La voz disidente del proceso
Reforma Penal: Ganón dijo que las expectativas deben ser “moderadas”
- El defensor general advirtió que el sistema que comenzará a regir plenamente el 10 de febrero “no resolverá los problemas de inseguridad e impunidad”. El ministro Juan Lewis, en cambio, opinó que será un cambio trascendente que acercará la Justicia a la gente.
Juan Lewis defendió el nuevo sistema. Gabriel Ganón planteó su escepticismo.
Foto: Archivo El Litoral
De la redacción de El Litoral
El ministro de Justicia, Juan Lewis, calificó la puesta en marcha del nuevo Código Procesal Penal el próximo 10 de febrero como un “hecho trascendente”, y como un “cambio institucional” que le dará “otra fisonomía” a la Justicia Penal. En el mismo sentido se pronunció también el gobernador Antonio Bonfatti. Sin embargo, el defensor general, Gabriel Ganón, volvió a ser la voz disidente y se mostró escéptico sobre los resultados del proceso.
Ganón participó ayer del acto en el que, públicamente, el gobierno presentó el decreto que establece la fecha para la plena aplicación del Código, y en diálogo con la prensa reiteró sus críticas y dejó sentadas sus dudas.
“Es una instrumentación un poco apresurada, un tanto improvisada, pero bueno, uno tiene la esperanza de que las cosas funcionen lo mejor posible y que no se frustren las expectativas que está poniendo la ciudadanía en esto”, dijo el funcionario en declaraciones a la prensa.
“Creo que hay que ser claros -continuó-; las expectativas que uno puede tener de una transformación sobre los cambios judiciales tienen que ser modestas, porque las formas no cambian los contenidos, y esto no va a resolver de ninguna manera los problemas de inseguridad ni de impunidad que existen en la provincia de Santa Fe”. Ganón sostuvo que “por poner en funcionamiento un nuevo sistema no se le cambia la vida a la gente ni se le van a dar las respuestas que se están prometiendo. Por eso mis expectativas son más bien moderadas”, afirmó.
Improvisado
A la hora de fundamentar por qué la aplicación del nuevo código -a su criterio- fue improvisada, Ganón enumeró sus razones. “Estamos a poco tiempo de que comience el funcionamiento del nuevo sistema, y nosotros hace un año que esperamos el nombramiento de los funcionarios de nuestra estructura. No hay sistema informático ni está en funcionamiento la Policía Judicial o el organismo de investigación; por eso digo que el cambio no va a ser de la profundidad ni de la relevancia que se le pretende otorgar”, planteó. Y sobre esa base, insistió en sostener que “hay que tener expectativas modestas; creo que los problemas sociales profundos que tienen que ver con el crecimiento constante de la criminalidad no se soluciona con los cambios judiciales, sino con otro tipo de políticas más integrales”.
Consultado por El Litoral sobre si la fecha del 10 de febrero fue forzada, recordó que “llegaron a esa decisión el fiscal de la provincia, el gobernador y la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros, que no fuimos invitamos a esa discusión, aceptamos. Si ellos consideran que están todos los elementos para la puesta en funcionamiento, trataremos de brindar de la mejor manera posible el servicio de defensa a las personas que estén acusadas de delito. Pero lo que es una realidad es que se está diciendo que con esto se pasa de la noche a la mañana y esto no es lo que va a terminar ocurriendo”. .
Trascendente
Lewis, por su parte, dijo que con la aplicación del Código “iniciamos un nuevo capítulo en el proceso de implementación” del nuevo sistema penal. “A partir del 10 de febrero, la administración de Justicia Penal va a ser enteramente diferente a lo que hemos tenido durante 150 años. Se trata de un cambio institucional que le va a dar una nueva fisonomía a la Justicia y esperamos que este cambio sea para mejor. Creemos que es una herramienta que, bien utilizada, traerá importantes novedades para hacer a la administración de justicia más eficiente y más cercana a la gente”, expresó.
El ministro se mostró confiado en que llegarán sin inconvenientes para cumplir el plazo previsto. “El decreto que firmó el gobernador argumenta y entiende que están reunidas las condiciones necesarias para que se pueda arrancar con el sistema. Nosotros entendemos que esas condiciones ya están alcanzadas. La fecha de febrero tiene el sentido de posibilitar las últimas afinaciones, los últimos ajustes, para que empiece a regir el nuevo código, y también para que las nuevas instituciones puedan capacitar en las nuevas rutinas de trabajo a los nuevos funcionarios”, concluyó.
