Diputados convalidó las reformas propiciadas por el Senado

Amplían a departamentos y ciudades la discusión por la seguridad pública

Se votó un proyecto por el cual todas las carreras de enfermería de la provincia dependerán del Ministerio de Educación.

 

Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados hizo suyos los alcances de una reforma iniciada por el Senado a la ley que dispuso la creación del Consejo Provincial por la Seguridad y habilitó su formación a los 19 departamentos y a las diferentes localidades de la provincia. Los llamados Consejos por la Seguridad son una instancia de consulta, propuesta y contralor de carácter permanente constituido por personas físicas y por representantes de ONGs, sindicatos, instituciones educativas, fuerzas de seguridad, agencias privadas de seguridad y ministerios a los cuales la reforma añadió al Ministerio Público de la Acusación y a los gobiernos locales. “El objetivo de estos cuerpos son profundizar el estudio de la situación de inseguridad entendida de forma interdisciplinaria y proponer acciones tendientes a disminuirla”, según reza el artículo 2 de la norma ahora modificada.

En septiembre de 2010, se sancionó la ley 13.121 que conformó el Consejo Provincial por la Seguridad y cuyos alcances ahora fueron ampliados a toda la provincia merced a la iniciativa de los senadores radicales Hugo Marcucci, Felipe Michlig y Lisandro Enrico, postura que aceptó Diputados el último jueves.

Marcucci señaló que el objetivo de la reforma es ampliar los alcances a órbitas departamentales y locales, así como actualizar la composición y sus ámbitos de actuación. “El Consejo es una instancia de consulta y contralor permanente tendiente a profundizar el estudio de la situación de inseguridad. Consideramos pertinente una participación más abarcativa, en donde esté presente el Poder Judicial, los presidentes de las comisiones con incumbencia en materia de Seguridad, representantes de gobiernos y de los Concejos Deliberantes en las departamentales y locales, y el Ministerio Público de la Acusación”, señaló.

La ley votada obliga al Ministerio de Seguridad a convocar al menos una vez año a los 19 consejos departamentales para evaluar las políticas puestas en práctica en las distintas jurisdicciones así como delinear acciones y objetivos para el año siguiente.

Carreras de enfermería

Por otra parte, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley por el cual deja en manos del Ministerio de Educación de la provincia la acreditación de instituciones y carreras de formación profesional o auxiliar de las incumbencias de enfermería.

La iniciativa es de la diputada Rosario Cristiani (Santa Fe para Todos) y establece que los establecimientos que hoy formen enfermeros y que dependen del Ministerio de Salud tendrán 90 días para pasar a la órbita de Educación cumpliendo una serie de parámetros. Finalmente, se determina la formación de una comisión de seguimiento de la transferencia de carreras integrada por representantes de los ministerios de Educación, de Salud, gremios docentes y gremios estatales.

También la Cámara Baja votó y giró al Senado la adhesión a la ley nacional 26.799 que prohíbe la utilización de equipos de emisión de rayos ultravioletas destinadas para bronceado, ya sea camas solares o similares, a personas menores de edad, en los establecimientos que presten al público servicio de bronceado, con excepción de los casos de necesidad terapéutica justificada por profesionales médicos.

La norma nacional fue sancionada el año pasado y las justicialistas Erika Gonnet y Adriana Panella fueron las autoras del proyecto de adhesión.

Otro tema que tuvo media sanción de Diputados la semana última refiere a la obligación, tanto para API como para empresas de servicios públicos, de la emisión en sistema Braille de boletas de pago cuando los contribuyentes o usuarios lo soliciten en razón de sufrir discapacidad visual, iniciativa de Federico Reutemann (Producción y Trabajo).

Unidades policiales de salud

El diputado Demetrio Álvarez (PRO) presentó un proyecto de ley que dispone la creación de las unidades policiales de salud para la prevención y asistencia a las víctimas de inseguridad en todos los centros de salud y hospitales de la provincia. Las funciones propuestas son brindar a las víctimas asistencia policial y asesoramiento jurídico; desarrollar programas de acción tendientes a prevenir, atender y contener a las personas víctimas de la violencia en los efectores de salud públicos; coordinar junto a las organizaciones gremiales y los organismos gubernamentales y no gubernamentales, el diseño y ejecución de planes, programas y acciones que aseguren el correcto cumplimiento de la normativa legal en la problemática y la prevención de situaciones vinculadas a la violencia en dependencias de salud, así como la creación del registro epidemiológico de hechos de violencia y agresiones para determinar las causas, tomar decisiones, investigar el fenómeno y prevenir futuras situaciones conflictivas.

Álvarez señaló que el objetivo es “resolver un vacío institucional. Vemos que todos los días hay violencia en los efectores públicos, con riesgo para las personas que concurren, los empleados y profesionales que cumplen tareas y daños en el equipamiento de los centros de salud. Si no actuamos de inmediato, no sólo perdemos vidas por la inseguridad, sino que también se ponen en riesgo las vidas que están siendo atendidas en los hospitales y terminan peor, porque la inseguridad destruye todo lo que se construye en salud”.