registros oficiales del Servicio Penitenciario y la Justicia Penal.

El dato certero apunta a que Moncagatta fue uno de los dirigentes del club que agilizó un pedido de salidas laborales para el jefe barra Juan Abel Leiva. “Quique”, de 33 años, estaba preso en la Unidad Penitenciaria Nº 1 de Coronda, tras haber sido condenado el 2 de noviembre de 2010 como partícipe principal de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego. Purgaba una condena de 8 años de prisión, con vencimiento de la pena el 8 de marzo de 2016.

La propuesta

Pero el 20 de junio de 2012 llegó al Juzgado de Ejecución Penal de Coronda una propuesta de salidas laborales. Leiva había sido contratado por la Cooperativa de Provisión de Bienes y Servicios para Transportistas Terminal Limitada, una agencia de remises ubicada en calle Belgrano al 2800 de la capital provincial.

La cooperativa le dio el alta temprana, como “empleado en blanco”, “inscripto bajo relación de dependencia” y lo reubica en un taller de la calle Pedro Díaz Colodrero al 2000, indicaron las fuentes.

Entre quienes acercaron la propuesta de trabajo figuran tres miembros de la cooperativa; dos de ellos son el secretario de Recursos Financieros de Colón, Mario Leiva -quien no tendría parentesco con el preso-, y el mismísimo Rubén Moncagatta, por entonces vicepresidente primero de la institución sangre y luto.

“Es necesario darle oportunidades a quien ha tenido dificultades con la ley para seguir adelante”, dijeron los peticionantes, que además manifestaron tener una “fuerte amistad con Rubén Moncagatta”.

Incidentes y postergación

Con todos los requisitos “ajustados a derecho” el 10 de julio se realiza la inspección en el taller de la calle Pedro Díaz Colodrero, donde Leiva iba a realizar tareas de “mecánica básica y de limpieza”. A propósito, ese día la terapista ocupacional del Servicio Penitenciario dejó constancia de la presencia del vice Moncagatta durante la inspección.

Todo iba bien hasta que el 31 de julio, previo a que se lo notificara del permiso concedido, Quique Leiva participó de un incidente en el pabellón y fue sancionado perdiendo el privilegio de las salidas laborales aludidas.

Entonces su estadía en Coronda se prolongó durante casi un año más, ya que recién en mayo de 2013 le fueron concedidas las salidas transitorias y el 3 de julio le fue concedida la libertad condicional, al cumplirse los dos tercios de la pena.

Actualmente, Juan Abel Leiva, junto con su hermano Miguel Orlando “Nano” Leiva y el “Caqui” Jorge Muñoz, se encuentran prófugos y con pedido de captura, por su presunta vinculación con el crimen de Walter González Montaner, ocurrido la mañana del domingo 13 de octubre en el bar Fiji, de la Recoleta santafesina. Desde entonces llevan transcurridos 24 días, y ni la Policía ni la Justicia tienen noticias o han podido dar con los sospechosos.